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Una ley por favor, aunque sea corta

Por Gonzalo Mendieta Romero - Periodista Invitado - 12/02/2012


Pero quién nos puede privar del deporte nacional legalista, que ya promete embarcarnos a La Haya, de la que vendrán litros de agua salada provistos por jurisconsultos sin par, reclutados en ésta y otras latitudes. Nunca nadie se había sentido tan en casa por la profesión elegida en su juventud

Era imposible que, fieles a la tradición, no termináramos discutiendo una ley para el Tipnis, y su puesta en duda por otra. Incluso algo hemos cambiado, cuando a nadie ofende que el país se rebaje a debatir una ley “corta”, en vez de un largo código, tratado o una constitución.

Antropólogos, sociólogos y matemáticos –como el Vice– no pudieron evitarlo, ni con el dominio de sus propias ciencias. Acabaron devotos del legado intelectual más antiguo de la Audiencia de Charcas, exponiendo sesudas reflexiones sobre si la consulta posterior puede ser previa y quién califica como indígena. El Gobierno piensa que la derrota que sufrió puede ser abrogada por ley. Es cuestión de quién tiene juristas más diestros.  

Después de la Revolución del 52, la jerigonza legal se nutría de varias maneras de impedir el latifundio permitiéndolo, como ciertamente ocurrió. Igualito ahora: se ensaya el viejo baile de leguleyos, con nuevos pasos. Me sumaría, pero me da una enorme flojera derramar, fuera de horario, el sudor del trabajo.

El Gobierno, resulta, es otro más hechizado por las maravillas de la imaginería legal, consignada en la Constitución y en las –más fugaces– leyes que la adornan. Llega a la inocencia de creer que con embellecidas frases en la Ley de Consulta, pasará de contrabando su falta de vocación de acuerdo.

Idolatrar a las leyes está en nuestros genes. Se basa en la esperanza racionalista de que las ideas se hacen realidad en normas, evocando el nombre o libro de algún héroe, con aval del poder público. Se supone que a la patria le basta un reluciente cuerpo de leyes para transformarse. Los súbditos sólo deben recitarlo y aplicarlo, primero sin pericia y luego con maestría, hasta que sea urgente otra reforma. Así es la vanidad neo-feudal de próceres e ideólogos.

¿Acaso no repetimos como zombis que entre las obras cumbre del Mariscal de Zepita estuvieron sus códigos, uno de los cuales tenía un artículo repetido y otro en blanco, por las distracciones de los traductores del francés? Y todos aspiramos a ser mariscales, no siempre de Zepita.

Mientras, por ejemplo, nadie repara en que a tres años de la nueva Constitución, una de sus reglas probó su ineficacia. Hasta los automóviles tienen un plazo de garantía mayor, observaría cualquier comerciante dudoso de meterse en temas de los sabios del silogismo.

Chuquisaqueños y tarijeños siguen al borde de la gresca, ávidos de platita para contratar más abogados que perfilen las urgentes normas que las asambleas legislativas departamentales ya pueden dictar (y es incomprensible que no lo estén haciendo, se quejó alguno). Y aquí voy yo, apático: el Artículo 368 de la Constitución da las regalías al departamento productor –Tarija-, dejando para la litigante Chuquisaca el consuelo de los “departamentos no productores de hidrocarburos”.

¿Dónde andarán los chuquisaqueños que desde su sillón constituyente votaron para que la regalía sea sólo de los departamentos productores? A ninguno se le ocurrió tachar ese principio. Nadie se molestó en deducir qué pasaría si un campo se encontrara en dos departamentos y fuera explotado en uno.

El Artículo 368 deja a una ley la fijación de los ingresos de los departamentos no productores pero no sirve –a propósito de las regalías– para dilucidar el primer conflicto con que tropieza. Constituciones y leyes se redactan a ese fin, les recuerdo, alejadas, en su imperturbable letra, de la pasión de hígados y corazones.

Más realista era fiarse de nuestro pragmático pactismo –acompañado de vehemente retórica– y ahorrarse una comisión en la Constituyente, previendo algún vago principio de equidad entre departamentos, a plasmarse luego de tediosas negociaciones en el insondable futuro.

Pero quién nos puede privar del deporte nacional legalista, que ya promete embarcarnos a La Haya, de la que vendrán litros de agua salada provistos por jurisconsultos sin par, reclutados en ésta y otras latitudes. Nunca nadie se había sentido tan en casa por la profesión elegida en su juventud.

El autor es abogado

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