Ministerio Público anotó preventivamente los bienes del Gobernador Costas

SANTA CRUZ |

La Fiscalía del Distrito de Santa Cruz anotó el lunes los bienes del Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, de manera preventiva, medida que se suma al arraigo y a la fianza de 100.000 bolivianos que pagó la autoridad departamental para defenderse en libertad por el juicio que enfrenta por instruir la realización del referéndum del 4 de mayo de 2008, cuando el 85.6 por ciento de los electores cruceños votó por el sí a la aprobación del Estatuto Autonómico.

De acuerdo con El Deber, la orden emitida el 16 de enero por el fiscal del Distrito, Isabelino Gómez, fue calificada por el secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Peña, como una acción política de parte del Ejecutivo para "matar civilmente" a la autoridad cruceña.

El Ministerio Público instruyó la anotación de la vivienda de Costas, ubicada en el condominio Ciudad Jardín, de 300 metros cuadrados. También registró un fundo rústico, que está ubicado a 4 km de la plaza de Montero, y el inmueble en la urbanización Orlando Gonzales, zona oeste de Montero y que tiene una superficie de 2.706 metros. Además de las líneas telefónicas y los vehículos que están a su nombre y el de su esposa, Sonia Vincenti.

Según la declaración jurada presentada por Costas ante la Contraloría General del Estado, el 31 de octubre de 2011, su patrimonio neto asciende a Bs 7,8 millones. Por el caso del referéndum autonómico, la Fiscalía también instruyó la anotación preventiva de los bienes del secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera; del de hacienda, José Luis Parada; y el de gobierno, Vladimir Peña. Además de los 23 consejeros que en 2008 aprobaron una resolución ordenando al entonces prefecto Costas a que convoque la consulta.

PROCESO PERCY FERNANDEZ: El Ministerio Público instruyó el lunes al Concejo Municipal para que asuma acciones legales en contra del alcalde Percy Fernández en un supuesto caso de corrupción denunciado hace un año por el concejal Hugo Siles, de la alianza MAS-ASIP, informó El Deber. 

Un requerimiento, firmado por el fiscal anticorrupción Javier Cordero, insta al organismo deliberante, a través de su presidenta Desirée Bravo, que sigan un proceso en contra de Fernández, del director de Drenajes, Edil Aponte, y de Aida Avendaño, funcionaria de la Oficialía Mayor de Obras Públicas, por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica en la limpieza del canal Isuto y cuarto anillo.

El fiscal Cordero, en su escrito, recordó a los munícipes que el requerimiento es de estricto cumplimiento. Sin embargo, para los concejales oficialistas Desirée Bravo, Óscar Vargas y Manuel Saavedra la acusación contra el burgomaestre responde a una acción política, que evidencia que se utiliza a la justicia para perseguir a los opositores al Gobierno.

En Portada