Organizaciones podrán hacer control social a todo nivel

Representantes de organizaciones sociales afines al Gobierno presentaron anoche en Palacio al presidente Evo Morales el proyecto de ley por el que estas instancias podrán ejercer control en todos los niveles del Estado.

El anteproyecto de Ley de Participación y Control Social, de acuerdo con el artículo 241 de la Constitución Política del Estado (CPE), permitirá que la “sociedad civil organizada” ejerza el “control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales”, así como a la calidad de los servicios públicos.

En esta línea, la norma será aplicada a los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, como también a la Policía, las FFAA, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, entre otras instituciones públicas donde el Estado tenga tuición o donde se brinden servicios públicos. En este grupo están incluidas las empresas privadas que presten servicios públicos. Incluso se pretende incluir a organizaciones no gubernamentales (ONG).

"La plata del pueblo depende de ustedes. Sin hay un control realmente social y participación de las distintas fuerzas sociales (?) con seguridad se destinará bien la plata del pueblo", dijo Morales tras recibir en Palacio de Gobierno ese documento, junto al vicepresidente Álvaro García Linera, titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Según el Gobierno, este anteproyecto de ley fue elaborado por el Ministerio de Transparencia, 305 organizaciones sociales y 1.575 representantes de todo el país.

La viceministra de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia, Gabriela Veizaga, explicó que la nueva normativa no sólo permite el carácter fiscalizador de las organizaciones, sino que da paso a uno participativo, pues involucra a muchos actores. “El Ministerio ha trabajado simplemente sistematizando las observaciones y sugerencias de diferentes organizaciones de nivel nacional”, sostuvo.

La nueva norma permite, además, que cualquier ciudadano boliviano ejerza fiscalización de forma individual a los órganos del Estado, instituciones públicas y privadas que administren recursos públicos, según el Gobierno.

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