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La Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana

Por Joaquín Chacín - Columnista - 24/06/2011


El pasado 16 de junio, el presidente del Estado Evo Morales inauguró la Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana en Santa Cruz de la Sierra, una de las ciudades que sufre los mayores problemas de violencia e inseguridad en el país. La Cumbre, primera de su tipo realizada en el país hasta el momento, logró reunir por dos días a la mayoría de las instituciones involucradas en la temática y conseguir un mínimo de acuerdos para afrontar una lucha común contra éste fenómeno social de la Bolivia contemporánea.

En su discurso de inauguración, que fue más una reflexión personal, algo ingenua, sobre lo que para el presidente son las causas de la violencia y la inseguridad en Bolivia y el mundo, mostró que su Gobierno tiene una lectura ambigua del problema. La falta de especialistas en seguridad o por lo menos de profesionales cercanos a la temática dentro las instituciones públicas, impide realizar análisis serios sobre la realidad de la violencia y la inseguridad en el país, propiciando que en los círculos de decisión tan importantes, como los ministerios, se discuta el problema con apreciaciones subjetivas que reducen las causas a hechos sociales ambiguos.

La improvisación del Gobierno en las soluciones es otro tema a resaltar. La respuesta a corto plazo que se dio al problema de la inseguridad y la violencia, es el debate y la posible promulgación de un par de leyes prohibitivas: una nueva ley de Seguridad Ciudadana, que ya existe en los hechos, pero que nunca fue aplicada correctamente por las instituciones públicas competentes; otra ley sobre armas, explosivos y municiones; una sobre robo de vehículos y autopartes, que seguramente endurecerá las sanciones para el delito de robo; la otra contra el consumo y expendio de bebidas alcohólicas, determinando sanciones al consumo de alcohol a conductores, con la suspensión definitiva de la licencia de conducir o sancionar penalmente la venta de alcohol a menores de edad. Leyes que no resolverán nada por sí solas y más aun conociendo que nuestra realidad es ingeniosa para burlar las más avanzadas normas.

En el ámbito policial, se habló de lo que todos sabemos, que son los clásicos problemas de la Policía: la falta de equipos, una corrupción institucionalizada, la centralización con la que se maneja. Discutiendo sobre las mismas soluciones; fortalecimiento institucional, someterse a la rendición de cuentas públicas, impulsar la Policía Comunitaria, descentralización, etc. Cuando el verdadero problema de la Policía debe ser enfocado desde su completa reforma para adecuarse a las necesidades de la sociedad de hoy. No hacerlo implica que cualquier buena intención se corroa dentro las viejas y obsoletas estructuras policiales.

A nivel de prevención se discutió muy poco. El tema de incorporar en la malla curricular de las escuelas el tema de la Seguridad Ciudadana puede ser un paso interesante si se la enfoca desde el punto de vista de la formación cívica, el consenso de convocar a los medios de comunicación para la difusión de mensajes educativos es una buena señal que busca la cooperación público-privada, aunque queda por ver su enfoque pedagógico.

En general, el balance de la Cumbre fue positivo. Logró reunir a diversas autoridades, tanto del Gobierno central como de los órganos del Estado, gobernaciones, municipios, Ministerio Público, organizaciones sociales, Policía y Fuerzas Armadas, para discutir y enfocar propuestas hacia el “objetivo común: brindar mayor seguridad a la población y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades constitucionales”, estableciendo el compromiso de una coordinación para el desarrollo de acciones conjuntas que apoyen y efectivicen el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana.

Para lograr esta coordinación, un gran paso es poner a funcionar la propuesta de implementar Observatorios Nacionales de Seguridad Ciudadana a nivel local, departamental y nacional que arrojen información precisa y coordinen acciones para luchar contra la violencia y la inseguridad, o en el mismo camino, lograr mantener en el tiempo, la realización de cumbres nacionales para la evaluación de las políticas adoptadas y posibles nuevos acuerdos de lucha conjunta, como la ya fijada en la ciudad de Tarija el próximo mes de diciembre.

Un significativo acuerdo para lograr verdaderos avances fue la asignación de un 10% del IDH o un incremento de impuestos a las bebidas alcohólicas para la ejecución de programas en Seguridad Ciudadana según un presupuesto operativo presentado por las instituciones competentes. Se sabe que lo que no está presupuestado no está garantizado, pues ésta es una excelente oportunidad para establecer presupuestos para esta lucha.

En resumen, el compromiso realizado entre instituciones para combatir la criminalidad y garantizar una cultura de paz es digno de destacar, por lo menos en el papel. Pero, creo que lo más importante que deja la Cumbre es que la agenda sobre la Seguridad Ciudadana queda sobre la mesa de trabajo de las instituciones públicas, e instalada en la opinión pública nacional.

El autor es abogado


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