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Ed. Impresa EL EMBAJADOR SACHA LLORENTI ASEGURA QUE LOS ABOGADOS ACUSADOS ERAN RESPONSABLES Y COMPETENTES

Extorsión: Suxo y Quintana deslindan responsabilidad

Por Redacción Central | - Los Tiempos - 27/12/2012


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Ministra Nardi Suxo, ayer. - El De­ber | Agencia

Ministra Nardi Suxo, ayer. - El De­ber | Agencia

El exministro de Gobierno y actual Embajador ante la ONU, Sacha Llorenti, aseguró ayer que los exasesores jurídicos Fernando Rivera, Dennis Rodas y Boris Villegas, ahora recluidos por su participación en la red de extorsión y corrupción, eran “responsables” y “competentes” en sus trabajos. Por su parte, los ministros de Transparencia, Nardi Suxo, y de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, negaron todo vínculo con la red, contrariamente a declaraciones que los vinculan con los imputados.

Los dos ministros y el ahora embajador de Bolivia comparecieron ayer, por separado, en calidad de testigos ante la comisión de fiscales en Santa Cruz que indaga la conformación de la red de extorsionadores.

Asimismo, Suxo negó que haya pedido al exministro de Gobierno Wilfredo Chávez que no despida a los acusados porque dijo que ella no puede tomar atribuciones que corresponden a otra Cartera de Estado.

El exministro Sacha Llorenti, luego de prestar declaraciones durante más de cinco horas ante la comisión de fiscales, afirmó que los exasesores de esa cartera de Estado: Fernando Rivera, Dennis Rodas y Boris Villegas, eran “responsables” y “competentes” en sus trabajos.

“En tanto yo he estado como ministro de Gobierno no ha habido ninguna denuncia de corrupción o de extorsión en contra de estos ciudadanos, ellos han tenido responsabilidades que se les ha otorgado porque yo siempre los he visto como personas responsables, como abogados competentes para llevar adelante las tareas que tenían”, expresó Llorenti, en conferencia de prensa.

Por su parte, el ministro Quintana, quien declaró después de Llorenti, negó, a la salida haber conocido directamente a José Manuel Antezana, exfuncionario de esa cartera de Estado, implicado en la venta del arroz incautado al estadounidense Jacob Ostreicher.

Quintana dijo que no tuvo relación directa con Antezana toda vez que era un funcionario que ocupa un cuarto nivel administrativo y “la relación del Ministro de la Presidencia con esa área de trabajo era a través del Viceministro de Gestión Gubernamental, consecuentemente no había ninguna relación directa, no había relación estrecha, no había coordinación con ese señor porque ese señor se dedicaba a producir información de gestiones”, manifestó Quintana.

Dijo que sólo lo vio una vez durante todo un año, pero nunca le habría instruido orden alguna.

Con relación a los exasesores jurídicos del Ministerio de Gobierno, Quintana precisó que a Fernando Rivera lo conoció en la Dirección de Migración, de donde era funcionario, cuando fue a realizar un trámite. A Rodas y Villegas aseguró no conocerles.

Con relación a al pedido de renuncia, efectuado por el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Félix Martínez, por su supuesta vinculación con la red, Quintana dijo que este pedido no tenía asidero. “No se trata de la renuncia de ninguna autoridad, creo que los ministros de Estado estamos colaborando con todo lo que se pueda (...), somos los más interesados de que esto sea plenamente investigado”, dijo.

La ministra Nardi Suxo, por su parte, rechazó las acusaciones del exministro Wilfredo Chávez y las declaraciones del exfuncionario Gustavo Céspedes, preso en Palmasola por la extorsión a Ostreicher, que la vinculó con la red. “Respeto la opinión del doctor Chávez, me imagino que se habrá confundido porque él como abogado sabe perfectamente que cada ministro cada ministra tenemos nuestras atribuciones debidamente establecido en el Decreto de Organización del Órgano Ejecutivo y yo mal puedo decir ponga, saque o lo que sea”.

Chávez ratificó ayer que Suxo le pidió no remover de sus cargos a Rivera y Rodas; y que si el exdirector de Régimen Interior Boris Villega era cambiado, ella lo llevaría a trabajar al Ministerio de Transparencia (hecho que ocurrió después de que dejó el Ministerio de Gobierno).

Consejo inicia proceso contra Rocha

El Consejo de la Magistratura inició un proceso disciplinario por abandono de funciones contra Ariel Rocha, presidente del Tribunal de Justicia Departamental de Santa Cruz, que no aparece desde el 17 de diciembre. Es indagado por la Fiscalía por el caso red de extorsión y emitió una orden de aprehensión porque no se presentó a declarar.

