Desacatar el desacato

El año pasado, en estas mismas páginas, publiqué un artículo sobre el (hoy) tan mentado desacato, con la idea de llamar la atención al público en general sobre esta figura que empezaba a ser utilizada cada vez con mayor frecuencia. Ingenuo yo al pensar que estaba alertando a la sociedad sobre el uso de un dispositivo que ha sido descartado en la mayoría de los países democráticos por ser violatorio de los derechos humanos. Y más ingenuo, quizá, al volver ahora a escribir sobre este mismo tema y sobre los mismos actores.

Esta vez, sin embargo, no hablaré mucho sobre el fiscal Sosa. No vaya a ser que se me escape alguna picardía y el doctor, cuya sensibilidad extrema lo hace reaccionar desproporcionadamente cuando le dicen burro, bufón o zonzo, me quiera abrir una causa cual si yo fuera senador pandino y él fiscal anti-oprobios.

Sobre el delito de desacato en sí, tampoco hay mucho más que decir. Ya la Comisión Americana de Derechos Humanos lo dijo todo desde hace un par de décadas. Aunque, para los que hasta ahora no se enteraron, entre ellos fiscales, jueces, legisladores y defensores de derechos humanos, valdría la pena que graven en su memoria lo siguiente: el desacato es contario a la libertad de expresión; está prohibido por el Derecho Internacional de los derechos humanos; y ese Derecho, por mandato constitucional, es de aplicación preferente a cualquier norma nacional. Más claro, agua.

Pero vamos, perdería el tiempo si pretendiera que fiscales y jueces hicieran algo con esta información. Finalmente, les conviene que el desacato siga vigente, así cuando litigantes, políticos o cualquier ciudadano critiquen su trabajo, ¡Sas! querella por desacato. Igual a los legisladores, salvo a los afanados y afectados Germán Antelo y Carmen Eva González, que con su pretensión de que sus colegas asambleístas aprueben una ley derogatoria del desacato me superan en ingenuidad.

Por descarte, me quedan las instituciones de derechos humanos, y aquí tenemos una gama. Están las ONG y redes nacionales, pero entre el cuculí  que tienen unas, la crisis identitaria de otras y la marcada afiliación al Gobierno de las restantes, ni hablar… Entonces, quedarían las ONG internacionales. Pues bien, una de las más importantes, Americas Watch, acaba de decir esta boca es mía, pero aquí nadie le paró bolilla. Y qué de los organismos internacionales que trabajan en Bolivia promoviendo la democracia y protegiendo los derechos humanos (Unión Europea, ONU, OEA, etc.) Pues bien, son otros que prefieren mirar para otro lado cada que se anotician de un nuevo caso, con la agravante de que fueron estas propias entidades las que desarrollaron los principios internacionales que proscriben el desacato. ¿Qué ironía no...?

Nos queda la Defensoría del Pueblo, que en realidad es la que más debería hacer para que se elimine el desacato ya que ésa es su misión, su mandato, su deber legal, y herramientas tiene varias. Por un lado, como lo hizo en decenas de ocasiones anteriores, puede presentar una iniciativa legislativa. Por otro lado, si no prosperara en su primer intento, podría presentar un recurso de inconstitucionalidad, pues el Defensor es una de las contadas autoridades a quien la Constitución le faculta hacerlo. ¡Pues entonces que lo haga! Es sólo cuestión de voluntad.
 
El autor es abogado

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