El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, desmintió este jueves al diputado del MAS Franklin Garvizu, quien lo acusó de ser el responsable de los sangrientos enfrentamientos en la población de Yapacaní, por no informar correctamente al presidente Evo Morales sobre los supuestos actos de corrupción que supuestamente vinculan al alcalde del MAS, David Carvajal, quien renunció al cargo tras la ola de violencia entre pobladores de esa localidad cruceña y la Policía.

La autoridad de Estado además pidió esclarecer con prontitud, mediante una investigación, los sucesos en Yapacaní donde se reportaron la muerte de cuatro personas por los medios de comunicación locales, así como los supuestos actos de corrupción en los que se relaciona al exalcalde de la localidad, pero además se indague los supuestos pagos a dirigentes cívicos de Yapacaní por parte de las arcas de ese municipio.

"El señor Garvizu no está en la capacidad de presentar una sóla prueba en la que el ministro de la Presidencia haya señalado una conspiración del MSM para encubrir al alcalde; segundo decirle al diputado que tenga la valentía por conciencia moral de reconocer que garanticé en cinco oportunidades, gestione una reunión directa con el presidente Evo Morales y tercero yo me he trasladado la última semana a Montero y me reunido con Garvizu, el alcalde y el asambleísta Muñoz y les pedí que se pongan de acuerdo porque nuestro rol sólo era de mediar, pero el diputado Garvizu insistía en decir que el tenía la llave de resolver el tema de Yapacaní", dijo Romero a radio Panamericana.

Ante este panorama, Romero exigió al diputado del MAS, Franklin Garvizu, presentar a la brevedad posible una sola prueba de que entregó al Ministerio de la Presidencia documentación referente a los supuestos actos de corrupción en el municipio de Yapacaní y contra el alcalde oficialista, David Carvajal. "Estoy seguro que el diputado no podrá demostrar que él presentó denuncias por corrupción contra el alcalde, no hay pruebas, no recibí nada del señor Garvizu, ni un sólo documento", agregó.

Asimismo, la autoridad de Estado solicitó investigar los hechos de corrupción en esa región, considerando que el exalcalde tendría documentación de supuestos pagos irregulares a dirigentes cívicos de Yapacaní que fueron presentados al Ministerio de la Presidencia y derivados al Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para su investigación respectiva.

"En Yapacaní están entremezcladas muchas cosas porque yo no creo que ahora que renunció el alcalde ahí quedan las cosas, no, hay quedan muchas cosas por ejemplo el alcalde exhibía unas planillas donde se daban algunos ítems a algunos dirigentes, porque si hay una relación clientelar y de chantaje hacia las autoridades, es demasiado complicado, entonces el mismo ex Alcalde debería exhibir estos documentos", señaló.

En cuanto a la investigación de los muertos y los enfrentamientos en la zona, Romero señaló que el Ejecutivo no tiene ningún problema en que otros organismos legalmente constituidos como la Defensoría del Pueblo, o la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (Apdhb) realicen la investigación paralelamente a la que iniciará el Ministerio Público.

"No somos gente que fabrica las cosas, ellos pueden acudir a cualquier mecanismo de investigación, hay varias posibilidades reconocidas por procedimientos penales, estamos dispuestos a que se esclarezca por cualquiera de los mecanismos", manifestó Romero, quien solicitó al diputado Garvizu, representante de esta región, actuar como interlocutor para pacificar la zona, considerando que él tiene la facilidad de reunirse con las autoridades y los habitantes de la zona.

Por último, reiteró que la Policía desplegada en esa región no contaba con armas de fuego letales al momento del enfrentamiento con los pobladores de Yapacaní, pues según la autoridad sólo se autorizó el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los enardecidos manifestantes.