La universidad pública

En Chile hay un conflicto muy serio provocado por la privatización de la educación superior, que arranca de la Constitución pinochetista promulgada en 1980, todavía vigente. Las universidades públicas ya no se sostienen con el presupuesto del Estado sino de los municipios, y sólo hay tres de ellos, los más ricos, que aportan un porcentaje descendente de alrededor del 20 por ciento, porque no hay norma que les obligue y siempre pueden alegar la atención a otras prioridades.

Algunas de estas universidades públicas tenían unidades en otros distritos, pero éstas se han atomizado porque dependen de sus respectivos municipios, y así sólo la central recibe algún presupuesto mientras las descentralizadas no reciben nada. La educación superior privada ha crecido porque es un negocio lucrativo en la medida en que es caro.

La educación superior supone un gasto de por lo menos 5.000 dólares anuales y ese hecho limita, si no elimina, el acceso a los sectores menos favorecidos. La educación superior en Chile se ha convertido en una opción elitista incluso allá donde hay estímulos, porque estos no se limitan a la universidad pública sino también a las numerosas universidades privadas. Conseguir esos estímulos impositivos, no directos, depende del número de bachilleres que aprueban el examen de ingreso y el número de estudiantes de pregrado que se gradúan profesionales.

La situación de los docentes es dramática. Se los llama “profesores taxi”, porque tienen contratos de prestación de servicios en varias universidades pero ninguna les garantiza seguridad laboral ni beneficios sociales ni otras prestaciones por antigüedad u otros conceptos que favorecían al antiguo gremio de docentes de la universidad pública.

En Bolivia, la Constitución determina que el Estado debe financiar la educación superior en las universidades públicas otorgándoles presupuesto, coparticipación tributaria y fondos del IDH. Los estudiantes tienen ingreso libre y gratuito, seguro médico, becas PAE y comedor universitario, entre otros beneficios que otorga el Departamento de Bienestar Estudiantil. Los gremios de docentes y administrativos tienen seguridad laboral, se les ha repuesto el bono de antigüedad del 100 por ciento, que había sido anulado por el DS 21060, y tienen múltiples prestaciones, en particular los beneficios sociales y el seguro social universitario, que es uno de los más eficientes del sector. En Cochabamba, la universidad pública tiene un ambicioso plan de desconcentración académica, para crear carreras en provincia, en colaboración con los municipios. Tal como en la ciudad capital, el acceso es libre y gratuito, para evitar que los bachilleres salgan de sus comunidades y las abandonen para siempre. En esas comunidades, el número de bachilleres aumenta y, en esa medida, la oferta de desconcentración abre nuevas carreras para atender a esa población juvenil y evitar así una subvención indirecta del campo a la ciudad, para costear los estudios de los bachilleres que se trasladan a la capital.

Ha aumentado el número de universidades privadas, pero algunas de éstas ofrecen, entre otras ventajas, educación superior “en anticrético”, mediante el depósito de un capital que será devuelto al nuevo profesional después de su graduación.

La educación superior en Chile responde a un modelo neoliberal; la nuestra, a un modelo social. No lo olvidemos y, sobre todo, aprendamos a valorarlo.
 
El autor es cronista de Cochabamba

En Portada