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El caso de Jacob Ostreicher

Por Luis Christian Rivas Salazar - Columnista - 11/04/2012


Según la Associated Press, el ciudadano norteamericano Jacob Ostreicher y su socio suizo Andre Zolty, hace cuatro años, convencidos por una abogada colombiana de nombre Claudia Liliana Rodríguez, decidieron invertir en el negocio arrocero –en Santa Cruz– 25 millones de dólares en la compra de tierras para cultivar, sin percatarse de que dichas tierras estaban siendo vendidas por Ozzie y Maximiliano Dorado, acusados de narcotráfico, asesinato y lavado de dinero.

Ostreicher, convencido de que estaban siendo estafados, decidió llegar a Bolivia para poner en orden los negocios, pero trágica fue su llegada ya que fue involucrado y arrestado desde junio del 2011. La fiscal Jeanette Velarde argumentó que el empresario realizó varias inversiones con “capital de procedencia dudosa”, siendo que el imputado tiene un negocio de instalación de pisos en Brooklyn.

Más de 10 meses han pasado desde su arresto, 13 kilos de peso ha rebajado desde entonces y el Ministerio Público no ha presentado prueba que respalde que el inversionista de 53 años sea autor del lavado de dinero proveniente del narcotráfico, más bien han ignorado pruebas que demuestran que Zolty y Ostreicher no tienen antecedentes, ni cargo alguno ni en Estados Unidos ni en Suiza, tampoco se ha valorado más de mil documentos sobre registros bancarios presentados como descargo.

Esta escena kafkiana, muy común en Bolivia, se oscurece más aún, cuando el inversionista se pregunta: ¿Cuál es la suerte de casi 18.000 toneladas métricas de arroz decomisadas a nombre de Dircabi? “Y nadie sabe dónde están ni quien se quedó con el dinero, ni por cuánto fue vendido (el arroz)”. A la fecha el director regional encargado del decomiso se encuentra bajo investigación.

Este proceso, con el cambio de dos jueces y más de 15.000 hectáreas confiscadas, no parece encontrar luz al final del túnel de Palmasola, donde se encuentra encerrada una persona cuyo único delito fue confiar en la posibilidad de hacer negocios en Bolivia.

En su desesperación, Ostreicher ha descrito su situación: “Es como si me hubiese secuestrado gente amparada por la ley”, es la misma sensación que debe sentir Leopoldo Fernández y muchos presos del casi 80 por ciento de privados de libertad sin sentencia, algunos que ya cumplieron el periodo máximo de detención preventiva prevista por ley, cuyas causas se encuentran todavía en etapa preliminar anterior al juicio oral.

Es que el caso de Ostreicher es uno de los miles que se van empolvando en los estantes de los edificios de la corte, aunque tiene más notoriedad porque se trata de una persona extranjera y porque este asunto se está comentando a nivel internacional.

El sistema procesal penal pone en manos de los fiscales la persecución penal, son ellos quienes según su criterio y discrecionalidad subjetiva antes que objetiva, disponen quienes van o no a juicio. Por eso podemos ser testigos de encarcelamientos injustos o impunidad delictiva.

Debemos tomar en cuenta la imagen negativa que se proyecta, ya que al no brindar una pronta y eficaz solución de conflictos se comete injusticia, cuyas víctimas son quienes acuden ingenuos a los jueces.

Pero, llama la atención, que la fiscalía no actué con celeridad en delitos donde existen víctimas concretas como el caso de asesinatos y violaciones, a diferencia de los casos de naturaleza económica donde no existen víctimas concretas como el caso de contrabando, narcotráfico y lavado de dinero; es evidente que el peso y valor de una persona muerta no tiene la misma significación que poseen las hectáreas y toneladas de arroz que se tienen en juego.

El Estado mediante confiscaciones arbitrarias y la administración de in-justicia, es el único culpable del mensaje que se está gritando desde Bolivia: ¡inversionistas del mundo, piénsenlo mil veces antes de invertir en estas tierras!

El autor es abogado


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