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Ley de Unidades Territoriales

Por Gonzalo Maceda Oros - Periodista Invitado - 27/04/2012


La Constitución Política del Estado vigente determina que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC), los que para crearse, modificarse y delimitarse, deben partir de la voluntad democrática de sus habitantes; además de cumplir los términos y condiciones que determina la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización.

En el Título II, Capítulo I (Bases de la organización territorial); (conflicto de límites), especifica que estos conflictos deben ser resueltos por la vía de conciliación, debiéndose acudir, en caso de no ser resueltos, al referéndum que se llevará a cabo con la participación de los habitantes de las zonas en conflicto.

Para la creación, modificación y delimitación de las Unidades Territoriales, se pasa por tres etapas: primera, un Proceso Administrativo; la segunda, deliberativa, se concretiza con el Referéndum auto determinativo que implica obligatoriedad y participación de los habitantes del territorio comprometido; la tercera, legislativa, a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se limita a emitir la respectiva Ley de la Unidad Territorial.

La Ley 2150 de Unidades Político Administrativas (UPA), promulgada el año 2000, no fue tratada en todo su contexto por varios factores y procedimientos rebuscados que la convirtieron en un proceso contencioso para resolver los problemas limítrofes en el territorio nacional; a lo que se suma el incumplimiento de plazos, afectándose la esencia del procedimiento administrativo; junto con la falta de  voluntad política de las partes para llegar a una conciliación.  Es así que la situación actual muestra que de 339 municipios, el 7 por ciento cuenta con límites definidos, habiéndose obtenido más creaciones de municipios que buenos resultados de delimitación.

Gran  parte de este Anteproyecto de Ley se basó en la Ley de UPA, siendo lo más rescatable la Conciliación de Partes y la participación de los agentes sociales directos en las propuestas de Creación y Delimitación. Esta experiencia enseña que los procedimientos deben ser más técnicos y ágiles, respetando los principios del procedimiento administrativo. Asimismo, es necesario que los requisitos sean más exigentes en la creación y modificación de Unidades Territoriales, para evitar la disgregación, estableciendo soberanía, autoridad en las Unidades Territoriales y la consolidación de su autonomía. Por tanto, se debería mejorar la Ley de UPA y no crear una ley cuya estructura es ambigua que no garantiza la seguridad jurisdiccional territorial, ni la cohesión e integración del territorio.

También se debería suprimir el concepto de agregación  y disgregación; así como considerar los procesos que están pendientes en su solución en las diferentes instancias, los cuales deberían continuar hasta ser resueltos, evitando retrasos que perjudiquen las delimitaciones respectivas de los municipios.

Aun sea aprobado este Anteproyecto de Ley de Unidades Territoriales, en el plazo inmediato, no se  solucionará ningún problema limítrofe ya que se debe esperar un lapso de 180 días hábiles para implementar esta norma legal y por lo mencionado anteriormente.

Además, se avecina la realización del Censo 2012, que traerá una serie de problemas limítrofes en todo el territorio nacional.

El autor es exjefe de Unidad del PMOT y Límites de la Prefectura de Cochabamba (1997-2002)


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