Para Brasil, las declaraciones de la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, reproducidas por la prensa contra su embajador en Bolivia, Marcel Biato, sobre una supuesta presión ejercida en el caso del senador Roger Pinto, no son un pronunciamiento oficial del Gobierno boliviano, dijo el portavoz de la Cancillería brasileña, Tovar Nunes, al diario Valor de ese país.

Nunes indicó que “la relación directa que se tiene con el Gobierno boliviano no se da a través de la prensa”.

De esa manera respondió , al ser consultado sobre las declaraciones de Dávila, quien calificó en días pasados de “portavoz político” de Pinto a Biato.

Dávilo acusó al diplomático de “presionar” al gobierno boliviano a conceder un salvoconducto para el senador Pinto.

“Tomamos nota, como una declaración reproducida por la prensa, no como un pronunciamiento oficial del gobierno boliviano", expresó.

Además, en declaraciones a la misma revista, Tovar dijo que "Brasil no ve ninguna razón para interpretar las declaraciones del embajador como una presión, en cualquier nivel".

La ministra de Comunicación, ayer en declaraciones a la prensa, insistió que el problema de Pinto, comenzó con la intervención del embajador de ese país en Bolivia, situación que los dos países tienen en claro.

“Las relaciones con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, son de mucha cordialidad y óptimas, porque este pequeño incidente no obstaculiza ni entorpece las relaciones entre los dos países”, aseveró Dávila, anunciando incluso, como prueba de ello, una próxima reunión del presidente Evo Morales con su homóloga de Brasil, aunque no especificó la fecha.

Con relación al pedido de salvoconducto para que Pinto pueda dejar el país, reiteró —según la agencia Abi— que el Gobierno tiene la "obligación" de dar cumplimiento a la normativa nacional e internacional, mediante la cual "no es posible" que un país otorgue asilo político a un ciudadano que está sometido a procesos judiciales.

"El senador Pinto, por efecto primero del retiro de la inmunidad parlamentaria, está sometido a procesos ordinarios; por lo tanto, el Gobierno nacional simplemente cumplirá con la normativa que señala que cuando una persona está sometida a procesos judiciales no puede salir del país bajo ninguna modalidad, ni siquiera bajo el sistema de asilo político, sobre todo cuando existe el arraigo y medidas precautorias contra esa persona", explicó.

La agencia de noticias Brasil, Tovar Nune recordó que el Estado brasileño dio el asilo político al senador opositor Roger Pinto, basado en el derecho internacional en América Latina y por mandato de la Constitución Política de ese país.

La concesión de asilo , según el Ministerio de Relaciones Exteriores, se basa en el derecho internacional en América Latina y el Artículo 4 de la cláusula X de la Constitución.

Negativa de salvoconducto

Los diputados de Convergencia Nacional (CN) Norma Piérola y del Movimiento Sin Miedo (MSM) Fabián Yaksic calificaron de abruptas las declaraciones de la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, sobre la negativa de salvoconducto a favor del senador Roger Pinto, más aún cuando esta determinación gubernamental no refleja lo establecido en el Artículo 28 de la Constitución Política del Estado (CPE), que defiende los derechos políticos del legislador opositor, refugiado hace 54 días en la Embajada de Brasil en La Paz.

Yaksic dijo que en ningún artículo de la Constitución está establecida la negativa de un salvoconducto a un legislador o autoridad política que tenga procesos penales, pero no sentencia ejecutoriada, por lo cual considera que existe desesperación en el Ejecutivo ante el impasse diplomático que se viene con Brasil a causa de su "terquedad" de negarle el traslado a Pinto al Brasil, donde tiene asilo político.

"Está claro que quien tenga algún tipo de sentencia ejecutoriada, recién puede estar establecida la posibilidad que se le restrinja sus derechos ciudadanos, sean éstos políticos, de libertad, de los tantos que se tiene en la Constitución”, señaló Yaksic.

Por su parte, la diputada Piérola dijo que la Ministra cometió una "equivocación garrafal" al negarse a cumplir compromisos internacionales en vigencia, lo cual derivaría en problema bilateral con Brasil, pues Bolivia es parte de la Ley Internacional del Refugiado y los convenios del Acnur.