En una caótica sesión de Concejo, cuya violencia se propagó de la sede municipal al resto de la ciudad de Sucre durante al menos siete horas, el Movimiento Al Socialismo (MAS) confirmó ayer la suspensión del alcalde Jaime Barrón, de Pacto de Integración Social (PAIS), e impuso en su lugar a la concejala masista Verónica Berríos.

Varios juristas y analistas consideran que hubo vicios de ilegalidad y que Barrón, que ayer se declaró en huelga de hambre, puede presentar un amparo constitucional. El Gobierno, que deslindó responsabilidades, declaró que la suspensión sí fue legal y desconoció oficialmente a Barrón como Alcalde.

El conflicto, que se extendió por las calles de Sucre, incluyó gasificaciones, 15 manifestantes detenidos (posteriormente liberados) y más de 50 heridos, incluyendo a la concejala Lourdes Millares, del flanco de Barrón, que fue trasladada de emergencia en un vehículo particular al hospital, presuntamente por un desmayo durante las discusiones y pugilatos en la sesión de Concejo. Por la tarde, se supo que se hallaba con la salud estable.

Barrón, acusado de promover violencia y actos racistas contra campesinos por el caso del 24 de mayo de 2008, es el tercer alcalde suspendido bajo la figura de acusación formal vía fiscal después de los casos de Héctor Cartagena, de Quillacollo, y Víctor Balderrama, de Punata, aunque este último fue temporalmente restituido.

Los políticos y analistas ponen sus ojos ahora en otros alcaldes que se encuentran en riesgo de correr la misma suerte, entre los que sobresalen el potosino René Joaquino, de Alianza Social (AS), cuya audiencia por el juicio por el tema de la compra de autos usados fue programada para este 21 de junio.

El caso
La sesión de Concejo convocada para ayer en la mañana tenía por objeto tratar la suspensión de Barrón, y el MAS pretendía hacer prevalecer su mayoría con sus cuatro concejales, más sus dos aliados, en tanto que PAIS, con sus también cuatro concejales, sólo contaba con un aliado.

La tensa reunión activó su detonante cuando el presidente de la entidad, Domingo Martínez, afín al MAS, declaró al alcalde Barrón suspendido, de acuerdo al artículo 46 de la Ley de Municipalidades, y negó la palabra a los concejales de PAIS, que argumentaban que el Alcalde había presentado un recurso incidental de inconstitucionalidad para detener la suspensión.

Como eran ignorados, se lanzaron sobre la testera y, en medio de agresiones e insultos, trataron de forzar la suspensión de la sesión ante la disposición de la mayoría de proseguir con el orden del día hasta la designación de una nueva autoridad.

Fue en ese momento en que Millares cayó al piso, presuntamente víctima de un desmayo, y trasladada en un vehículo a un hospital. En tanto, en medio de gritos y desorden que no dejaban escuchar nada, el oficialismo sugirió a Berríos como nueva alcaldesa.

Los seis concejales del bando del MAS levantaron las manos y el presidente le tomó juramento a la mencionada. De inmediato, los concejales del oficialismo se encerraron en una sala contigua e impidieron el ingreso de los concejales de oposición. Éstos forcejeaban y protestaban arguyendo que el oficialismo cometía la ilegalidad de seguir sesionando para permitir la posesión de Berríos, pero pocos se habían dado cuenta de que la concejala ya había jurado en la sala común. Más tarde, fueron evacuados con dos patrullas policiales en medio de los forcejeos de los seguidores de Barrón que les arrojaban piedras.

Barrón
Barrón, en tanto, que insistió en la ilegalidad de la suspensión, abandonó el edificio municipal por una de las puertas traseras debido a la creciente tensión que ya se vivía en las calles aledañas al Municipio.

Barrón dijo haber instruido a sus colaboradores "continuar trabajando" debido a que desconocía la decisión del Concejo de suspenderlo del cargo, algo que no se produjo de manera formal al menos durante esta acalorada jornada. Sin embargo, más tarde se declaró en huelga de hambre.

VERÓNICA BERRÍOS

Verónica Berríos, una abogada de 41 años, es la nueva alcaldesa de Sucre. Actualmente cursa el tercer año de la carrera de Sociología. Está consciente del paso que dio y no descarta que continúen las movilizaciones en su contra. Sin embargo, enfatizó que la acusación contra Barrón debe explicarla el Ministerio Público y no el Concejo.

