Columnistas

Domingo 21 de diciembre del 2014. Actualizado a las 17h53 (Gmt -4)

Buscar en lostiempos.com

Ed. Impresa Puntos de Vista

Ley Avelino Siñani, ley educativa centralista

Por Adrián Conti Pérez - Periodista Invitado - 7/12/2010


En esencia, la Ley de Educación es conservadora y está anclada en los atávicos vicios del sistema educativo boliviano. Esta norma refuerza la tendencia estatista en desmedro de la participación de la sociedad civil y el respeto de sus derechos, el centralismo y el inmovilismo del estamento docente.

El Órgano Ejecutivo ha remitido al Legislativo el proyecto de ley educativa Avelino Siñani-Elizardo Pérez. Con la falta de independencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es prácticamente un hecho que se aprobará la norma tal cual viene instruida desde el palacio de gobierno.

Sería intelectualmente deshonesto decir que todo su contenido es malo, ya que posee elementos positivos. Asimismo, recoge ciertos postulados de la anterior ley de Reforma Educativa (la 1565) como la interculturalidad y el plurilingüismo, la enseñanza de las lenguas originarias, la participación popular (ahora participación social comunitaria), la estructura del sistema educativo, la evaluación y acreditación de las instituciones educativas, las formas de atención, la conformación de los consejos educativos de los pueblos originarios (cepos), etc.

Entre los puntos novedosos podemos encontrar desde el interesante concepto de intraculturalidad y el ambiguo de “educación descolonizadora” hasta dislates como que la educación debe ser “antiimperialista” o “despatriarcalizadora”. También nos encontramos con planteamientos como la homologación o reconocimiento de los conocimientos empíricos adquiridos por las personas en el ejercicio de su trabajo; la aparición de las universidades indígena, militar y policial; el reconocimiento de las unidades educativas de convenio y la formación docente hasta el nivel de licenciatura, por citar los más destacados.

Sin embargo, en esencia se trata de una ley conservadora y anclada en los atávicos vicios del sistema educativo boliviano. Tres elementos cruciales confirman esta afirmación: la tendencia estatista en desmedro de la participación de la sociedad civil y sus derechos, el centralismo y el inmovilismo del estamento docente. En esta primera parte del análisis me detengo en la primera tendencia.

Es sabido que el partido de gobierno junto a sus aliados en las confederaciones de maestros y en las organizaciones de pueblos originarios poseen una raigambre marxista de viejo cuño que ensalza al Estado como el supuesto benefactor de la población y que le soluciona todas sus demandas; un Estado que ejerce tutela sobre la sociedad civil (considerándola poco menos que incapaz) y que pretende inculcar en ella una visión unificante, lejos de una visión democrática y de pluralidades. En este sentido, los principales gestores de esta ley, en lugar de alentar y aprovechar las iniciativas educativas surgidas en la sociedad civil, a duras penas las toleran, es más, las consideran una amenaza al modelo de Estado que desean imponer y por eso este proyecto de ley impone medidas como:

La monopolización de la tuición del sistema educativo (art. 71), olvidando que la Constitución Política del Estado reconoce también esta prerrogativa a la sociedad (art. 77 II de la CPE).

Los institutos y academias de bellas artes de todo el país pasan a depender del nivel central (Ministerio de Educación).

Las direcciones departamentales de educación (ex seducas) dejan de depender convergentemente del Ministerio y de las gobernaciones (antes prefecturas) y pasan a depender únicamente del Ministerio (art. 78).

El Estado monopoliza la formación docente contra el derecho de la sociedad civil de generar propuestas educativas (art. 35 y 36 y disposiciones transitorias séptima y octava).

Las universidades privadas encuentran mayor dificultad y burocracia para abrirse o para continuar funcionando (art. 59.1).

Las universidades privadas no podrán recibir recursos públicos, limitándose una rica experiencia de interacción Estado-universidades que se da en otros países (art. 59.3).

Las universidades privadas, para implementar programas con universidades extranjeras, deberán contar primero con autorización del Ministerio (art. 66.2). Lo ideal sería que el Ministerio supervise estos programas pero no ponerles trabas burocráticas desde su inicio.

Sólo pueden existir programas o instituciones fiscales para la otorgación de licenciaturas a los técnicos medios y superiores (art. 45.2 y 49.3).

En ninguna de sus disposiciones se habla de la apertura y funcionamiento de las necesarias experiencias educativas innovadoras (antes llamadas piloto) que habitualmente se hallan ubicadas en el ámbito de convenio o privado y en menor proporción en el fiscal. Esto demuestra la mentalidad poco prospectiva e innovadora de quienes pergeñaron esta propuesta.

Los artículos destinados a favorecer la interacción creativa y propositiva entre el ámbito fiscal, el privado y el de convenio son inexistentes.

Aunque el espíritu estatista que emana del texto es mucho más explícito, éstos sólo son algunos ejemplos concretos que marcan la orientación paulatina que va mostrando esta ley hacia una mayor apropiación por parte del Estado de este bien público (es decir, del pueblo, de la sociedad) que es la educación.

El autor es maestro


Últimas noticias