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Ed. Impresa TRAS REUNIÓN CON MINISTRO

El transporte libre acepta cambios a ley

Por Jenny Car­ta­ge­na T. y July Ro­jas - Los Tiempos - 29/10/2012


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El ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, después de la reunión con transportistas libres de Cochabamba, ayer. - Daniel  James Los Tiempos

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, después de la reunión con transportistas libres de Cochabamba, ayer. - Daniel James Los Tiempos

Los dirigentes de la Federación del Transporte Libre de Cochabamba aceptaron ayer respaldar el anteproyecto de ley de Extinción de Dominio propuesto por el Ejecutivo, previa modificación de artículos que afectan a su sector y a otros de la sociedad.

El transporte sindicalizado, que hoy asistirá a una reunión con el Ejecutivo y Legislativo, ratificó la amenaza de paro.

Los choferes federados advierten con un paro indefinido y bloqueo de carreteras si el Órgano Legislativo no suspende el tratamiento del proyecto de ley que calificaron como inconstitucional.

Entretanto, se mantiene el anuncio de una movilización de dos horas para mañana por parte de transportistas sindicalizados y gremialistas de Cochabamba.

Después de sostener una reunión con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, el secretario Ejecutivo del transporte libre de Cochabamba, Ángel Amurrio, dijo que “si se necesita otra ley más dura para poder monetizar los bienes incautados, nosotros no podemos estar en contra, porque estos ilícitos como el contrabando y el narcotráfico están dañando a toda la población boliviana”.

Por su parte, Romero dijo que los transportistas sindicalizados tienen un “doble discurso”  porque por un lado rechazan el proyecto de ley en su conjunto y al mismo tiempo aceptan  una reunión con el Ejecutivo.

De todas formas,  indicó que la reunión se realizará hoy a las 15:00 en La Paz. “Si nos vamos a sentar, es a debatir el proyecto de ley y no es con caprichos que se encaran las cosas, sino con argumentos, y nosotros pensamos debatir, tenemos la razón de nuestra parte, estamos dirigiéndonos a afectar a los magnates de la delincuencia (…) ojalá que ellos coadyuven en esa tarea”.

“Hemos resuelto en nuestro último ampliado nacional que vamos a ir a la reunión convocada por el Gobierno para hacer conocer que jurídicamente el proyecto de ley es inconstitucional. Si en caso de que el Gobierno avanzara en la ley, inmediatamente se va a declarar la huelga general indefinida con bloqueo de carreteras”, sostuvo el ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Franklin Durán.

Romero dijo que explicó a los transportistas cuáles son los razonamientos, el contexto, las causales los procedimientos y las salvaguardas de las garantías constitucionales en general que tiene el proyecto de ley y reiteró que el Gobierno está abierto a absolver dudas y consensuar con los sectores que se siente afectados, entre ellos los transportistas y gremialistas.

Dijo que entre las modificaciones que se realizaron a la normativa está la ampliación de plazos para demostrar que los bienes fueron adquiridos de forma lícita, 10 días para los casos de delitos infraganti y 15 para los casos de delito de no flagrancia.

TEMAS DE DEBATE

La Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado generó debates en los países que se incluyó esta normativa, principalmente en cuanto a:

• La creación de una instancia administrativa paralela a la judicial, que a través de un procedimiento propio, distinto al penal, determine la extinción del dominio del bien. El debate fue sobre los plazos para demostrar la procedencia de los bienes.

• La presunción de inocencia. Se dice que ni siquiera se respeta la “paz de los sepulcros”, toda vez que se puede declarar la extinción de dominio de los bienes de una persona ya fallecida si sus herederos no acreditan que los bienes son de procedencia lícita.

• Quiénes ejecutarán la acción de extinción y cómo limitar sus atribuciones para evitar arbitrariedades. En algunos países se crearon jueces especiales, en otros se otorgó esa competencia a la Procuraduría y los fiscales.

 

La ONU asesora a los países

El asesor regional de Asuntos de Anticrimen Organizado, Anticorrupción de la Oficina de la Naciones Unidades para América Latina y el Caribe, James Shaw, en la visita que realizó a Bolivia en septiembre pasado, manifestó que todos los países deben incluir medidas no sólo para detener a los involucrados en lavado de dinero, sino “también para atacar los bolsillos y asegurar que haya esfuerzos para atacar las ganancias y los bienes de aquellos involucrados en esos delitos”.

