Cerco a Embajada de EEUU exige extradición de Goni

Una masiva movilización de vecinos y gremiales de El Alto, además de afiliados a la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, protestó ayer en puertas de la Embajada de Estados Unidos ante el rechazo de ese país a la petición de la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de los luctuosos sucesos de octubre de 2003 que dejaron más de 50 fallecidos y centenares de heridos.

Al recordarse nueve años de esos hechos, resurgieron los temas de la extradición de Sánchez de Lozada y el cumplimiento de la agenda de octubre. Mientras oficialistas atacaron a EEUU por no dar curso al pedido de extradición y aseguraron el cumplimiento de las demandas por las que la población se movilizó en 2003, opositores cuestionaron el doble discurso del Gobierno en ambos temas.

El edificio de la representación de EEUU estaba fuertemente resguardado por efectivos policiales para evitar agresiones. Los marchistas se apostaron en dos columnas. Los familiares y víctima de los hechos de 2003 se pusieron delante, mientras los dirigentes de la Fejuve se pararon en la acera del frente. Por la calle, entre ambas columnas avanzó la protesta.

Rogelio Mayta, abogado de las víctimas, dijo que hay siete personas con sentencia, pero aún faltan dos (Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, exministro de la Presidencia), quienes están en EEUU y no han sido extraditados. “Hay una deuda pendiente de justicia”, dijo.

El excomandante del Ejército Juan Veliz Herrera, condenado a 15 años de cárcel en San Roque por los hechos de 2003, ratificó ayer que las Fuerzas Armadas cumplieron su rol constitucional de defender la institucionalidad del país y garantizaron la transición pacífica ante la renuncia de Sánchez de Lozada y la asunción de Carlos Mesa.

Pero a nueve años de los hechos luctuosos, después de tres años de juicio, los únicos acusados y sentenciados fueron los del mando militar y no los que en ese momento tenían poder de  decisión, aseguró.

Agregó que los sectores sociales estuvieron más de un mes presionando para una sentencia en contra de los militares y juzgados por un Tribunal parcializado que buscaron a quién sentenciar para justificarse ante los movimientos sociales.

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