Los familiares de los dos brasileños linchados en San Matías analizan procesar al Gobierno de Bolivia debido a que Rafael Max Días y Jefferson Castro Lima, sospechosos de un triple homicidio, fueron detenidos por la Policía y, por tanto, estaban bajo la responsabilidad de las autoridades.

El abogado de los parientes, Fernando Mello, informó que están recabando toda la documentación para tomar una decisión al respecto, según la publicación, en su página digital, del periódico O Globo de Brasil.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, hizo conocer ayer que una comisión conjunta, conformada por el cónsul general de Brasil, Colbert Soares; el fiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, y el viceministro de Régimen del Interior, Jorge Pérez, está en la localidad de San Matías para recabar más información respecto al linchamiento de los dos brasileños, muertos a golpes y luego quemados por una turba la noche del martes.

“Lo primero que hay que hacer es restablecer las condiciones de convivencia pacífica y armónica en la región, porque hay mucha tensión. Hemos informado de forma oficial a la Embajada de Brasil que los dos súbditos de ese país ingresaron a Bolivia de manera ilegal portando armas y que tienen antecedentes policiales”, manifestó Romero.

“Los brasileños fallecieron por golpes en la cabeza y el rostro, y después alguien vino, les roció gasolina y les prendieron fuego a los cuerpos ya muertos, eso es lo que ha establecido el examen médico forense”, reiteró el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Miguel González.

Agentes de la policía fronteriza y forenses de Brasil ingresaron el jueves a San Matías para exhumar los cuerpos y repatriarlos.

Según el diario brasileño O Globo, los cuerpos llegaron a Mato Grosso y el entierro será este fin de semana en la ciudad de Tangara da Serra. Según Mello, el Consulado de Brasil en Bolivia se comprometió a enviar documentos oficiales el lunes.

Según el abogado de las víctimas, Rafael (condenado por asesinato) estaba en libertad condicional, y Jefferson tenía cargos por narcotráfico.

Las autoridades de Brasil han pedido al Gobierno de Bolivia que se investigue y sancione a los responsables. La Policía de San Matías alegó que fue rebasada por una turba de 400 personas que exigió hacer lo que denominan "justicia comunitaria" contra quienes asesinaron a los bolivianos el lunes.

Los agentes de San Matías denuncian que son objeto de amenazas de muerte para no investigar el linchamiento, en tanto que el fiscal de San Matías, David Veizaga, dimitió porque "está muy afectado y nervioso" y por supuestas amenazas a su familia, según dijo su jefe, el fiscal de Distrito de la región de Santa Cruz, Isabelino Gómez, quien pidió a las autoridades militarizar San Matías, donde viven unas 12.000 personas, de las que 30 por ciento son brasileñas.

REFUERZOS

El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, informó ayer que se reforzó con más militares y policías la seguridad en San Matías, pueblo fronterizo con Brasil. Indicó que 27 militares viajaron a esa región, en tanto que la Policía anunció que duplicó el número de los agentes, a 20, para aumentar la seguridad y comenzar las investigaciones sobre los cinco crímenes.

Los militares patrullarán la frontera y su número puede aumentar porque el Gobierno está preocupado.