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El refugio político

Por Albarracín Sánchez Waldo - Periodista Invitado - 4/05/2010


El refugio político es una institución antigua que sigue siendo un instrumento eficaz para proteger los derechos de personas que por diversas razones son víctimas de persecución política, religiosa o de otra índole, circunstancia ante la cual, en aras de proteger su vida, libertad o seguridad, suya y la de su familia, salen de su territorio hacia otro país procurando que las autoridades del Estado receptor adopten medidas para hacer efectiva la protección impetrada.

La historia de la humanidad está caracterizada por acciones violatorias de derechos, en las que solían incurrir quienes ejercían poder, en contra del adversario político o hacia los que profesaban una religión diferente a la reconocida oficialmente, de modo que el quedarse en el lugar implicaba para la víctima el riesgo de perder la libertad, incluso la vida, en el contexto de la vigencia de la intolerancia política o religiosa.

Ante la necesidad de crear un instrumento protectivo a favor de miles de refugiados en el mundo, el sistema de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios a convocatoria de la Asamblea General de la ONU. El texto de marras entró en vigor el 22 de abril de 1954, dicho instrumento jurídico es de efecto vinculante en Bolivia al ser el Estado boliviano parte del mismo; en ese entendido, corresponde a nuestras autoridades adoptar los recaudos para otorgar a toda persona refugiada que se encuentra en territorio boliviano y tiene esa condición, la protección a su vida, libertad, seguridad, así como el goce a plenitud de sus derechos fundamentales, toda vez que al ingresar a nuestro territorio una o más personas buscando refugio, nace la obligación ineludible de implementar dichas medidas protectivas, en el entendido de que un ciudadano extranjero que prácticamente huye de su país ante una inminente afectación de sus derechos, pretende que las autoridades del lugar donde llega se comporten con un mínimo de solidaridad, espíritu humanitario y vocación de justicia, y que lo que menos podrían o deben hacer es detener a la persona, expulsarla o enviarla al país de origen. Al respecto, el artículo 33 del instrumento internacional prohíbe la expulsión o devolución hacia el Estado de origen de la persona solicitante de refugio.

En atención a los antecedentes expuestos, resulta por demás incoherente que el actual Gobierno haya promovido la detención arbitraria de un refugiado político, estando consciente de la obligación ineludible que se tiene de proteger y garantizar la plena vigencia de los derechos de las personas que tienen esa condición y radican en Bolivia, me refiero al ciudadano Francisco (Pacho) Cortés. Lo más delicado del caso es que la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), instancia creada precisamente para atender, deliberar y resolver temas relativos a los derechos de los refugiados, actúe convalidando los atropellos en que incurrió el Gobierno. Es oportuno mencionar que el art. 29 de la Constitución Política, en su parágrafo II, define que Toda persona a quien se haya otorgado en Bolivia asilo o refugio, no será expulsada o entregada a un país donde su vida, integridad, seguridad o libertad peligren. Es decir, nuestra Constitución coincide con lo establecido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, ambas normas son compatibles y complementarias, resultando por ello peligroso ignorarlas. En el caso al que hacemos referencia, el ciudadano Francisco Cortés debe merecer la protección del Estado boliviano, máxime si dicha persona durante el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada ya fue víctima de atropellos a sus derechos al inventársele figuras delictivas, promover una acción penal, sin un mínimo de pruebas que la respalden. El actual Gobierno debe evitar incurrir en conductas similares a la de anteriores regímenes, máxime si se considera distinto a ellos.

El autor es activista en Derechos Humanos


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