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Ed. Impresa Para casos de violación y robo reincidente

Tribunal indígena anuncia castración y amputación

Por Efe - Agencia - 13/11/2012


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La Paz |

Los indígenas de una comunidad andina anunciaron ayer que aplicarán un sistema judicial propio que establece la amputación de manos a ladrones reincidentes y la castración química a violadores flagrantes.

El dirigente Carmelo Titirico, miembro del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) que agrupa a comunidades aimaras, informó que la aplicación de esos castigos está enmarcada en la “justicia comunitaria”, consagrada en la Constitución promulgada por el presidente Evo Morales en 2009.

Explicó que su “marka” Julián Apaza, en la periferia de El Alto, nombró el primer tribunal, formado por tres mujeres y tres hombres, para comenzar a aplicar la justicia comunitaria.

La decisión de castigar con la amputación de las manos a ladrones reincidentes por tercera vez y la castración química de violadores si son sorprendidos en el crimen fue aprobada por la comunidad al considerar que es la única forma de frenar esos delitos.

Para concretar las penas, la comunidad indígena financiará el coste de una operación médica de amputación y la castración y si encuentra rechazos entre los médicos tradicionales para ejecutar los castigos, apelará a galenos indígenas en las provincias del altiplano, según Titirico.

“La justicia indígena originaria se maneja de otra manera, no es entre cuatro paredes como la ordinaria (...). No vamos a mandar a la cárcel en estos casos”, agregó el dirigente, que está consciente de que esas medidas pueden provocar un rechazo generalizado, pero asegura que no darán marcha atrás.

El dirigente cree que después de la creación de este primer tribunal, otras miles de “markas” o comunidades indígenas seguirán sus pasos para concretar la aplicación de ese sistema judicial.

Otra justicia

La creación del tribunal indígena se enmarca en la “Ley de Deslinde Jurisdiccional”, vigente desde 2010, que define los límites entre la “justicia comunitaria” y la ordinaria y que en teoría no permite a las comunidades aplicar castigos físicos.

La norma establece que la “justicia comunitaria” no debe aplicarse a delitos penales, terrorismo, corrupción, homicidio, asesinato, trata y tráfico de personas y de armas, narcotráfico, y en áreas de hidrocarburos, forestal o agraria.

Más allá de esa norma y de la Constitución, muchos indígenas, incluso sin la mediación de tribunal alguno, han decidido muchas veces castigar con vejaciones, torturas y linchamientos.

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