Honduras a contrarreloj

Sólo queda esperar y ver qué sucede con las negociaciones en las que participa, esta vez solo como invitado, el chileno José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, después de haber fallado en la primera intención de intermediación

Aunque se diga que se trataba solamente de una consulta con el pueblo en la intimidad (prohibida por la Constitución hondureña), sin posibles maniobras que llevaran a utilizar su resultado como herramienta política, el (ex) presidente de Honduras, Manuel Zelaya, intentó también pasar su poder por encima del dictamen judicial que le prohibía convocar a referéndum la cuestión reelectoral de su mandato. Por ello, y por la forma grotesca en la que se procedió para deponerlo “es muy difícil identificar a los demócratas en esta historia” señaló, Susanne Gratius, especialista para Latinoamérica del think tank Fride en su entrevista para la revista española Actualidad Económica.

A pesar de que para el presidente venezolano Hugo Chávez, y para sus seguidores, el imperio de la ley es un obstáculo que con un efectivo juego de palabras en contra del imperialismo puede salvarse, el dictamen judicial hondureño tiene fuentes explícitas incuestionables. Sólo hace falta revisar el blindaje legal que refuerza la no reelección en la Constitución hondureña.

El artículo 4 señala “La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria”, y prosigue “La infracción de esta norma constituye delito de traición a la Patria”; el 42 es todavía más duro, dispone que la calidad de ciudadano se pierde por “incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de la República”; ni qué decir del 374: “No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior, el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser presidentes de la República por el período subsiguiente”. No es difícil advertir que la Constitución hondureña sigue los lineamientos de quienes ven más peligros que ventajas en la continuidad del mandato presidencial. Y no parece ser por capricho. Los sistemas presidencialistas, como el hondureño, tienen rasgos comunes casi en toda Latinoamérica; caracterizan a gobiernos con reducidos incentivos para el consenso, con facilidades para incurrir en la arbitrariedad por el déficit de control parlamentario efectivo, y se les reconoce la tendencia a manipular el poder como ventaja electoralista, entre otros aspectos.

En Honduras no puede ni murmurarse la reelección. Caracas podría haber nominado mejor a su elegido, pero ni cambiar de aliado ni promover la salida pactada al conflicto parecen ser opciones válidas a estas alturas. Carlos Malamud, reconocido analista e investigador principal en el Real Instituto Elcano, de Madrid, apuntó hace un par de semanas en el semanario Pulso de Bolivia, que quien menos deseaba una salida pactada al conflicto era el presidente venezolano Hugo Chávez, porque la firma del Pacto de San José (auspiciado por Estados Unidos y elaborado por el Premio Nobel y actual presidente de Costa Rica, Óscar Arias), significaría no únicamente restituir a Manuel Zelaya en la presidencia de Honduras sino también significaría cerrar toda posibilidad de consulta dirigida a tocar el tema de su reelección y, por ende, cerrar a Honduras las puertas del bolivarianismo. En el peor de los casos, una salida distinta que incorpore, por ejemplo, la invasión de tropas extranjeras para reponer a Zelaya no solo conllevaría una situación de enfrentamiento fatídica, también permitiría a Zelaya abstenerse de firmar el no a su reelección, e ir  por ella.

Por su lado, a Micheletti y al gobierno de facto que dirige extrañamente con soporte parlamentario mayoritario, el restablecimiento del Presidente es un riesgo que no merece la pena correr. El giro abrupto que dio Zelaya a sus dos años de mandato en contra de su propio partido, el liberal, para aliarse con Hugo Chávez en su Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), bloquea como antecedente su disposición a flexibilizar su posición sobre el punto uno del Pacto de San José, que implica la restitución inmediata. Sin embargo, su postura parece estar perdiendo fuerza debido a que su gobierno está siendo duramente cuestionado con denuncias sobre derechos humanos, saturado de presiones internacionales y furiosamente sacudido por las movilizaciones pro Zelaya. Una situación que va yéndosele de las manos.

Sólo queda esperar y ver qué sucede con las negociaciones en las que participa, esta vez solo como invitado, el chileno José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, después de haber fallado en la primera intención de intermediación. Es probable que Micheletti esté tomando a ritmo lento todo el tiempo en su favor, no ya para convocar a elecciones en noviembre sino para evitar que Zelaya restablecido tenga tiempo para intentar su “consulta” antes de las próximas elecciones presidenciales, porque si Honduras no ve elecciones en noviembre podrían desatarse todavía mayores problemas.

¿Estaremos a las puertas del referéndum inconstitucional más veloz de la historia de Latinoamérica? El tiempo lo dirá.

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