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El problema de la salud en Bolivia

Por José Antonio Rivera S. - Periodista Invitado - 10/05/2012


Para superar la crisis del sistema de salud pública y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud, el Gobierno nacional tendría que adoptar medidas de orden administrativo y legislativo; entre ellas, incrementar considerablemente el presupuesto del sector

Uno de los derechos fundamentales de las personas es el derecho a la salud, consagrado por el Art. 18 de la Constitución. Es un derecho que genera obligaciones positivas para el Estado, lo que significa que éste debe adoptar medidas de orden legislativo y administrativo para garantizar su ejercicio efectivo y goce pleno.

Entre esas obligaciones positivas se tiene aquella que impone el Art. 35 de la Constitución, por cuyo mandato “El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud”; también se tiene aquella que impone el Art. 36.I de la Constitución, por cuyo mandato “El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud”.

En cumplimiento de esas obligaciones impuestas por la Constitución, el Gobierno nacional debe promover políticas públicas para mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando: a) la seguridad alimentaria, b) el acceso a una fuente de trabajo digno y estable, c) un salario justo y equitativo, d) un medio ambiente libre de contaminaciones; entre otros. También debe adoptar medidas de orden administrativo incrementando el presupuesto del sector de salud para crear servicios públicos de salud con una infraestructura, equipamiento e insumos adecuados. Finalmente, debe adoptar medidas de orden legislativo para cambiar el sistema de acceso al seguro social de salud, ya que actualmente ese acceso está restringido a las personas que se encuentran en relación obrero patronal, que no superan el 30 por ciento de la población, excluyendo a las personas que trabajan por cuenta propia, que ascienden casi al 70 por ciento de la población.

Sin embargo, el Estado no cumple con las obligaciones que le impone la Constitución; por lo que, por omisión, viola de manera sistemática y permanente el derecho a la salud; pues la mayoría de los bolivianos y bolivianas, salvo los que cuentan con suficientes recursos económicos, no pueden ejercer efectivamente su derecho a la salud, ya que no pueden acceder gratuitamente a los servicios públicos de salud o, si acceden a dichos servicios, no reciben un servicio eficiente y oportuno, con calidad y calidez.

La causa para esa sistemática violación del derecho a la salud es que, desde mucho tiempo atrás, el sistema de salud pública se encuentra en una crisis estructural, caracterizada por una inadecuada asignación presupuestaria que se traduce en la insuficiente dotación de infraestructura, equipamiento e insumos, así como en la inadecuada asignación de personal médico y paramédico.

Pretendiendo superar la crisis mencionada y garantizar el derecho a la salud, el Gobierno nacional ha tomado la determinación de reponer a ocho las horas de trabajo para el personal del sector público de salud, ya que en la década de los ’70 el Gobierno había reducido a seis las horas de trabajo como una forma de compensación por no incrementar los sueldos y salarios en el sector de salud.

Lamentablemente, con la medida adoptada no se logrará superar la crisis estructural del sistema de salud pública, ni se logrará que todas las personas tengan acceso gratuito a los servicios públicos de salud y reciban un servicio efectivo con calidad y calidez; por lo tanto, no se garantizará el ejercicio efectivo del derecho a la salud. Lo que sí se ha logrado con la medida adoptada es vulnerar el derecho a una  justa remuneración y el derecho a los beneficios sociales de los trabajadores del sector público de salud.

Cabe recordar que, por mandato del Art. 46.I de la Constitución toda persona tiene derecho “al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna”. Con la medida adoptada por el Gobierno nacional se vulnera el derecho a la remuneración o salario justo de los trabajadores del sector de salud pública, ya que por las dos horas de trabajo incrementadas no se repone el salario, de manera que se espera que trabajen ocho horas con el salario de seis horas; de otro lado, a esos trabajadores se les aplica la Ley del Estatuto del Funcionario Público, por lo tanto, no gozan de los beneficios sociales, vale decir, del derecho a la reposición económica por el desgaste físico e intelectual sufrido por el trabajo realizado.

Para superar la crisis del sistema de salud pública y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud, el Gobierno nacional tendría que adoptar medidas de orden administrativo y legislativo; entre ellas, incrementar considerablemente el presupuesto del sector de salud; emitir la Ley del Seguro de Salud Universal; incrementar la infraestructura hospitalaria con el suficiente equipamiento e insumos. Es deseable que, paralelamente a la construcción de campos deportivos, se construyan en todos los municipios hospitales dotados de suficiente equipamiento e insumos adecuados, acorde con las necesidades de cobertura de salud.

El autor es catedrático de Derecho Constitucional

riverasa@gmail.com


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