Ed. Impresa La demanda que va por la vía ordinaria, en vez del tribunal de imprenta, es contra la agencia ANF, Página Siete y El Diario
Juicio por racismo a 3 medios causa rechazo
Por Redacción Central | - Los Tiempos - 25/08/2012
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Javier Baldivieso, hace el anuncio de juicio a los tres medios, ayer. - Apg Agencia
Organizaciones de periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos coincidieron ayer en rechazar la decisión del Gobierno de enjuiciar por racismo a la Agencia de Noticias ANF, además de Página Siete y El Diario, porque busca acallarlos y coartar su libertad de expresión.
En la demanda presentada por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, arguyó que los tres medios tergiversaron un discurso del presidente Evo Morales en el que éste comparó la capacidad productiva del oriente y el occidente del país.
El Mandatario dijo que a diferencia del occidente andino, donde la topografía y el clima frío dificultan la producción de alimentos, "en el oriente sólo por flojos podemos hambrear". Debido a que el Gobierno optó seguir el proceso por la vía ordinaria, las organizaciones de periodistas están en alerta y le recordaron la vigencia de la Ley de Imprenta.
Se anunció una reunión de emergencia del Consejo Consultivo Permanente para la Defensa de la Libertad de Expresión, constituido por los periodistas galardonados con el premio nacional de periodismo, para asumir medidas que el caso amerita.
El Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, denunció a la Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos Página Siete y El Diario ante el Ministerio Público por “difusión e incitación al racismo o a la discriminación", informó ayer en rueda de prensa el viceministro de Coordinación Gubernamental, Javier Baldivieso.
“Consideramos que la distorsión que ha habido a través de la Agencia de Noticias Fides (ANF) y la cual ha generado un par de titulares en dos medios de difusión nacional, Página Siete y El Diario, han provocado de alguna manera una confrontación entre los ciudadanos del oriente y el occidente”, aseguró la autoridad gubernamental.
En su discurso del 15 de agosto, Morales, dijo: "En el oriente boliviano, donde todo el año se produce, yo digo solamente por falta de voluntad podemos ser tan pobres o no poder tener alimento, mientras en el altiplano es diferente: si hay helada, si no hay lluvia, si hay granizada, no hay alimento, es una verdad eso, pero en el oriente no, sólo por flojos podemos hambrear".
Ese mismo día, ANF envió a sus suscriptores una información que fue publicada por el diario Página Siete con el título de "Evo acusa de flojos a los habitantes del oriente", mientras que El Diario tituló "Morales opina que el oriental es flojo".
Según Baldivieso, las declaraciones de Morales fueron distorsionadas por los tres medios.
Hace unos días el ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció la querella contra ANF para "sentar un precedente con una sanción drástica".
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a propietarios de medios escritos, considera que existe una intolerancia del Gobierno y en el país, cualquier demanda que tiene que ver con publicaciones informativas de los medios de comunicación, debe resolverse ante tribunales de imprenta y no en tribunales ordinarios.
Pero ahora, la querella fue presentada ante la justicia ordinaria, ya que asegura que se trata de un "delito común", según la denuncia gubernamental.
"Es una clarísima señal para amedrentar a la prensa para que se autocensure. Es terriblemente peligroso en un régimen democrático, porque sin opinión pública, sin libre flujo de información (...) la democracia no tiene sentido", sostuvo el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó el miércoles su preocupación por el anuncio y destacó que la Declaración de Chapultepec señala que "ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad".
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Yolanda Herrera, y el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín coincidieron en que la querella del Gobierno carece de fundamento y advirtieron que, de darse curso, será precedente funesto para la libertad de información y expresión.
El sacerdote jesuita José Gramunt de Moragas, director de la ANF, lamentó esta semana, en una columna, la reacción del Gobierno y le acusó de pretender "matar al mensajero".
"En este caso, el mensaje confuso lo dio el señor Presidente; ANF no hizo otra cosa que transmitir el mensaje", dijo y agregó que su medio hace periodismo y no campaña para desprestigiar a Morales.
VIGENCIA DE LA LEY DE IMPRENTA
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), a través de un comunicado, expresó ayer su “protesta enérgica” por la decisión del Gobierno de iniciar una querella contra los tres medios de comunicación por el presunto delito de "Difusión e Incitación al Racismo o a la Discriminación", en el marco de la Ley No. 045, del 8 de octubre de 2010, y en base al Código de Procedimiento Penal.
Recuerda que el Artículo 107, parágrafo II, de la Constitución Política del Estado, dice: "La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su Ley".
Asimismo, puntualiza que están en plena vigencia la Ley de Imprenta y los mecanismos de ética y autorregulación, tal como lo reconoció el presidente Evo Morales en una reunión con dirigentes de las organizaciones de prensa y periodistas el 15 de febrero pasado.
