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La última constituyente de 1967

Por Redacción Central - Los Tiempos - 19/08/2006


El desconocimiento de la espuria Constitución, sancionada por el Congreso Ordinario de 1961 que, con el pretexto de "incorporar" las medidas revolucionarias de 1952, permitía la prórroga presidencial mediante reelección, sin renuncia previa de funciones, fue la causa principal para justificar el derrocamiento del Presidente Paz Estensoro, en noviembre de 1964.

Tal situación precedida por una conmoción general en que participó la COB., los universitarios y todos los partidos de oposición en defensa de un viejo principio constitucional en contra de la reelección, creó sin embargo un vacío jurídico al haberse puesto en vigencia la Carta de 1947 que no contenía el nuevo ordenamiento jurídico implantado en el país por la Revolución.

Este orden de cosas posibilitó a la Junta Militar de Gobierno, convocar a una Asamblea Constituyente, otorgando a los parlamentarios a elegirse, junto al Presidente y Vicepresidente de la República en 1966 la facultad constituyente para que, durante "los primeros sesenta días, sesionen con el único y exclusivo objeto de sancionar las necesarias reformas a la Constitución vigente y concluido dicho mandato, continúen sus funciones legislativas ordinarias".

Con tal antecedente, la Asamblea estaba compuesta por poco más del 20% de dirigentes campesinos de los nueve departamentos, un 24 % de intelectuales y especialistas, un 18 % de dirigentes políticos y un 38 % de sectores sociales como excombatientes, obreros y empresarios, todos representativos de la sociedad boliviana en los años 60.

El Gobierno encomendó al constitucionalista Ciro Félix Trigo la redacción de un Anteproyecto, otro fue redactado por un equipo de constitucionalistas católicos bajo la coordinación de Ernesto Daza Ondarza y presentado por el Vicepresidente Luís Adolfo Siles Salinas y uno tercero por la Agrupación de Profesionales Social-Progresistas.

La Comisión Mixta de Constitución emitió informe sobre ellos y, finalmente la Asamblea trabajó sobre la base del Proyecto Siles Salinas, que recogió la tradición del constitucionalismo social de 1938 y las reformas de 1952, añadiendo numerosas innovaciones y ampliaciones en el campo de los derechos humanos y del régimen económico y social, texto sistemáticamente ordenado y con un rigor y técnica jurídicos impecables.

Al ordenamiento simplemente secuencial de la anterior Constitución en 21 secciones y 183 artículos, la nueva divide la Carta en un título preliminar y 4 partes con un total de 235 artículos; introduce el concepto filosófico de "persona" en la primera parte, como objetivo central del Estado, describiendo con claridad sus derechos, deberes y garantías fundamentales, luego establece sus derechos políticos como ciudadanos; en la segunda parte fija la estructura del Estado y las funciones de los tres Poderes; en la tercera norma los regímenes especiales y en la cuarta ratifica la primacía y reforma de la Constitución, recogiendo la tradición republicana, de su aprobación por dos tercios de votos de sus componentes, que desde 1826, no cambió en las 15 Constituciones promulgadas en nuestra historia republicana.

En 1967 se introduce el "amparo constitucional" contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de funcionarios, fijándose el trámite "sumarísimo" (art.19); norma "la defensa y el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos en resguardo de la seguridad del Estado" (art.133); establece que los grupos mineros nacionalizados son intransferibles (art.138); que los "yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado& " (art.139); Fija la obligación del Estado para "conceder créditos de fomento a los campesinos para elevar la producción agropecuaria" (art.173); y de "cosa juzgada" para las decisiones de la judicatura agraria (art.176); autoriza el funcionamiento de Universidades Privadas en el país (art.188); sustenta la defensa del "interés moral y material de los hijos" en los casos de divorcio, adopción y en las relaciones familiares (arts.196 y 197); ordena la delimitación de las jurisdicciones municipales (art.203); estatuye la dependencia de la Policía Nacional del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, en caso de guerra internacional (art.218); manda la libertad de asociación política de los ciudadanos en partidos políticos, que deberán registrarse por la Corte Nacional Electoral (arts. 222 y 224).

Esa Asamblea Constituyente de 1967, fue un "Poder Constituyente instituido", como dice la doctrina constitucional, "con poderes determinados y limitados", como la actual Asamblea Constituyente que es un poder derivado de las normas que la instituyeron, jamás un "Poder originario" como fue la única que fundó la República, en 1825, luego de 16 años de lucha independentista, en la que ofrendaron sus vidas miles de mártires y guerrilleros, para hacer de Bolivia, el antiguo Alto Perú, "un Estado Soberano e Independiente de todas las naciones, tanto del viejo como del nuevo mundo".

El autor fue vicepresidente de la H. Asamblea Constituyente de 1967)


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