La preguntita: estito ¿cuantito cuesta?

Retomo esta columna haciendo eco de una preguntita popularmente imprescindible cuando de satisfacer aspiraciones, necesidades y planes de inversión y gasto se trata. Su pertinencia es indiscutible cobrando particular importancia a la hora de abordar asuntos de interés público como la reforma estatal,  las autonomías y  la mismísima democracia intercultural proclamada por el gobierno. No hay duda,  además de valores y costos intangibles, la construcción de democracia también cuesta y tiene un precio imposible de subestimar a tiempo de pensar la gobernabilidad, el bienestar y el progreso sostenible de la población. 

Es una preguntita que nadie se hizo a tiempo de imaginar el nuevo Estado durante las tortuosas deliberaciones de la Asamblea Constituyente. Ahora cae de madura, justamente cuando la capacidad de gestión gubernamental cobra relevancia por encima de las vitaminas simbólicas y discursivas del  denominado proceso de cambio en toda la variopinta gama de interpretaciones que inspira. Y es que, a estas alturas, la respuesta correcta a una pregunta clave pasa por conjurar la conspiración, ya no de la derecha, de Usaid, ni de los infiltrados tan en boga, sino de la terca realidad interna y externa del país que coloca paños fríos a la radicalidad oficial. 

A principios del año 2009, a vuelo de pájaro Roberto Laserna estimó que aplicar la nueva Constitución podría costarle a cada boliviano adulto unos $us.1.900, en la próxima década. Lo grave es que 18 meses más tarde  la preguntita en cuestión aún no tiene respuesta, aunque las facturas comienzan a llegar así como las fracturas por las pugnas de poder y por acceder a recursos no se dejan esperar.

El gobierno tiene hoy la obligación de perfilar y concertar un plan financiero no sólo de la puesta en marcha de los órganos del Estado Plurinacional sino ante todo de la construcción del Estado autonómico hipercomplejo con los mundialmente inéditos cuatro niveles de gobierno constitucionalmente reconocidos, a los que podríamos añadir de contrabando a las regiones cuyas élites no se resignan a funcionar como híbridas referencias para la  planificación.

El menú autonómico está servido y lejos de enfriarse se calienta. Sin mencionar las autonomías municipales e indígenas debe garantizarse el funcionamiento de nueve gobernaciones con sus respectivas Asambleas Departamentales, cuyos 269 representantes electos  demandan recursos coherentes con su nuevo status e investidura.

El  pacto fiscal fue postergado ante la falta de coraje y ausencia de condiciones políticas para de una vez tomar al toro por las astas precisando límites y procedimientos efectivos para transferir recursos y competencias. Quizá nunca llegue o lo haga a tropezones. Lejos de generarse condiciones para ello, el creciente malestar social hace prever que los pliegos petitorios y las movilizaciones cívicas y sectoriales serán irrefrenables condimentando la conflictividad e ingobernabilidad nacional.

Lo notable es que lejos de mirar el desarrollo y el territorio con ojos del Siglo XXI, las agendas departamentales son localistas y se anclan en una visión de desarrollo del Siglo XIX. Atrapado en un desarrollismo anacrónico el mismo gobierno improvisa con serios déficits en la gestión política, técnica y administrativa. Encandilado por la bonanza fiscal promete inversiones millonarias, lo peor es que no cambia el “chip mental” de la vieja política al despreciar la racionalidad irrefutable de la preguntita que inspira estas líneas.

La autora es psicóloga y ex parlamentaria

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