“Hoy hemos sido sorprendidos por el recurso legal del Ministro de la Presidencia, mediante su representante legal, que acude al Artículo 281 del Código Penal para emplear la figura de la ‘difusión e incitación al racismo’”, señala el comunicado.
“La ANP mantiene su posición invariable, defendida incluso en las calles y en foros nacionales e internacionales, de respeto a la Ley de Imprenta. Es bajo esa norma que deben resolverse las diferencias de enfoque e interpretación respecto a la difusión en los medios del discurso del señor Presidente”, precisa la ANP.
LA DENUNCIA CONTRA LOS TRES MEDIOS
Textualmente la denuncia contra la ANF, Página Siete y El Diario presentada al Ministerio Público por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, señala: “El miércoles 15 de agosto del año en curso la Agencia de Noticias Fides (ANF) realizó una nota (publicada en la página web www.noticiasfides.com) que es reprochable penalmente por su sentido malicioso, tendencioso y provocador. El jueves 16 de agosto de 2012, los medios de comunicación escrita Página Siete y El Diario publicaron dos artículos de prensa bajo los titulares de ‘EVO ACUSA DE FLOJOS A LOS HABITANTES DEL ORIENTE’ (Sic.) y ‘MORALES OPINA QUE EL ORIENTAL ES FLOJO Y LE CRITICAN POR DISCRIMINADOR’ (Sic.), respectivamente”.
“Estas publicaciones, que no reflejan el verdadero discurso del Presidente del Estado Plurinacional, se constituyen en frases tendenciosas, maliciosas y provocativas para los habitantes del oriente boliviano, porque tergiversaron el discurso del Mandatario”.
“Señor Fiscal, estas publicaciones de los medios de comunicación, referidos anteriormente, generan un enfrentamiento y, consecuentemente, un odio racial y discriminación entre bolivianos; cuando el discurso del Presidente cuestionaba la productividad e improductividad de la tierra aduciendo cuestiones climatológicas, sin tildar a ninguno de los pobladores de región alguna de ‘flojos’”, continúa el memorial.
Agrega que “los hechos descritos precedentemente, se hallan tipificados en el Código Penal, en el Art. 281 septies (sic.) ‘DIFUSIÓN E INCITACIÓN AL RACISMO O LA DISCRIMINACIÓN’, toda vez que los Representantes Legales, editores y responsables de las notas publicadas en los medios de comunicación Agencia de Noticias Fides (ANF), Página Siete y El Diario, incurren en la probable comisión del delito referido, porque de manera pública, tendenciosa y repetida divulgan de forma tergiversada el discurso del Primer Mandatario, basándose en ideas de odio racial”.
Del Granado ve “rasgos fascistas”
El líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, cuestionó las acciones judiciales iniciadas por el Gobierno a tres medios de comunicación. “Este Gobierno está cada vez más próximo a las dictaduras y cada vez más alejado del Estado de derecho y de las garantías constitucionales”, señaló.
“Estamos ante una expresión grosera del autoritarismo y la acción cada vez más dictatorial del Gobierno”, dijo.
Del Granado convocó al “conjunto de la opinión pública” a la defensa del derecho a la libertad de expresión, gravemente acechada, según el líder político, por las acciones dictatoriales del Gobierno, esta vez dirigidas a los medios de comunicación.
La diputada de Convergencia Nacional, Alejandra Prado, criticó al Gobierno y dijo que está siguiendo el ejemplo de países de la Alianza Bolivariana de los Pueblos (ALBA), de Ecuador y Venezuela en su persecución a los medios donde la libertad de prensa se está viendo cada día más amenazada.
Trabajadores de la prensa rechazan
Los trabajadores de la prensa de Tarija, Potosí y Chuquisaca se pronunciaron el jueves reprochando la agresión, la amenaza y la persecución en contra del trabajo periodístico que ponen en riesgo la libertad de prensa, información y expresión.
“Esa actitud exaltada e intolerante que busca acallar a los medios y a sus periodistas se convierte en un riesgo para que la democracia, sus fines y objetivos sean pisoteados por los que coyunturalmente ocupan cargos públicos”, señala un pronunciamiento emitido por los periodistas de los tres departamentos.
El ejecutivo de los periodistas de Santa Cruz, Roberto Carlos Hurtado, también expresó ayer su rechazo al juicio iniciado por el Gobierno y anunció que los trabajadores están dispuestos a realizar medidas de protestas.
"Vemos una actitud de querer amedrentar a los medios de comunicación, a todos sin excepción, y a todo aquel que quiera opinar distinto al Gobierno central. Se pretende judicializar la información y la libertad de expresión", afirmó el representante.
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