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¿Quién es quién en Colombia?

Por Guido R. Peredo Montano - Columnista - 12/09/2009


En una región donde la prensa cada día crea santos y demonios, es peligroso que los políticos duerman con su predador natural; tarde o temprano, la prensa terminará tragándose a la presa

Chile es un ejemplo (no perfecto) de un país donde el periodismo es serio. Allí el periodista no dispara a “quemarropa” contra nadie. Denuncias infundadas sin pruebas y sin contraparte no tienen espacio en la prensa. Quiero pensar que a eso se refería el presidente Álvaro Uribe cuando, en medio de la última reunión de Unasur dijo; “hay que aprender mucho de Chile”. Es que en Colombia hay una política de “desinformación oficiosa institucionalizada” respecto al conflicto y a sus verdaderos actores. Para la Corte Suprema colombiana el uribismo fundó y apoyó económicamente a los paramilitares desde que Álvaro Uribe Vélez era gobernador en su natal Antioquia. Hay 77 parlamentarios uribistas procesados y otros 30  encarcelados por corrupción, narcotráfico y por su responsabilidad en 30 mil asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.

Según un informe de la Agencia de Inteligencia Norteamericana, (U.S Defense Intelligence Agency) con fecha 23 de septiembre de 1991, el senador y ahora presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez estuvo vinculado al cártel de Medellín, con el cual realizó negocios de cocaína y contrabandeó drogas a Estados Unidos. El Documento denominado “confidencial” lleva el código No. 166 de la Universidad George Washington. Titula “Colombian Narco-Trafficker Profiles (U). En su primera página dice: “Este reporte provee información de los más importantes traficantes contratados por los cárteles colombianos para transporte, seguridad y distribución de cocaína”.

En el reporte figuran criminales como Juan Jairo Vázquez, alias “Popeye”, Pablo Escobar y Luis Fernando Londoño. Uribe tiene asignado el número 82 en la lista de 103; es catalogado como de “los más peligrosos”. Este informe duerme en un estante de la Universidad George Washignton, cinco años desde que fue  desclasificado, sin que la “prensa oficial” se interese por él. Pero hay más. El informe liga directamente a Uribe con el cártel de Pablo Escobar. En la página 10 (traducción textual) dice: “Álvaro Uribe Vélez, político colombiano, dedicado a colaborar en altos niveles políticos al cártel de Medellín. Su padre murió en un ajuste de cuentas entre narcos”. Este último párrafo del informe contradice  la versión que “vendió” Uribe al mundo, quien culpa a las FARC por asesinar a su padre en 1983. En la página 11 del reporte dice: “Uribe participó en la campaña para conseguirle a  Pablo Escobar un puesto de asistente personal para el parlamentario Jorge Ortega. Sobresale un  párrafo donde se indica que: “Uribe fue uno de los políticos, que desde el Senado, se opuso férreamente a la extradición de narcotraficantes de Colombia a EEUU”.

Según el colectivo de abogados de Colombia, familiares de Uribe están procesados por extorsionar a opositores para lograr apoyo en su segundo mandato. El pasado 20 de agosto el juez Julio Enrique Socha, presidente la Sala Penal de la Suprema, quien investiga relaciones del gobierno con la narco-política, denunció que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) lo persigue y lo amenazaron con “hacer desaparecer a su familia”, si continuaba investigando el caso.  La  prensa no le cedió espacio; todo se filtrí, vía Internet.

El gobierno de Uribe impulsó la ley Justicia y Paz, según la propia justicia colombiana, sólo perdona y no castiga a los “paras” por miles de crímenes cometidos.  Bush pidió la extradición de algunos, por estar acusados de contrabandear drogas a EEUU. Entre ellos el ex jefe de los “paras” Salvatore Mancuso quien confesó detalles de masacres coordinadas con el ejército. Las declaraciones de este criminal, hoy en una cárcel de Miami, duraron meses (de marzo a junio de 2008) en Bogotá; pero la TV bombardeaba con fútbol. La Corte Suprema se opuso a la extradición de estos criminales, porque eran testigos clave contra parlamentarios uribistas. Pero el ejecutivo ordenó “extradicion inmediata”.

