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Los derechos de cuarta generación

Por Henry A. Pinto Dávalos - Periodista Invitado - 19/09/2011


Existe casi un consenso académico al considerar que uno de los pilares centrales de la Nueva Constitución Política del Estado radica en el carácter plural del Estado, la economía y la sociedad, razón por la que tanto el Preámbulo así como el mismo Artículo 1 de la Constitución, afirman que Bolivia fue poblada “con rostros diferentes, y comprendidos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas”, expresando además que “Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.

Pese a ello, resulta vital también apuntar que otro pilar del nuevo texto constitucional radica en la incorporación –novedosa y no menos valorable– de los derechos de cuarta generación. En efecto, dentro de las reflexiones de los Derechos Humanos, se constata que las “generaciones” de los derechos, son tan solo un criterio clasificatorio de los mismos, siendo su creador el  ex  Director de la División de Derechos Humanos y Paz de la Unesco, Karel Vasak, quien –una vez indagado por un gran constitucionalista como es Augusto Cancado Trindade– reconoció que las tres primeras generaciones de derechos fueron inspiradas en la bandera francesa, es decir, en la idea de “libertad, igualdad y fraternidad”, razón por la que esta clasificación tiene inspiración doctrinal francesa.

En el caso de Bolivia, resulta pedagógico recordar que los derechos de “primera generación”, fueron positivizados adecuadamente en la Convención Nacional de 1851; los de “segunda generación” fueron incorporados en la Constitución de 1938 dando paso al Constitucionalismo Social; los de “tercera generación” en la Constitución de 1994 que a partir de los célebres artículos 1 y 171 sentaron las bases para el debate posterior sobre el carácter plural de la sociedad boliviana, reconociendo, entre otras cosas: a. Los derechos de los pueblos indígenas a su historia, tradición, costumbres y hábitos; b. El derecho a la identidad, a los valores, a los usos de las diferentes lenguas e instituciones; c. Derecho a la justicia comunitaria.

Con la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado, el 07 de febrero de 2009, Bolivia, incorpora en nuestra economía constitucional, lo que en la doctrina se conocen como los derechos de cuarta generación o derechos del desarrollo, los cuales encuentran su fuente de inspiración en la necesidad de garantizar a las generaciones futuras una razonable perpetuación de los recursos, riquezas y medios, imponiendo deberes actuales a los estantes y habitantes de un Estado, encontrando su relación directa con la Carta de la Tierra aprobada por aclamación el 5 de abril de 1992 por la Naciones Unidas y firmada en Río de Janeiro el 14 de junio del mismo año, donde se declara el derecho al desarrollo sostenible.

Así, de la revisión adecuada de la Constitución, se evidencia que la filosofía del desarrollo sostenible o sustentable, se encuentra incorporada en el Art. 342 que establece: “Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente”; el Art. 346, que afirma: “El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo sustentable del país”; o el Art. 380 que expresa: “Los recursos naturales renovables se aprovecharán de manera sustentable, respetando las características y el valor natural de cada ecosistema”.

A su turno, el reconocimiento de la filosofía del desarrollo sostenible como pilar central en el manejo de los recursos naturales y la biodiversidad en Bolivia, conlleva el reconocimiento de ciertos derechos –novedosos también en nuestra historia– como ser: a. El derecho al agua; b. El derecho de acceso a la energía  eléctrica; c. El derecho al uso y acceso a las fuentes de energía; d. Derecho de acceso al gas domiciliario; e. Derecho al uso y aprovechamiento de los recursos naturales individuales y colectivos sobre la tierra; f. Derecho a la consulta sobre temas ambientales; g. Derecho al medio ambiente y la participación en la gestión ambiental.
 
El autor es abogado


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