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Regulación y precios

Por Luis Christian Rivas Salazar - Columnista - 13/05/2009


La idea es establecer un marco institucional que no ofrezca obstáculos a la progresiva acumulación de nuevos capitales, el capital es la sabia que ofrece progreso tecnológico para la producción

El Decreto Supremo Nº 0065 del 3 de abril del presente año en su Art. 1º dice que el Ministerio de Justicia mediante el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor tiene por objeto normar la defensa, la protección efectiva y la promoción de los derechos de los consumidores y usuarios, así como establecer los procedimientos para la admisión, gestión y seguimiento de las denuncias por incumplimiento de normas y regulaciones en la prestación de servicios y suministro de productos, tanto del sector regulado, como del no regulado, con la finalidad de contribuir al Vivir Bien (¿?).


El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Fernando Fuentes, dijo que su oficina no buscará sancionar, sino canalizar las denuncias hacia las nuevas autoridades que cumplen las funciones de regulación de las extintas superintendencias, es decir que cumplirá las tareas antes ejecutadas por las Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) de las superintendencias del Sirese.


Según el diario La Razón, Claude Bessé, el primer superintendente que tuvo el Sistema de Regulación Sectorial (Sirese), manifestó que la incorporación de estas entidades al Ejecutivo: “significa que ya no habrá regulación alguna, porque no se puede ser juez y parte al mismo tiempo”. Mientras los empresarios privados, representados por Gabriel Dabdoub, temen la “politización total” de las superintendencias cuando las mismas pasen a ser direcciones de los ministerios.


Con la promulgación del Decreto Nº 0065, el Ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, dijo que el D.S. 21060 había sido enterrado, ya que el control de los precios es un hecho, y con la mayor intervención del Estado en los procesos de la libre oferta y demanda se pretende alcanzar a las personas naturales, empresas privadas, comunitarias, públicas, mixtas y otras que realicen actividades de producción, importación y comercialización de bienes y servicios…Es decir, a todos.


Los analistas Carlos Salinas y Fernando Rojas, que escribieron el artículo: “Consumidores. Un decreto busca protegerlos; hay incertidumbre”, manifiestan que nada cambia. Tal parece que la realidad dista mucho de lo que puede o no decir un decreto. Al mismo tiempo, el Colegio de Economistas de Bolivia indicó que la libre oferta y demanda sigue vigente y que la regulación del Estado se limita a la creación de bandas de precio, pero sólo para algunos alimentos que se exportan.


Lo cierto es que existe incertidumbre, por ejemplo el D.S. Nº 0071 no considera el Artículo 299 de la llamada Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), que establece que los servicios de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones son competencias compartidas entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Este decreto sólo se limita a organizar un “Consejo” que demuestra la tendencia política centralista y autoritaria. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), ex Superintendencia de Telecomunicaciones (Sittel), en base a la llamada NCPE debería adecuar sus funciones en un marco de autonomías, otorgando la responsabilidad de organizar, planificar y ejecutar proyectos para el crecimiento del sector, a un “Consejo” conformado no sólo por las autoridades cabeza del sector o 2 representantes de organizaciones sociales y/o de usuarios (¿Quién los elegirá?), sino más bien a un equipo multidisciplinario técnico/político de representantes de prefecturas, gobiernos municipales, sector académico, empresas, usuarios y no usuarios, por ejemplo.


Es probable que de esta manera, en un marco de autonomías funcione lo que se viene llamando: “fiscalización y control social”, si es que existe algo como eso, un ejemplo malo es Semapa y un buen ejemplo tal vez sea el Consejo Departamental de Competitividad de Cochabamba. La idea es distribuir el poder y transparentar de mejor manera todas las actividades.


De todos modos, existe escepticismo sobre las “buenas intenciones” del Estado en cuanto a los cambios en la regulación y la supuesta defensa del consumidor, tal parece que se extienden los mecanismos de control progresivo, rumbo al absolutismo, que quiere tener el Estado sobre toda la economía.


A principios del siglo XX, Ludwing Von Mises se preguntaba: ¿Cómo lleva al socialismo la regulación de precios?, y nos explicaba que cuando el gobierno cree, por ejemplo, que el precio de la leche es demasiado alto, pretende que el pobre sirva a sus hijos más leche, en su intento, fijará un precio tope para la leche, menor al que prevalece en el mercado libre. Por lo que, los lecheros marginales, que producen a un costo elevado, se verán obligados a producir con pérdidas. Nadie, en su sano juicio, produce para perder, por lo que, el lechero, se verá obligado a dejar de producir y vender leche en un mercado controlado, preferirá realizar otra actividad más provechosa. Por lo tanto, habrá menos leche para la población.


El Estado intervencionista, como dice Mises, no admite su fracaso, y, no se abstiene de manipular los precios, sigue adelante fijando los precios de los factores de producción que se requieran para producir leche. Después de la I Guerra Mundial, los alemanes pusieron tope a los precios de artículos de consumo de primera necesidad, el plan Hindenburg, donde la fiscalización de precios desencadenó en un fracaso, que arrastró una ola de decretos tras decretos, que buscaban que funcionasen los decretos iniciales. Del mismo modo, el gobierno emite decretos que anulan, modifican, reemplazan decretos anteriores sin los resultados que se esperan inicialmente.


La idea es establecer un marco institucional que no ofrezca obstáculos a la progresiva acumulación de nuevos capitales, el capital es la sabia que ofrece progreso tecnológico para la producción.


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