Mancuso, en entrevista con la cadena CBS ratificó sus denuncias y añadió: “A nosotros nos pagaron bananeras,  petroleras,  empresarios norteamericanos, políticos y hacendados para proteger sus propiedades”. Además, sentenció, “Controlábamos decenas de municipios en áreas rurales y en todas las elecciones obligamos a las comunidades a votar en favor de Uribe, pistola en la nuca”. Las investigaciones judiciales conocidas por el Departamento de Justicia norteamericano, indican que cientos de sindicalistas, indígenas y políticos de oposición fueron ejecutados selectivamente. Tuvo que ser el Washington Post quien denunció (el 17 de mayo pasado) en un reportaje firmado por Juan Forero que “varios testigos indican que el ejército y “paras” reclutaban gente en comunidades indígenas, los disfrazaban de guerrilleros y los ejecutaban”. Muchas de estas acciones, dice el reporte, “fueron atribuidas por el gobierno,  a las FARC”. 

Dos ejecuciones en masa, admitidas por Mancusso y otros jefes “paras” cobran notoriedad. Una en Santo Domingo, ocurrida el 13 de noviembre de 1998; otra en mayo de 2006, en la comunidad Jamundi. Las investigaciones indican que ráfagas de ametralladora y bombas de fósforo se dispararon desde  helicópteros abatiendo a decenas de niños, mujeres y ancianos. Fuente: (Informe Colectivo de Abogados de Colombia, Center for International Human Rights y la University School of  Law, Washington DC, 18 de abril de 2003).

La justicia colombiana sostiene que los helicópteros partieron de Palenquero con un plan concreto. La base Palenquero  recibe apoyo desde la era Clinton. (www.cidh.org).  La masacre en Jamundi es un caso concreto y evidente de que el ejército y los “paras” protegen al narcotráfico.

Ese 22 de mayo de 2006, policías antinarcóticos hacían un operativo en la finca Potrerito, municipio Jamundi, departamento Valle del Cauca; pero  terminaron degollados por una patrulla militar del Batallón Farallones. Un testigo identificó plenamente a “paras” y “narcos” entre los militares. Con las elecciones encima, Uribe nuevamente culpó a las FARC por el hecho. La noticia llegó, vía DEA, a Washington DC., donde congresistas pidieron investigar el caso. La Policía colombiana ratificó la versión del testigo. Claro, la versión del gobierno  se impone en la prensa colombiana y regional, mientras organismos de derechos humanos en EE.UU, Europa  y la Corte Suprema colombiana intentan denunciar al mundo que los “paras” y sectores del uribismo son responsables del 60 por ciento de los 14 mil  asesinatos registradas (solo) en 2008. Pero la prensa incauta, prefiere dar espacio a la verborrea de Chávez.

En junio pasado, la TV norteamericana mostraba una y otra vez el rostro desconsolado de Álvaro Uribe, tras escuchar la posición clara de Obama, respecto a un tercer mandato. “Dos gestiones son suficientes… en EEUU dos periodos funcionan… tras 8 años… la gente quiere un cambio”. En esta ocasión el Post defendió a Uribe, en su  editorial del 25 de junio, por el trato “poco cordial” que recibió. Esperó horas en el salón Oval. Al Gore, rehusó estrecharle la mano. El agravio fue aplaudido por Nancy Pelosi y  senadores demócratas de gran peso. Anoticiado de los hechos, el vicepresidente Francisco Santos apresuró una conferencia de prensa en Bogotá. El diario El Tiempo y otras 11 cadenas de TV. y radio pertenecientes al “círculo cerrado” del gobierno publicitaron la “metida de pata” de Santos; quien dijo: “El trato que  dan a los diplomáticos colombianos en el mundo es indignante. En todo foro y audiencia en Estados Unidos recibimos trato humillante. El Plan Colombia no va más”, sentenció.  Pero Santos no sabía, o peor, no le comunicaron, que Uribe tenía una carta bajo la manga. Ofrecer la base  Palenquero como “alternativa inmediata” a la base Manta (Ecuador) al Comando Sur.

Pero el pasado 22 de agosto la Corte Suprema denunció (una vez más) que la   persecución y amenazas de muerte no cesan contra el Poder Judicial y contra jueces que investigan las relaciones del uribismo con narco-paramilitares. Mientras la prensa hacía tragar fútbol y apoyaba un show mundial contra Chávez. No sólo eso. La primera semana de septiembre el ex presidente J.

César Gaviria, desde Cúcuta, aseguró que el DAS fue convertido en una máquina criminal por Uribe y que  está cerca de ser un dictador. Las  eliminatorias opacaron sus denuncias.  En una región donde la prensa cada día crea santos y demonios, es peligroso que los políticos duerman con su predador natural; tarde o temprano, la prensa terminará tragándose a la presa.  En el café del Club Nacional de la Prensa, aquí en Washington DC., los colegas dicen; “Los demócratas saben, perfectamente, quién es quién en Colombia, en Venezuela y en Bolivia”.

El autor es miembro de la Asociación de Periodistas Hispanos, Washington DC.


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