“Simplemente asumo un interinato. Y si Jaime Barrón renuncia, también estará expedito el camino para que él o PAIS pueda poner a otro candidato (para nuevas elecciones). Quiero desmentir que somos los golpistas. Eso no es cierto, sólo cumplimos la ley. Son probablemente tres meses. Es tan efímero este tiempo, sólo quiero trabajar”, concluyó.

CUESTIONAN LA LEGALIDAD

“Hay falta de coherencia e ilegalidad”

Pilar Uriona | Politóloga

“Más allá de los hechos de violencia, que de por sí son reprochables desde todo punto de vista, se está privilegiando una causa judicial con tintes políticos sobre el hecho de una autoridad elegida por voto popular y directo (Jaime Barrón, ganador de las elecciones municipales).

Desde el punto de vista legítimo, también hay una falta de coherencia en la correlación de los hechos, porque lo ideal hubiera sido que se haya trabado la elección del alcalde Jaime Barrón antes del 4 de abril, es decir, que se haya puesto como requisito para el candidato el tema legal para evitar este tipo de problemas a pocos días de haber sido posesionado.

En el fondo, hay una situación política que puede generar problemas similares en otros municipios y gobernaciones del país, y eso no es bueno porque la oposición aprovecharía para echar en cara al Gobierno que otra vez están volviendo las persecuciones de tipo político”.

“Ley contraria a la Constitución”

Jorge Asbún | Abogado constitucionalista

“Lo que está sucediendo en Sucre con la destitución del Alcalde (Jaime Barrón) es justamente fruto de una ley contraria a la Constitución Política del Estado (la Ley de Municipalidades).

La ‘ley corta’ (Ley Transitoria de Autonomías) prevé que con un simple requerimiento fiscal se puede suspender a una autoridad como los alcaldes o gobernadores mientras dure el proceso. Pero ésa no es la lógica de la Constitución, porque la Carta Magna sí permite su juzgamiento pero no la suspensión, y menos una suspensión de naturaleza fiscal; eso no existe. Por esa razón, de legislarse a través de leyes corta para la destitución de autoridades o la suspensión de ellas, lo que se tiene es un desconocimiento de la voluntad popular que se expresó a través del voto.

La ciudadanía dispuso una cosa a través del voto, pero por un mecanismo de una ley que es contraria a la Constitución se pone a otro alcalde en desapego de la voluntad popular”.

“No hay suspensión ipso facto”

Teresa Rosquellas | Ex vocal de la Corte Suprema

En criterio de la ex vocal de la Corte Superior de Distrito Teresa Rosquellas, el Concejo Municipal de Sucre no puede suspender ipso facto a nadie, tal cual lo hizo ayer. Necesariamente tiene que haber una resolución, que nunca hubo puesto que en las dos sesiones de Concejo para tratar este tema (miércoles y viernes), la oposición impidió la continuidad de la sesión.

Además, el Concejo Municipal de Sucre no puede suspender al alcalde, Jaime Barrón, enmarcado al artículo 48 de la Ley de Municipalidades que ya fue derogada por la “ley corta” (Ley Transitoria de Autonomías, promulgada el pasado 24 de mayo).

En el tratamiento de este caso debe prevalecer la Constitución, que establece que la suspensión de una autoridad municipal procede sólo con una sentencia ejecutoriada. Si el Alcalde considera que se están violando sus derechos fundamentales, la vía de resarcimiento es interponer un recurso de acción de Amparo Constitucional, explicó la jurista.

“Debió consultarse al Tribunal”

Silvia Salame | Ex vocal del Tribunal Constitucional

La ex magistrada del Tribunal Constitucional Silvia Salame cuestionó la suspensión del alcalde Jaime Barrón, criticando por la irregularidades cometidas, desde el hecho de no existir notificación del Concejo hasta la omisión del recurso incidental que tenía el Alcalde.

Según Salame, la Ley 1836 del Tribunal Constitucional establece que el Concejo tiene dos alternativas para considerar el recurso incidental: promover el recurso incidental aceptando las dudas sobre la constitucionalidad del artículo 48 de la Ley de Municipalidades o rechazarla. Pero igual debe ser remitido al Tribunal Constitucional.

Nada de esto hizo el Concejo, que interpretó que la suspensión era automática con sólo existir una notificación fiscal leída en el Concejo, que tampoco era legal, pues la Corte Superior del Distrito tiene una Central de Notificaciones para estos casos.