La presidenta del Senado, Gabriela Montaño, se sumó a las críticas al embajador de Brasil en Bolivia, Marcel Biato, por sus declaraciones en el caso del senador Roger Pinto, y exhortó al diplomático a no hacer quedar a su Embajada como “un refugio de delincuentes comunes”.

“Los delitos por los que se ha procesado a Roger Pinto en la justicia tienen que ver con corrupción, con delitos comunes. Aquí no hay ninguna persecución política”, argumentó la senadora, según radio Fides.

Estas críticas se suman a las realizadas en días pasados contra Biato por la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, quien deploró los dichos del diplomático y lo calificó de “portavoz político” de Pinto, quien se encuentra refugiado en instalaciones de la Embajada en La Paz a la espera de un salvoconducto para poder trasladarse a Brasil, que le concedió asilo.

El Embajador brasileño se reunió con el canciller David Choquehuanca el pasado jueves, entre las 10:00 y 11:30. Según reporte de El Deber, en el encuentro, que duró unos 90 minutos, se trató principalmente el tema de las declaraciones de Biato ante los medios de comunicación, que ocasionaron la reacción del Gobierno.

El lunes 16 de julio, el diplomático, en declaraciones a la prensa, pidió “zanjar” el problema del senador Róger Pinto, que se encuentra refugiado en la Embajada brasileña desde mayo pasado.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores se informó de que la presencia de Biato fue “voluntaria”, pese a que la Ministra de Comunicación dijo que el diplomático sería convocado para explicar sus declaraciones, aunque después precisó que sólo se haría una representación.

De acuerdo a la nota del diario cruceño, en este encuentro el Gobierno boliviano le exigió al representante del vecino país apegarse al protocolo diplomático y dejar que el caso sea manejado en ese código, con comunicación directa entre las dos cancillerías.

Desde que se conoció que Brasil le concedió a Pinto el asilo que solicitó bajo el argumento de que era perseguido políticamente por el Gobierno y pidió que se le extienda al senador un salvoconducto para que pueda dejar la Embajada brasileña, las arremetidas desde el Gobierno no han cesado.

El vicepresidente Álvaro García Linera, la Ministra de Comunicación y varios de los legisladores del Movimiento Al Socialismo, desde las declaraciones de Biato, criticaron más duramente a Brasil y aseguraron que no se le otorgará el salvoconducto a Pinto, porque tiene varios procesos penales por hechos de corrupción.

Desde la Cancillería se informó que se envió documentación a Brasil sobre los procesos que tiene Pinto y se está a la espera de su respuesta. Anticiparon que confían en que Brasil revisará su decisión.

El jefe de la bancada de senadores del MAS, Eugenio Rojas, afirmó que si el Estado boliviano otorga salvoconducto a Pinto, “daría paso para que cualquier autoridad acusada de corrupción busque asilo político en las embajadas”.

Rojas afirmó que Pinto tiene documentación: carné de identidad, pasaporte y credencial como senador, entonces “no hay por qué entregarle salvoconducto, tiene toda la libertad de transitar en todo el territorio boliviano”.

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, en entrevista con radio Panamericana ayer, reiteró que el asilo otorgado a Pinto no corresponde y que el senador armó la supuesta “persecución política” para refugiarse en la Embajada brasileña en La Paz, cuando podía sólo cruzar el puente fronterizo entre Pando y Brasil, para acogerse en ese país.

Argumentó que no es casual que antes de refugiarse en la Embajada de Brasil recorrió todos los medios de comunicación y se instaló en dicha sede diplomática días previos a la 42 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se realizó en Cochabamba.

La Cancillería brasileña declaró que las quejas de Bolivia sobre el caso del senador Pinto y las presuntas presiones ejercidas por su Embajador, no afectan el diálogo entre ambos países, dijo el portavoz de la Cancillería, Tovar Nunes, según la revista brasileña Valor.

Nunes recordó que el Estado brasileño otorgó el asilo político al senador basado en el derecho internacional en América Latina y por mandato de la Constitución Política de ese país.

En Bolivia explicaron que la concesión de asilo es un trámite expedito y que pocas veces el Gobierno brasileño investiga a quienes entrega el asilo solicitado.

No se entregará salvoconducto

Según la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, la otorgación del salvoconducto a Pinto debe enmarcarse en la legislación internacional. “El asilo tiene algunos límites a nivel de legislación internacional, uno de los límites es que la persona esté siendo procesada por delitos comunes (…), no puede otorgársele asilo a quien sea acusado en su país por delitos comunes y es el caso del señor Roger Pinto, entonces no se habla de persecución política (…)”, argumentó.

Sostuvo que Pinto busca evadir a la justicia escudándose tras una falsa persecución política.

Contrariamente, los diputados opositores Fabián Yaksic y Norma Piérola afirmaron, por separado, que en cumplimiento de los tratados internacionales que Bolivia firmó, el Gobierno está obligado a entregar el salvoconducto que reclama Pinto para salir del país y que la negativa significa quitar los derechos políticos a un ciudadano.

Para el excanciller Armando Loaiza, las acusaciones de delitos comunes a los opositores no son recientes. Recordó que en épocas dictatoriales las acusaciones principales eran sedición y terrorismo para “barnizar” la persecución de la que eran objeto los opositores políticos.