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El problema del Tipnis: ¿Consulta o referéndum?

Por José Antonio Rivera S. - Periodista Invitado - 29/09/2011


No corresponde realizar un referéndum popular en los departamentos de Cochabamba y Beni (…) ya que al atravesar el Tipnis se afecta directamente a los derechos humanos de los pueblos indígenas originarios asentados en el lugar, por lo que el Estado tiene la obligación de obtener su consentimiento libre, previo e informado

Luego de una brutal represión inferida por las fuerzas policiales a los indígenas que realizan su marcha en demanda del respeto a la Constitución y a sus derechos en ella consagrados, el Presidente del Estado ha anunciado su determinación de promover un debate nacional sobre la continuidad o no de la construcción del camino carretero Cochabamba – Trinidad; un debate que debe culminar en un referéndum popular realizado en los departamentos de Cochabamba y Beni.

Ante la referida determinación resulta necesario realizar un análisis jurídico constitucional.

En primer lugar, cabe aclarar que el problema de fondo no gira en torno a sí se ejecuta o no el proyecto del camino carretero que vincule a los departamentos de Cochabamba y Beni, ello está fuera de duda; lo que los pueblos indígenas del Tipnis y varios sectores sociales cuestionan es que el segundo tramo de la carretera se construya atravesando el territorio del Tipnis; ya que la construcción destruirá la selva amazónica, afectará gravemente el ecosistema y degradará irreversiblemente el medio ambiente.

Los pueblos indígenas originarios del Tipnis al expresar su oposición a la construcción de la carretera, en su tramo Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, están exigiendo el respeto y resguardo de sus derechos “a existir libremente” y “a vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas”, consagrados por el Art. 30.II.1) y 10) de la Constitución, ya que con la construcción de la carretera que atraviese su territorio están expuestos a enfrentar cambios sociales, económicos y hasta culturales, que podrán manifestarse en la pérdida de sus tierras como efecto de colonizaciones, el agotamiento de recursos necesarios para su subsistencia física y cultural, la destrucción del ecosistema y la degradación del medio ambiente, así como la desorganización social y comunitaria.

Para preservar y resguardar los derechos de los pueblos indígenas originarios el Convenio 169 de la OIT, que forma parte del bloque de constitucionalidad, ha previsto en su Art. 6.1.a) la obligación de los gobiernos estatales de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

En el mismo cometido la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su Art. 19, ha previsto que “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”. Finalmente, la Constitución, en su Art. 30.II.15) ha consagrado el derecho de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”.

De lo referido, tomando en cuenta los antecedentes del caso, se concluye que corresponde al Gobierno nacional dar estricto cumplimiento a la Constitución y a las Convenciones y Tratados Internacionales sobre derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, realizando una consulta a los pueblos indígenas originarios del Tipnis, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones, para ejecutar el proyecto en cuestión.

Sobre los alcances de la consulta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido que cuando se trate de planes de desarrollo “(..) el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de estos [pueblos indígenas originarios], según sus costumbres y tradiciones” (sentencia caso Pueblo Saramaka vs.

Surinam, de 28 de noviembre de 2007). En el mismo sentido, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en su SC 2003/2010-R, de 25 de octubre.

En consecuencia, no corresponde realizar un referéndum popular en los departamentos de Cochabamba y Beni, para consultar a los ciudadanos y ciudadanas sobre si están de acuerdo con que se construya o no el camino carretero, ya que ése no es el problema de fondo; si bien es cierto que la construcción del tramo en cuestión afectará a la población en general, ya que degradará el medio ambiente y afectará el ecosistema, no es menos cierto que el problema de fondo es que al atravesar el territorio del Tipnis afecta directamente a los derechos humanos de los pueblos indígenas originarios asentados en el lugar, razón por la que esos pueblos tienen derecho a ser consultados y el Estado tiene la obligación de obtener su consentimiento libre, previo e informado; ello en cumplimiento de las normas previstas por la Constitución y las Convenciones y Tratados Internacionales sobre derechos humanos.
 
El autor es catedrático de Derecho Constitucional

riverasa@gmail.com


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