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¿Tribunal "Supremo" de Justicia?

Por Redacción Central - Los Tiempos - 14/10/2008


Hubiera sido más coherente y sincero denominar como simple Tribunal "Nacional" de Justicia al órgano jurisdiccional que según el proyecto de nueva Constitución Política del Estado del MAS remplazará a la actual Corte Suprema de Justicia.

En la realidad, dicho nuevo Tribunal, de Supremo (Superior entre los superiores) sólo tendrá el nombre, toda vez que dos nuevas jurisdicciones (potestad de administrar justicia) se erigirán en forma paralela y con clara independencia: 1. La agroambiental y 2. La indígena originaria campesina.

En el primer caso, la Jurisdicción Agroambiental es contemplada como especial, tendría su propio máximo Tribunal que resolverá recursos de casación y nulidad en las materias que les serían propias (competencias similares a las de la actual Corte Suprema de Justicia) y, dado su nivel de independencia implícito, no daría lugar a recursos ulteriores ante el llamado Tribunal "Supremo" de Justicia.

En el segundo caso, de manera expresa, el proyecto de constitución en cuestión establece que las decisiones de la Jurisdicción indígena originaria campesina no serán revisables, ni por la Jurisdicción Agroambiental ni por el supuesto Tribunal Supremo de Justicia. Y en extremo establece que en relación a este último es de igual jerarquía.

Con todo ello tendría lugar un serio proceso de degradación de la actual Corte Suprema de Justicia y, en un ambiente de inseguridad jurídica, en la que el oportunismo, antes que los principios, podría ganar terreno.

Está claro que la devaluación del órgano heredero de la actual Corte Suprema de Justicia no queda ahí. Ya no será el representante del Poder Judicial, pues este último desaparece en el proyecto de CPE junto a la desaparición de la división e independencia de poderes, para dar lugar a diversos órganos jurisdiccionales que ni en conjunto constituyen poder estatal alguno.

De igual forma, la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para resolver recursos de casación y nulidad queda restringida a los "casos expresamente señalados por ley", abandonando la mención de la Constitución actual y que engloba a la totalidad de casos de la jurisdicción ordinaria y administrativa.

Y ¿cuáles son los casos expresamente señalados por ley? Para encontrar respuesta definitiva a esta interrogante no queda más que esperar la Ley del Órgano Judicial que aprobaría el nuevo Parlamento (Asamblea Plurinacional); lo que resulta impropio para un verdadero Tribunal Supremo y que, como tal, debiera tener precisadas sus competencias en la propia Ley Fundamental.

Todo ello generaría un periodo de incertidumbre durante el cual los/las ciudadanos/as, ante la ausencia de adecuados preceptos constitucionales, no tendrían certeza de qué realmente pueden esperar de un Tribunal de máxima instancia devaluado.

Finalmente, el Artículo 179º, del proyecto de CPE que analizamos, hace referencia a que la potestad de administrar justicia se sustenta en ciertos principios, entre los que menciona el de "seguridad jurídica". Pero, vaya manera de honrar tal principio.

Así cómo, vaya manera de honrar uno de los principios ético-morales que se insertan en el proyecto de CPE a nombre de la sociedad plural: Ama llulla; porque de Tribunal Supremo sólo queda el título.

El autor es abogado y ex dirigente obrero

(http://libertadesdemocraticas.blogspot.com/)


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