Déficit de transparencia

Así como está demostrado —y también establecido en el ordenamiento legal—, que las instituciones públicas necesitan de una adecuada fiscalización por parte de entidades competentes para su buen funcionamiento, también se ha evidenciado que las condiciones de su desempeño mejoran cuando lo hacen en el marco de una política de transparencia.

En el caso del sector privado resulta obvio que quienes se encuentran administrando recursos que no son suyos, deban estar bajo una permanente supervisión y evaluación. De hecho, actualmente en el escenario de la globalización sólo las empresas privadas que cuentan con sistemas de administración integrados que, a su vez,  alimentan en línea a los correspondientes sistemas de información gerencial, pueden alcanzar suficientes niveles de competitividad, ya que deben estar en condiciones no sólo de captar oportunamente información sino también de procesarla y responder a tiempo.

En ese sentido, el desempeño de las instituciones —independientemente de su carácter privado o público—, depende de la administración y el control de flujos de información; la ausencia de éstos o la existencia de desfases o insuficiencias se convierte en un factor que explica su ineficiencia e ineficacia.

Así, la transparencia de la información generada por las entidades públicas o empresas privadas, en sus correspondientes ámbitos, se constituye en una condición básica para su buen funcionamiento. ¿Cómo podrían ser colocadas las acciones de una empresa en la bolsa de valores, si ésta no es transparente respecto de su situación contable? ¿Cómo podría un ciudadano común —en condición de usuario de los servicios prestados por el Estado—,  realizar el seguimiento de sus trámites en una entidad que no tiene sistemas de información o que sus funcionarios se niegan a atender sus reclamos?

Desde esa perspectiva, no cabe duda de que el acceso a la información pública se convierte en un derecho básico de las personas y, simultáneamente, en una condición imprescindible para el desempeño mismo de las entidades y/o empresas involucradas.

Al respecto, llama enormemente la atención el informe sobre una reciente encuesta realizada para la Fundación Jubileo, donde se establece que el acceso a la información consultada en una institución pública para casi dos terceras partes de la población encuestada  (62%), de 11 ciudades urbanas y rurales del país, fue difícil, no fue fácil o no pudo acceder a la misma.

Se trata de un nivel de percepción que pone de manifiesto la situación precaria en que se encuentran los sistemas mismos de las instituciones públicas así como las actitudes e idoneidad de los correspondientes funcionarios públicos involucrados.

Asimismo, las personas al ser consultadas sobre si las instituciones públicas deberían brindar información libremente, el 90%  aseguró  que sí deberían hacerlo. De esa forma, queda claro que la gente está consciente de la importancia del acceso a la información y de la imposibilidad de ejercer este derecho fundamental.

Esta omisión devela el estado en que se encuentra una gran cantidad de entidades públicas y, simultáneamente, que el mismo afecta su propio desempeño así como el de las personas naturales y jurídicas que dependen de sus servicios. ¿Quién vela el cumplimiento de las normas vigentes sobre el derecho al acceso a la información en las entidades públicas del país?

El autor es docente universitario
jorgetorresobleas@hotmail.com

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