Dan 12 años de cárcel a Santos Ramírez

El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz condenó a 12 años de cárcel al expresidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, por la suscripción de contratos ilegales en 2009 con Catler-Uniservice. El exdirigente del MAS anunció que apelará el fallo, porque considera que el Tribunal actuó bajo presión del Ministerio de Gobierno.

"Es una sentencia política. Lamentablemente el Tribunal actuó bajo la presión del Ministerio de Gobierno. Ha estado (el director de Régimen Interior) Boris Villegas. Es una presión definitivamente, ¿qué hace acá?”, se pregunó Ramírez.

“Es una audiencia de carácter penal donde nada tiene que ver el Ministerio de Gobierno", expresó el expresidente de YPFB.

Ramírez fue encontrado culpable por la firma de contratos irregulares con la privada Catler Uniservice para la construcción de una refinería en la localidad de Río Grande, en Santa Cruz, que arrojó pérdidas por decenas de millones de dólares para el Estado.

Después de casi tres años de proceso fue sentenciado por los delitos de cohecho, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, firma de contratos lesivos al Estado, daños económicos al Estado, conducta antieconómica y asociación delictuosa, según dio a conocer el Tribunal.

El Ministerio Público pidió 15 años de prisión para el expresidente de YPFB y otros implicados en el caso.

Junto a Ramírez fue condenada su exesposa Giovanna Navia Doria Medina (a nueve años de cárcel), su secretaria privada Esther Carmona Morales (nueve años) y su cuñado Javier Navia Doria Medina (seis años). Otras cinco personas recibieron entre nueve y tres años de cárcel, y tres, entre ellas el empresario de Catler Uniservice Miguel O'Connor, fueron exonerados del caso.

Los abogados de los sentenciados anticiparon que apelarán la sentencia y acudirán a instancias internacionales para que revisen el proceso.

El extitular de YPFB se encuentra recluido en el penal de San Pedro de La Paz desde marzo de 2009, ahora deberá cumplir la condena en el mismo recinto.

El fiscal Aldo Ortiz, quien calificó de “histórica” la sentencia, dijo que probaron la comisión de delitos, el grado de participación, las ilegalidades en la firma del contrato, los beneficios que recibieron varias personas para que se firme el contrato para la construcción de la planta separadora de líquidos.

Recordó que se recuperaron 10 millones de dólares de los 16,6 millones que se desembolsaron para la puesta en marcha de ese contrato denunciado como irregular y que se destapó tras el asesinato a finales de enero de 2009 del ejecutivo de Catler Uniservice Miguel O'Connor D’Arlach para robarle 450.000 dólares en efectivo, que según las investigaciones policiales eran para pagar un supuesto soborno a altos ejecutivos de la petrolera estatal, entre ellos a Ramírez.

Ramírez, también expresidente del Senado, fue destituido de su cargo en YPFB el 31 de enero de 2009 por orden del propio presidente Morales, tras un escándalo que estalló por el asesinato del empresario.

El Ministerio Público investigó al exjefe de YPFB por el cobro de sobornos que causaron daños al Estado por unos 86 millones de dólares. El expresidente del Senado René Martínez (MAS) calificó de acertado el fallo y dijo que éste demuestra que todos son iguales ante la ley y que nadie es juzgado de acuerdo a su cargo.

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