Rocha pidió una baja desde el lunes 17 hasta el 31 de diciembre para ausentarse del país por cuestiones de salud, pero su solicitud no fue aceptada por los vocales de sala plena. Los vocales del Consejo de la Magistratura informaron ayer que de no presentarse a su fuente de trabajo con un certificado médico que demuestre que tiene problemas de salud, Rocha podría ser suspendido de sus funciones.

Ayer, por segunda vez, fueron allanadas las oficinas de Rocha por efectivos de la Policía presididos por la Fiscalía. El 18 de diciembre ya fue allanada ese oficina así como su domicilio.

 

Farfán declaró, schmidt debe hacerlo hoy

El exviceministro de Régimen Interior y Policía Marcos Farfán Farjat prestó ayer declaraciones en calidad de testigo dentro del caso extorsión ante la Fiscalía de Distrito de La Paz en los pasados días. El documento de sus declaraciones fue enviado ante la comisión de fiscales nacionales responsables de la investigación para su análisis.

El fiscal Marco Antonio Rodríguez, manifestó que el pasado lunes se enviaron las declaraciones de las exautoridades para que las mismas sean valoradas por la comisión y tomen las determinaciones que correspondan contra Farfán.

“El objeto (de la declaración de Farfán) era de contar con elementos de convicción respecto al caso de la presunta extorsión y las funciones que cumplía él mismo dentro del Ministerio de Gobierno”, sostuvo el fiscal.

Extraoficialmente se conoce que el exviceministro Farfán en sus declaraciones aseguró que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, conocía y coordinaba las actividades de los abogados implicados en el caso de extorsión.

De acuerdo al cronograma de declaraciones de la Fiscalía, para hoy está prevista la declaración tambien en calidad de testigo del alemán Dirk Schmidt, quien, según su esposa Karina Flores, espera salir de la cárcel en cumplimiento de la última resolución judicial que dispuso su liberación condicional. Schmidt, que se declaró víctima de la red de extorsionadores, deberá comparecer en la Fiscalía a las 9:00.

Según Karina Flores el exministro de Gobierno Sacha Llorenti tuvo participación en las sindicaciones contra Schmidt,  por supuesto alzamiento armado, porque era titular de ese Ministerio.

 

Ministros conocían denuncias sobre la red

El director de Transparencia del Ministerio de Gobierno, Miguel Albarracín, informó que desde la gestión pasada se conocían denuncias contra la red de extorsión y las mismas fueron derivadas en su momento al entonces titular de ese despacho, Wilfredo Chávez, y después a su sucesor Carlos Romero.

Según los datos del funcionario, las acusaciones eran verbales y provenían de estrados judiciales. Sin embargo, los denunciantes no quisieron hacerlo por escrito y prefirieron guardarse en el anonimato. “El ex y actual ministro pedían pruebas”, indicó Albarracín en declaraciones a la red Erbol.

“En algún momento yo conversé con el Ministro (Chávez), hablé también con el ministro Romero y ambos me hicieron la consulta de si tenía pruebas (…) fue un comentario verbal de la preocupación que yo tenía por la existencia de estas denuncias”, aseveró el funcionario, al anotar que personalmente y de manera informal hizo conocer esa preocupación a los ministros y, ante la falta de documentación que respalde esas denuncias, no se investigaron.

Asimismo, el funcionario informó que la primera denuncia formal fue presentada también el año pasado, aunque no precisó la fecha.

Aseveró que las 30 denuncias, de 80 que recibió el Ministerio de Gobierno, establecen que este grupo de abogados (Fernando Rivera, Dennis Rodas y Boris Villegas) realizaba cobros mayores a los 20 mil dólares a sus víctimas.

“(…) Han hablado (de que les solicitaban) 5 mil, 8 mil (dólares), hay otros que hablan de montos mucho más altos como 20 mil dólares”, dijo.

 

Extirpar el cáncer

Eliminar la corrupción es el reto pendiente que tiene el sistema judicial boliviano, para así recuperar la confianza de la población que ya no cree en el debido proceso, de acuerdo al vocero del Arzobispado de Santa Cruz, Erwin Bazán.

“Si logramos extirpar el cáncer de la corrupción del sistema judicial, probablemente alivianemos y le demos celeridad al sistema judicial del país”, señaló en alusión a la presunta red de extorsionadores integrada por funcionarios judiciales.

Anotó que esta recuperación de la imagen de la justicia pasa también por “limpiar los nubarrones de injusticia, esos nubarrones de corrupción que existen en el sistema judicial del país (...) y dejarlo libre de la injerencia política, pero también de la corrupción, es un tema de fondo”.

Mencionó que cualquier cambio en la justicia pasa por la voluntad política, pero también de buscar los mecanismos adecuados para eliminar la carga procesal. “Hemos visto la actuación de jueces y fiscales que cuando trabajan de manera ordenada y con voluntad, logran disminuir la carga procesal”, dijo.

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