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La nueva pirámide jurídica

Por Henry A. Pinto Dávalos - Periodista Invitado - 27/05/2009


Cuando se revisan detenidamente los más de 400 artículos de la Nueva Constitución, se encuentran, sin lugar a dudas, temas realmente interesantes, dignos de consideración por las consecuencias que se podrían derivar de ellos y que muchas veces no se les asigna el mérito correspondiente, como es el referido a la  reconfiguración de la estructura normativa existente en nuestro país, término usualmente conocido dentro la jerga académica como la “pirámide jurídica de Hans Kelsen”.


En efecto, los estudiosos del derecho, atribuyen indebidamente al profesor Hans Kelsen la creación del término de “pirámide jurídica”, a la referencia organizacional de las normas jurídicas que se hacen dentro un Estado, asignando a la Constitución Política —fuente de validez del resto del ordenamiento— el primer lugar en la organización jurídica del Estado, derivando de ella, no sólo las leyes sancionadas por el Congreso, sino también los decretos supremos, las resoluciones ministeriales, etc. en estricto orden secuencial, de modo tal que la estructura jurídica de un Estado, constituya un todo jerárquico y armonioso, donde la validez de una norma, se mide por su relación con la inmediata superior.


En el pasado, concretamente en el Art. 228 del derogado texto constitucional, Bolivia contaba con una pirámide jurídica “clásica”, reflejo de la organización unitaria y centralista del Estado, donde se ubicaba primero a la Constitución, luego a la ley y así sucesivamente una serie de normas, que guardaban relación estricta de acuerdo al órgano del cual provenían, en una clara muestra de la forma cómo se organizaba el Estado y la forma cómo los ciudadanos debíamos entender nuestra organización política.


En el caso concreto, se tiene que el derogado artículo 228, es reemplazado por las previsiones contenidas en el Art. 410 de la Nueva Constitución, norma que tiene el gran mérito de reconfigurar nuestra organización jurídica y reflejar la trascendencia del tema autonómico en nuestro futuro inmediato, por cuanto se reconoce expresamente que a partir de la constitución de los gobiernos locales, las disposiciones dictadas por éstos y las contenidas tanto en las Cartas Constitutivas, los Estatutos Autonómicos y el resto de la legislación departamental, tendrán mayor valor y eficacia jurídica que, por ejemplo, los decretos supremos emitidos por el Gobierno Nacional.


En otras palabras, lo que hace el Art. 410 de la Nueva Constitución, es reconfigurar una nueva pirámide jurídica, de corte “autonómica”, reflejo de la nueva organización política del Estado Plurinacional de Bolivia, reconociendo expresamente que los gobiernos locales, calificados como “gobiernos subnacionales” por el Ministro  de Autonomías Carlos Romero, cobrarán una marcada relevancia, al punto tal que de acuerdo al citado artículo 410, las disposiciones emitidas por los gobiernos departamentales, serán de aplicación preferente a las emitidas por el mismo gobierno central.


Otro elemento importante que se debe destacar del tema que se comenta, es el referido a que la nueva “pirámide jurídica” de Bolivia, por vez primera, reconoce e incorpora los tratados internacionales, asignándoles una fuerza mayor a las leyes ordinarias, afirmando de acuerdo al Art. 256 inc. 1) de la Constitución, que cuando de derechos humanos se trate, los tratados internacionales deben ser aplicados de modo preferente, lo cual nos muestra que si bien existen ciertos aspectos que pueden ser cuestionables de la Nueva Constitución, empero, existen también avances significativos, señales claras de un nuevo tiempo y de la configuración también de un nuevo Estado.

El autor es miembro de la Asociación Boliviana de Ciencia Política


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