“Todos sabemos que en cada país utilizan este dinero para reinvertir en su negocio y también para corromper a oficiales, alcaldes u otros. Entonces, si no atacamos el dinero, los bolsillos, las ganancias, estamos permitiendo la alimentación de la corrupción, es algo lógico”, argumentó Shaw.

Reconoció que existe un camino penal para el lavado de dinero, pero a la fecha no existen sentencias en varios países porque los procesos son largos, de cuatro a cinco años; en cambio con la extinción de dominio, el juez debe determinar si esos bienes tienen origen lícito o no, en un proceso que no es penal de no más de seis meses. Ahí el juez no tiene competencia para privar de libertad o no.

“Es algo comparativamente mucho más rápido, dependiendo de la cantidad de bienes, cuántas personas”, indicó al anotar que los plazos “dependen de cada país, de su sistema judicial o el tiempo que necesitan las personas para tener un debido proceso, asegurar que haya justicia”.

Shaw informó que Naciones Unidas, a través de su oficina, apoyó a varios países en la elaboración de una ley de extinción de domino de bienes y puso como ejemplo Colombia, que fue uno de los primeros en contar con esa ley, en la que ha dispuesto que el dinero de los bienes confiscados se destine a la lucha contra el crimen organizado para pagar a los policía y jueces, y los inmuebles para producir rentabilidad para el Estado.

 

Abogados alertan riesgos

El Colegio de Abogados de Cochabamba hizo las siguientes observaciones:

• Se pretende instituir la acción de extinción de dominio (pérdida del derecho propietario) a favor del Estado sobre bienes de procedencia ilícita sin contraprestación ni compensación para su propietario o poseedor.

• La figura de la acción de extinción, es un procedimiento abreviado de confiscación de bienes, sobre la base de la sospecha del origen ilícito de los mismos. • La acción se aplicará sobre los bienes que individual o en conjunto tengan un valor igual o superior a 10.000 dólares o su equivalente en bolivianos.

 

NORMATIVA PROVOCÓ POLÉMICA EN PAÍSES

La Ley de Extinción de Dominio, una “1008”

La Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado, en proceso de aprobación en el país, es equiparada por juristas y algunos legisladores con la Ley 1008 de Régimen de Sustancias Controladas y de la Coca, vigente hace más de dos décadas, porque tiene visos de inconstitucionalidad, permite abusos y pone en riegos derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

El objetivo de una ley de extinción de dominio es contar con un instrumento expedito y efectivo del Estado para atacar al crimen organizado en sus bienes materiales y financieros, como en su momento se pensó sería la Ley 1008 para hacer frente al narcotráfico.  “Pero sólo sirvió para llenar las cárceles, porque el narcotráfico no disminuyó”, según el diputado del Movimiento Sin Miedo, Fabián Yaksic.

Con ese objetivo —que para nadie es malo—, varios países como Colombia, México (2009) y Guatemala (2010) cuentan ya con una ley que aprobaron luego de intensos y largos debates, pero otros se han quedado en el debate sobre los casos en los que debe proceder la confiscación de los bienes, así como el procedimiento y los plazos para ejecutar esa acción, sin violar su Constitución o garantías fundamentales.

Para las Naciones Unidas, esta ley es necesaria para combatir el crimen organizado en un país y de esta forma evitar que esos recursos económicos sean “reinvertidos” en un negocio ilícito, pero también impedir que se siga alimentando a la corrupción.

El representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas para la lucha contra las Drogas y el Delito (Onudd), César Guedes, informó que asesoraron al Gobierno de Bolivia, dándole a conocer los modelos adoptados por los países, no para que se haga un “corta y pega” de los otros países, sino para que haga una ley en el país, tomando en cuenta los pro y contra de esas experiencias.

“El espíritu de la ley es bueno, dentro de la lucha antidrogas el objetivo es llegar donde a los narcotraficantes más les duele, sus bienes y ganancias. En Colombia, Perú y México, la extinción del dominio de esos bienes de procedencia ilícita ha dado resultado”, manifestó.

En ese marco, recomendó a Bolivia ver con cuidado cómo aplicar esa confiscación, porque si bien el narcotráfico está mimetizado en todo, no se puede ser tajante con sectores que no tienen ninguna vinculación.

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