Los ministerios de Obras Públicas y Medio Ambiente y Aguas, junto con el Tribunal Supremo Electoral, mañana reprogramarán el cronograma del proceso de consulta a las comunidades que habitan en el Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure (Tipnis), el que tendría que concluir el próximo 7 de septiembre, pero hasta la fecha tiene un avance inferior al 50 por ciento.

Según el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, la consulta continúa, pero de acuerdo a la reprogramación que se haga se verá si es necesario tomar alguna otra medida.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, sugirió al Gobierno hacer una pausa en la consulta para ajustarla a lo que dicen la Constitución Política del Estado y los acuerdos internacionales referidos a los derechos de los pueblos indígenas.

“A estas alturas, sería muy importante que el Ejecutivo, evaluando lo que está pasando y viendo las cosas más objetivamente, pueda determinar la necesidad de que se pueda entrar en un proceso de cuarto intermedio o una pausa para que se haga todo un trabajo de recomposición de las relaciones y sujetarse al mandato del Tribunal Constitucional”, afirmó en alusión a la resistencia de los indígenas y los problemas que están confrontando las brigadas.

Villena argumentó que en el Tipnis se está viviendo un enfrentamiento entre el Gobierno y los indígenas que rechazan la consulta y exigen el respeto de su territorio, por lo que han bloqueado los ríos, y por el lado del Gobierno hay amenazas de procesos y detención de dirigentes. “El propio Tribunal Electoral denunció que no hay información previa sobre el proceso, lo que refleja un cuadro complejo”, dijo.

Sánchez admitió que se hace necesaria esa reprogramación debido a que el proceso sufrió una demora por dos razones:

La primera, porque las brigadas no han podido llegar hasta las comunidades, debido a que los ríos no están navegables por el bajo nivel de sus aguas, y se desplazan caminando, lo que implica más tiempo.

La segunda, por la interferencia de “personas externas” a las comunidades que están bloqueando en la comunidad de Gundonovia, por donde se había planificado ingresar al resto de las comunidades que aún no fueron consultadas y que están ubicadas en Bajo Sécure, Bajo Ichoa y Bajo Isiboro.

Sánchez indicó que hasta ayer se tenía registradas a 32 comunidades que fueron consultadas. Todas rechazaron la intangibilidad y sólo una, San Miguelito, se opuso a la construcción de la carretera por el medio del Tipnis.

“Ya estamos llegando al 50 por ciento de la consulta, yo decía que la consulta es un hecho democrático donde solamente pueden participar las comunidades, los dirigentes de esa comunidad y las brigadas que van en representación del Estado para llegar a un acuerdo entre las comunidades y el Estado”, aseveró.

El presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, puso en duda ese reporte de comunidades consultadas y la decisión de las mismas, por lo que anunció el recorrido de una comisión por todas ellas para verificar si fueron consultadas y si coincide con el informe del Gobierno la decisión que tomaron.

Según el calendario aprobado en el Protocolo, el proceso de consulta que inició el 29 de julio debe concluir el 3 de septiembre próximo y 10 días después el Ejecutivo debe presentar los resultados. En el caso de que la consulta no pueda enmarcarse a estas fechas, el Gobierno debe solicitar a la Asamblea Legislativa Plurinacional la ampliación del calendario.

Pedido de garantías

Después de que la pasada semana se conociera que los brigadistas del Tribunal Electoral fueron amedrentados y no les permitieron el ingreso a la comunidad de San Pablo, el Órgano Electoral pidió al Ejecutivo garantías para continuar con el proceso de observación y acompañamiento.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, indicó que “la mejor garantía” es la comunidad y el corregidor, porque desde un primer momento las brigadas ingresaron a las comunidades con la autorización de los indígenas. Además, dijo que algunas comunidades están enviando notas al Gobierno para que se realice la consulta.

Sánchez dijo que unas 10 a 20 personas son las que están interfiriendo en el proceso de consulta, además que tienen “mucho financiamiento” porque se desplazan en lanchas y tienen celulares satelitales, lo que les permitiría tener una comunicación más óptima que los propios brigadistas.

“Lo que han hecho es intervenir directamente en las acciones de la consulta y no permiten la consulta misma. Esta intervención antidemocrática la están realizando por la fuerza, están intimidando a los corregidores, están intimidando a la comunidad”, indicó.

Sánchez dijo que no había una resistencia en el Tipnis, sino una intervención de “personas externas”, pero sólo en tres comunidades, dos de ellas serían Gundonovia y San Pablo.