Piden a Gobierno aclarar “narcovínculos”

Una publicación de la revista Veja, la de mayor difusión en Brasil, denunció en su última publicación presuntos nexos con narcotraficantes de ese país con el ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, y de la directora regional de ADEMAF, Jessica Jordan.

Ayer, el jefe de Bancada de Convergencia Nacional (CN), Luis Felipe Dorado, manifestó su preocupación y demandó a las principales autoridades del Ejecutivo explicar al pueblo boliviano esta denuncia.

A su turno el diputado oficialista, Galo Bonifaz, dijo a la agencia ANF dudar de la publicación y señaló que hay una campaña a nivel nacional e internacional enfocada a ligar al gobierno de Evo Morales con el narcotráfico.

Quintana, el principal implicado, se hallaba ayer entregando recursos para construcción en el municipio de Riberalta, según publicaciones de ABI.

Bajo el título "La República de la cocaína", Veja publica un reportaje, supuestamente basando en un informe de la  "unidad de inteligencia de la policía boliviana",

Veja asegura  que  agentes que vigilaban la casa del narcotraficante brasileño Maximiliano Dorado, en Santa Cruz, fueron testigos del encuentro de éste con Quintana y Jordan. Según esta versión luego de "una cena extravagante" ambos funcionarios públicos bolivianos, que llegaron con las manos vacías, salieron "dos maletines", cuyo contenido es una interrogante.

Según la publicación, la banda de narcotraficantes que dirigía Maximiliano poseía haciendas en Guajará-Mirim (fronteriza con Bolivia) y en otras ocho ciudades del Estado Rondonia, de donde recogían la droga que era lanzada desde aviones bolivianos.

"Mensualmente, la banda de Max reciba unos 500 kilos de cocaína que luego eran transportados a San Paulo y Río de Janeiro.

El narcotraficante huyó de la cadena Urso Branco, en Rondonia en el 2001, y para entonces se sospechaba que estaba escondido en Bolivia. De hecho, tenía un inmueble en Santa Cruz de la Sierra", señala.

La publicación señala que el senador Roger Pinto, en marzo del 2011 entregó la copia del informe acerca de la reunión entre Quintana y Max, entre otros papeles con denuncias, al presidente Evo Morales. Pinto recibió asilo político en la embajada de Brasil en La Paz  y aún no había recibido el salvoconducto del gobierno boliviano para poder embarcarse en un avión con destino a Brasil.

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