“La autoridad boliviana que emitiera un salvoconducto (para Pinto) tendrá que rendir cuentas”, advirtió ayer la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, con relación a la petición del Gobierno de Brasil de esa autorización para que el senador Roger Pinto, refugiado en su Embajada en La Paz hace casi dos meses, pueda dejar el país sin ser detenido.

En alusión al impasse con Brasil, Suxo leyó la Convención Interamericana de Derechos Humanos y dijo que no es lícito a los estados dar asilo en legaciones a aquellos que tengan delitos comunes, que estuvieran procesados o que hubieran sido condenados por tribunales ordinarios.

“No se le puede dar el salvoconducto por una razón legal simple, el señor Pinto tiene arraigo, mandamiento de apremio y tiene cuentas pendientes con el Estado”, argumentó la Ministra, luego de detallar cada uno de los procesos penales que se le siguen al senador y lamentar que Brasil haya tomado la decisión de concederle asilo antes de pedir y revisar esa documentación.

No obstante, dijo que luego de conocerse esta decisión, en una reunión se le entregó al embajador brasileño Marcel Biato toda la documentación sobre los procesos contra Pinto que muestran que son delitos comunes y no se lo procesa por sus ideas.

Ante las críticas a Bolivia por estar incumpliendo los tratados y convenios internacionales al negarse a otorgarle el salvoconducto a Pinto, Suxo manifestó que con ese mismo rigor deberían criticar a Brasil que al darle asilo a una persona con procesos por delitos penales, está incumpliendo esos convenios.

“No es posible si quiera pensar que se les pueda dar asilo a personas que tengan delitos comunes”, dijo la autoridad.

Según Suxo, este caso es una muestra del incumplimiento de los tratados y compromisos internacionales, que estarían impidiendo mejorar la lucha contra la corrupción en Bolivia.

“Nos estamos mintiendo, convirtiendo en una reunión de amigos las convenciones. Se debe respetar el derecho interno, (pero) no recibimos apoyo de otros estados (…). Pinto tiene procesos por delitos comunes, no se persigue a nadie”, añadió.

De esta forma, a tiempo de recordar que Pinto se encuentra en la Embajada de Brasil en Bolivia desde el pasado 28 de mayo, la Ministra de Transparencia aseguró que el senador tiene todas las posibilidades para defenderse en el país, como lo están haciendo los coacusados en los procesos seguidos contra el senador.

Recordó que el Gobierno del Presidente Evo Morales pidió a los representantes de organismos internacionales, a que puedan evaluar y verificar los antecedentes de ese caso, los procesos por delitos comunes y los convenios internacionales que respaldan la posición boliviana.

Leyó la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en ese marco, expresó, que no es lícito a los estados dar asilo en legaciones, a aquellos que tengan delitos comunes, que estuvieran procesados o que hubieran sido condenados por tribunales ordinarios.

Informó que se pidió al Alto Comisionado de los Derechos Humanos investigar imparcialmente todos los procesos que realizó el Gobierno en los últimos años. Reiteró que las convenciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), como de la Organización de Naciones Unidas (ONU) establecen que no se puede dar asilo o refugio a personas que cometen delitos comunes.

Mesa sugiere a Evo dar la autorización

El expresidente Carlos Mesa recomendó ayer al Gobierno de Evo Morales otorgar salvoconducto al senador opositor Roger Pinto y actuar con racionalidad en el manejo de este tema con Brasil, país que otorgó asilo político al legislador.

Mesa dijo en una entrevista a la red Erbol que las relaciones entre Brasil y Bolivia en la actualidad son tensas y frías, desde el 1 de mayo de 2006, luego de que se produjo la intervención al campo hidrocarburífero de San Alberto, en manos de Petrobras.

Sostuvo que con algunas salvaguardas, el Gobierno debió otorgar el salvoconducto para que el senador pandino abandone el país y no dilatar el hecho, porque sólo provocan más problemas en las relaciones, a partir de un asunto que no debería merecer más atención que lo que corresponde.

“El Brasil valoró las razones de (Roger) Pinto y la dio. En ese criterio, Bolivia tiene el derecho de no compartir. El Gobierno podía decir no estamos de acuerdo con el Brasil y creemos que el señor Pinto tiene deudas con la justicia, y queremos hacerle saber que cuando él pise territorio boliviano vamos a enjuiciarlo. Pero, ahí está, le estamos dando el salvoconducto”, enfatizó.

El expresidente Mesa sostuvo que las relaciones del Palacio Quemado con Brasilia “son para preocuparse”. Recordó que quien otorga el asilo es Brasil y a Bolivia no le toca calificar si fue correcta o no la decisión.