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Ley Financial y tope salarial

Por Constantino Rojas Burgos - Periodista Invitado - 10/05/2012


Los médicos del país continúan en huelga exigiendo al Gobierno que, si persiste en aplicar el Reglamento del Decreto Supremo 1126  para que trabajen ocho horas cada día, se les incorpore a la Ley General del Trabajo como cualquier funcionario público con derecho a vacaciones, aguinaldo, finiquito e indemnización laboral.

El problema se torna complicado porque el Gobierno insiste en aplicar la norma –con oídos sordos–, a pesar de la predisposición de los médicos de someterse al Reglamento, siempre que se reconozcan sus derechos y obligaciones que están enmarcadas en la Constitución Política del Estado y la Ley General del Trabajo.

Un hecho invisibilizado por la huelga de los médicos tiene relación con la Ley Financial que impone un tope a los salarios. Nadie puede percibir salario superior al que gana el Presidente Constitucional. Este hecho ocasiona que los médicos en la Facultad renuncien a la cátedra universitaria para quedarse a trabajar en los centros de salud.

La renuncia de los médicos afecta la presencia de estudiantes del internado en los centros de salud, en el marco de la vigencia del derecho a la compatibilidad entre la actividad docente asistencial y la función profesional en los servicios públicos de salud, garantizando de ese modo, una formación académica complementaria.

Si bien el Reglamento del Decreto Supremo 1126 aprobado el 24 de enero de 2012 garantiza la docencia universitaria, la Ley Financial motiva a que los médicos con más de dos décadas de experiencia profesional y con diferentes grados de especialidad, abandonen la docencia y el Estado permita que busquen espacios de trabajo en las instituciones públicas.

Lo cierto es que no existe incompatibilidad entre la cátedra y la atención médica en los centros de salud, ambas se complementan, porque la teoría y la práctica se hace evidente en la medida en que los médicos ponen en práctica sus conocimientos al servicio del paciente, pero también al servicio del estudiante que recibe una formación académica completa e integral.

Tampoco existe incompatibilidad de horarios,  porque la cátedra no se superpone en los horarios de atención en los centros de salud, por tanto,  los médicos deberían tener la posibilidad de percibir salarios superiores a 15.000 bolivianos, trabajando en la docencia asistencial y en los hospitales, porque su profesión así lo exige.

Basta un botón de muestra, la de un médico que estudió en San Simón y que ahora trabaja en Brasil hace más de 10 años percibiendo un salario de 15.000 dólares americanos por mes. Un médico en el país no debería tener limitación en sus ingresos, por sus años de estudio y por la capacidad profesional en el área de enseñanza universitaria.

El Comité Ejecutivo del Honorable Consejo Universitario sobre el tema hizo conocer un pronunciamiento público solicitando que el Gobierno modifique la Ley Financial en lo que concierne al tope salarial impuesto para los docentes de la universidad pública y que declare sector estratégico como ocurre con Yacimientos Petrolíferos Fiscales  Bolivianos y que contribuya a regular la distorsión salarial ocasionada al interior de las universidades públicas del sistema.

La Ley Financial y el tope salarial no sólo afecta a los médicos, ocurrió también con la renuncia de jueces y fiscales en la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas, lo mismo con docentes de la Facultad de Ciencia y Tecnología, pero deja también en la incertidumbre a profesionales de las Facultades de Odontología,  Bioquímica, Farmacia, Fisioterapia, que deberán elegir entre quedarse en la institución pública donde trabajan o abandonar la docencia universitaria.

Se espera que el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, en respeto pleno a la autonomía universitaria y en la defensa del derecho a la salud y la educación pública y gratuita, modifique la Ley Financial para que las universidades públicas reconozcan el trabajo que desarrollan sus profesionales en beneficio de la formación académica universitaria.

El autor es periodista y docente universitario


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