Defensores de libertad de expresión rechazan juicio

El Grupo Andino de Libertades Informativas (GALI), conformado por organizaciones que trabajan en la protección y promoción del derecho fundamental a la libertad de expresión, expresó su solidaridad con los periodistas de Bolivia frente a la decisión del Gobierno de Evo Morales de enjuiciar a tres medios de comunicación.

El GALI hace suya la enérgica protesta de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia ante la denuncia presentada por el Gobierno contra la Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos El Diario y Página Siete por el presunto delito de "difusión e incitación al racismo o a la discriminación".

El Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, presentó ante la fiscalía una denuncia contra los tres medios por haber supuestamente distorsionado el discurso pronunciado por el presidente Morales el 15 de agosto pasado.

El GALI, a través de un comunicado, también apoya la decisión de la ANP, que agrupa a los principales medios escritos de Bolivia, de demandar de inconstitucionalidad dos artículos de la Ley contra el Racismo y la Discriminación, de octubre del 2010, que posibilita enjuiciar penalmente a periodistas y medios de prensa, con penas pecuniarias, de cárcel o retiro de licencias de funcionamiento.

De la misma manera, deja constancia de que tanto la ANP como los tres medios citados rechazaron terminantemente haber cometido delito alguno con la publicación de notas sobre un discurso presidencial que, según la denuncia del Gobierno, "generan un enfrentamiento y consecuentemente odio racial y discriminación entre bolivianos".

Al mismo tiempo, adhiere a la demanda de los periodistas y sus organizaciones gremiales de que se respeten las garantías constitucionales para el ejercicio de la libertad de prensa en Bolivia.

Fiel a su misión de promover las libertades de expresión y de prensa, el GALI expresa su solidaridad con los medios de comunicación afectados y hace suya la posición de los periodistas bolivianos y sus organizaciones gremiales, recordando que las autoridades, instituciones y ciudadanos en general deben actuar respetando los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes.

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