Sucre |

El Ministerio de Gobierno y la Fiscalía de Distrito de Chuquisaca brindaron ayer una explicación confusa y sembraron dudas sobre la incautación de explosivos en Sucre, que relacionaron con los conflictos desatados por la suspensión del alcalde Jaime Barrón que ha dejado al municipio a la deriva, pues ni la Alcaldía ni el Concejo están trabajando.

La sucesora interina de Jaime Barrón, Verónica Berríos, no pudo sentarse en la silla municipal porque fue impedida por un grupo de simpatizantes de la agrupación Pacto de Integración Social (PAIS), acusados por el diputado Juan Carlos Apaza (MAS) de ser financiados por el jefe nacional de Unidad Nacional y empresario cementero Samuel Doria Medina.

Berríos, elegida por el bloque afín al Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Concejo Municipal, estuvo apenas 45 minutos en el Palacio Consistorial, tuvo que evacuar con resguardo policial y anunció una querella criminal contra los agresores, advirtiendo que si la beligerancia continúa, gobernará desde cualquiera de los ocho distritos del municipio.

Tampoco el Concejo pudo sesionar: el bloque de mayoría no se presentó, y PAIS alista una estrategia de defensa para el momento de la aprobación de actas de las últimas sesiones en las que se suspendió a Barrón y se eligió a su sucesora interina.

Berríos llegó al edificio de la Municipalidad en la plaza central a las 09:10, en un jeep de color celeste, sin resguardo policial y en medio de gran expectativa de la prensa local y nacional. Ni bien ingresó, varios militantes, ex funcionarios y activistas de la agrupación PAIS, empezaron a gritar e insultarle: “Tarajchi”, “usurpadora” y otras palabras irreproducibles que fueron subiendo de tono mientras se dirigía al despacho edil. Llegó a la puerta, que se encontraba cerrada, y aparecieron más simpatizantes de PAIS que impidieron que Berríos avanzara y, en medio del tumulto, lanzaron un explosivo que detonó a su lado.

Explosivos
Mientras esto sucedía en la Plaza, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, llegó ayer a la Capital para brindar una conferencia de prensa, en la que afirmó que la Policía logró desbaratar “una o varias redes de tráfico de explosivos” —sin precisar—, durante los últimos días de conflicto. Aseguró que en Sucre habría personas que se dedican a traficar explosivos.

Según el detalle proporcionado, la Policía allanó una vivienda en el barrio Israel entre las 18:30 y 19:00 del martes 22 de junio, encontrando 23 cajas con cartuchos de dinamita, nueve cajas de mecha lenta, tres rollos de guía explosiva, una guía de 500 metros, 124 bolsas de ANFO, dos ultrapril, dos cajas de detonantes y cinco cajas de multiplicador de boster.

Llorenti afirmó que las 2.300 unidades de dinamita, junto al ANFO podrían haber hecho explotar aproximadamente 15 manzanos de la ciudad.

¿Dinamita con dueño?

Luego de que en la mañana se explicara el desbaratamiento de la supuesta red de tráfico de explosivos, vinculándola a los conflictos vividos en Sucre, dos personas se aproximaron a la Fiscalía de Distrito para reclamar esa mercancía.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Raúl Matos, confirmó la información y agregó que las personas que fueron a reclamar los explosivos deberán acreditar con papeles su propiedad; no quiso revelar nombres para no entorpecer la investigación.

Correo Del Sur visitó la casa del barrio Israel donde la Policía decomisó los explosivos. La mujer que vive en la inmueble se negó a dar su nombre, pero en una conversación reveló que una persona traía y llevaba los explosivos cotidianamente. “Gilberto (nombre del supuesto dueño de la dinamita incautada) es la persona que siempre traía sus cajitas y lo dejaba, pero la Policía ayer (martes) se lo ha llevado”, manifestó en quechua. Matos afirmó, empero, que no se descarta ninguna hipótesis.

Berríos formalizó denuncia

La alcaldesa interina de Sucre, Verónica Berríos, presentó ayer, ante la Fiscalía , una denuncia en contra de al menos seis personas, acusadas de agredirla cuando pretendía ingresar al Despacho Municipal. La asesora legal dijo que la denuncia es por lesiones y atentados contra la libertad de trabajo.

Berríos, en compañía de una veintena de personas y un par de guardaespaldas, se presentó en la Fiscalía y fue recibida por el mismo fiscal de Distrito, Julio César Sandoval, para interponer su denuncia.

Marcia Reyes, abogada de Verónica Berríos, dijo que la denuncia fue presentada por la agresión que ésta sufrió cuando intentaba ingresar a su despacho; incluso los manifestantes arañaron a una funcionaria del Concejo.

La denuncia es en contra de Nancy Hidalgo, Juan Carlos Zambrana, Juan Rojas, Severino Yupari, Rolando Sanabria, Jesús Soliz, Ramiro Ovando, Freddy Carmona (padre), Freddy Carmona (hijo), Daniel Carmona, Graciela Pinto, Iris Espíndola, Hugo Zambrana, María Crespo Villalba, Lourdes Salgueiro, Leovigildo Visto, Juan Rodas, Luis Alberto Camacho y Luis Pacheco.

Los cargos que se atribuyen a estas personas son lesiones, amenazas y atentado contra la libertad al trabajo y secuestro.

Berríos calificó de “salvajismo” e “intolerancia” las actitudes de las personas que le impidieron ingresar a su despacho.

Ante la imposibilidad de ingresar al despacho del alcalde en el edificio de la plaza central, Berrios anunció que seguirá trabajando en otro distrito.