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Lecciones del Código del Petróleo

Por Juan José Anaya Giorgis - Columnista - 26/04/2012


La Gulf Oil ingresó al país en 1956 alentada por el “Código del Petróleo” que el Gobierno popular del MNR aprobó en 1955; la nueva legislación ofrecía condiciones ventajosas a las compañías petroleras para asentarse en Bolivia y la Gulf no fue la única en responder la “llamada”, pero sí la más entusiasta y fuerte de todas las que llegaron en esa ocasión. Esto desentonaba con los discursos nacionalistas del Gobierno y con las características del proceso revolucionario y político del momento; sin embargo, el Gobierno, y en gran medida el cuerpo técnico de YPFB, asumieron que el potencial hidrocarburífero del país, como el propio suministro del mercado interno, no podrían desarrollarse satisfactoriamente sin la participación del capital extranjero, se buscaba a toda costa crecimiento económico (cueste lo cueste).

De la enmarañada estructura tributaria del código del petróleo destacan tres disposiciones. Transferir el 11 por ciento del valor de la producción en boca de pozo para el departamento productor, el 30 por ciento de la utilidad líquida como impuesto gubernamental y la concesión para las empresas de un beneficio extra y particularmente inusual en los países de tradición jurista latina: el “factor de agotamiento” mediante el cual se fijó un porcentaje de 0,27 de la producción bruta libre de toda imposición fiscal. El factor de agotamiento en su generalidad respondió a la dinámica de la industria petrolera regida por el marco jurista anglosajón que considera al subsuelo como sujeto de derecho de igual orden a la propiedad de la superficie, y particularmente, a la tradición fiscal norteamericana en cuya lógica se exime de gravámenes a cierta parte de la producción como reconocimiento al capital consumido durante las operaciones y fomento a la reinversión y desarrollo privado del negocio.

Empero las condiciones atractivas para el capital no finalizaban ahí, además del imperio de la ley, no se vislumbraban amenazas potenciales dirigidas contra las compañías petroleras en la coyuntura política nacional y las garantías de estabilidad interna ofrecidas por el Gobierno parecían bastante solventes. En ese contexto la Gulf se sintió como pez en el agua. Las intenciones de la compañía (una de las más grandes del mundo) apuntaron desde el principio hacia la exportación de petróleo como insumo para la industria petroquímica norteamericana y con ese fin realizó un despliegue logístico de medios sin precedentes en Bolivia y al cabo de pocos años alcanzó y superó la producción de YPFB como fruto de un esfuerzo propio (esto fue un golpe directo al orgullo de los técnicos de YPFB comprometidos con el nacionalismo ortodoxo).

La posterior nacionalización de la Gulf permitió a varios gobiernos disponer de abundantes flujos de petróleo y gas excedentarios. Sin embargo, los recursos no fueron bien aprovechados y al cabo de la declinación natural los campos expropiados, YPFB se halló sumergida en la situación de siempre: descapitalizada y carente de reservas suficientes para garantizar las necesidades energéticas internas. Tales acontecimientos históricos concentran una gran enseñanza para el tiempo presente: en este tema lo importante no consiste en quién ostenta la propiedad de ciertas concesiones (si el capital o la nación), sino en saber aprovechar al menos la porción (necesariamente decente) de excedentes que podemos obtener a cambio de ceder al capital transnacional un coto de recursos naturales no renovables ¿podrá hacerlo bien Evo con el campo Margarita? O será que la historia se repite…

El autor es economista

llamadecristal@hotmail.com


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