El piso de protección social

MARCELO TICONA

El 27 de octubre de 2011, Michelle Bachelet, a la cabeza de un grupo consultivo de alto nivel, entregó al Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, un revolucionario informe que sostiene que un piso de protección social podría estimular el crecimiento económico y aumentar la cohesión social. El trabajo se inició en 2010 a iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y contó con la colaboración de la Organización Mundial de la Salud, arribando al documento titulado “Piso de Protección Social para una globalización equitativa e inclusiva” (disponible en www.ilo.org).

El documento se basa en experiencias de países de todo el mundo en los que se comprobó que se puede reducir más rápidamente la pobreza y la exclusión social con un piso de protección social que garantice un ingreso mínimo a grupos vulnerables.

El inicio de esta estrategia –sugiere el documento– es ampliar horizontalmente el acceso a servicios sociales esenciales y la seguridad de los ingresos. La Renta Dignidad de Bolivia es parte de estas experiencias exitosas y los resultados de este programa de protección social universal corroboran que la reducción de pobreza se aceleró y contribuyó al crecimiento de la economía.

En el 2007, de cada 100 bolivianos, 60 vivían en pobreza moderada y 38 en condiciones de pobreza extrema. En el 2011, después de cuatro años de pago de la Renta Dignidad, 12 personas menos están en pobreza moderada y 14 dejaron la pobreza extrema. Por supuesto no se puede asociar la reducción de pobreza a únicamente el pago de un beneficio –con seguridad han contribuido otros programas de protección y redistribución de ingresos–, sin embargo, es innegable que el efecto de este programa fue mejorar la calidad de vida de los adultos mayores del país brindándoles la seguridad de un ingreso mensual y vitalicio.

En el ámbito del desarrollo y frente a una coyuntura de crisis económica y financiera, se ha comprobado también que las medidas de protección social: (1) actúan de estabilizadores anticíclicos, (2) mitigan los efectos negativos sobre el mercado de trabajo, (3) mantienen la cohesión social y (4) estimulan la demanda agregada. En el caso nuestro, este último efecto se observa en el aumento del gasto mensual de 900.000 bolivianos y bolivianas mayores de 60 años, 83 por ciento de ellos sin ningún ingreso pagado por la seguridad social. La transferencia al grupo de beneficiarios en el último año alcanzó a $us 256 millones y suma $us 1.642 millones en cuatro años de vigencia de la Renta Dignidad.

Respecto al financiamiento de los programas, el informe de Bachelet hace referencia a la experiencia de ocho países: Bolivia, Botswana, Brasil, Costa Rica, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Tailandia donde se han encontrado, sin recetas únicas, espacios fiscales necesarios para financiar la protección social. Los tres primeros países mencionados tienen en común un tributo a los recursos naturales que financia la protección social, reconociendo la propiedad colectiva y necesidad de contribución al bienestar social de su explotación.

El informe de protección social permite confirmar, con buenas prácticas internacionales, que la asignación de una base universal mínima de recursos a un grupo vulnerable, como los adultos mayores, acelera la reducción de la pobreza y estimula la demanda agregada contribuyendo a ese motor de desarrollo interno. Con limitaciones y responsabilidad fiscal, seguramente, pero también con compromiso social y una visión progresiva de desarrollo, Bolivia es un ejemplo internacional de éxito en políticas sociales y económicas.
 
El autor es Ingeniero Comercial

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