Falla de procedimiento y falta de competencia

Es inequívoco que un alto representante de uno de los Gobiernos que se sumó a la decisión sobre la cuestión venezolana, empiece a dudar de la pertinencia política y, sobre todo, jurídica de ésta

Al término de su visita al Paraguay, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, explicó que la situación en este país no era grave pero sí “delicada”. Al propio tiempo, subrayó que encontró un país “tranquilo” y no advirtió signos de “convulsión”. Por el contrario, señaló que advertía un pueblo que daba la impresión de estar en otra cosa y lejos de los acontecimientos políticos que concentran la atención de los observadores extranjeros.

La actitud asumida por la OEA contrasta con la rapidez con la que se pronunciaron los órganos del Mercosur y de la Unasur frente a la destitución del expresidente Fernando Lugo como consecuencia del juicio político instaurado por el congreso paraguayo. Los órganos de estas dos organizaciones demoraron poco tiempo en resolver la suspensión del Paraguay como miembro de las mismas. No aplicaron sanciones económicas como, en principio, se dio a entender que podría ocurrir.

El Consejo de la OEA, en cambio, ha optado por una vía más prudente y ha abierto la posibilidad de la adopción de una decisión más meditada. Como primera medida, el Consejo resolvió enviar una misión a la capital paraguaya, presidida por el Secretario General de la Organización, con el cometido de obtener mayores informaciones sobre la situación en el país y, sobre todo, de escuchar los puntos de vista de las partes involucradas en el conflicto.

En los ambientes del Mercosur y de la Unasur se escucharon, muy pronto, condenas apresuradas y calificativos de “golpe de Estado” al acto de destitución del ex presidente Fernando Lugo y de reemplazo por el vicepresidente Federico Franco. También se anunciaron posibles sanciones económicas. No faltaron exhortaciones, como las del Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, llamando a la intervención de las Fuerzas Armadas paraguayas para evitar la acción del Congreso del país.

Sin embargo, es sintomático advertir que, con el transcurso de los días, los gestos se fueron moderando. Se dejó de hablar de “golpe de Estado” y las críticas se concentraron en el procedimiento aplicado en el juicio político y no en las facultades constitucionales del Congreso paraguayo para llevar adelante el mismo. Se habló entonces de vicios que afectaron el “debido proceso” y el derecho a la defensa del acusado. Voceros de algunos países del Mercosur y de la Unasur recordaron, tal vez, que la institución del “juicio político” fue incorporada en la última constitución paraguaya como una salvaguarda ante nuevas tentaciones autoritarias como las que sufrió el país a lo largo de más de 30 años con los sucesivos Gobiernos de Alfredo Stroessner.

Es probable, además, que los mismos voceros hubiesen reparado en la precisión de las normas sobre juicio político contenidas en la constitución paraguaya que no dejan dudas sobre las potestades del congreso en la materia.

En todo caso, existe una percepción generalizada sobre la desprolijidad del procedimiento aplicado en el juicio contra el ex presidente Fernando Lugo. No ha causado buena impresión la celeridad del procedimiento y las muy limitadas oportunidades para que el acusado pueda ejercer su derecho a la defensa. La explicación dada para justificar esta actitud, en sentido de que se trataba de evitar la incertidumbre política resultante de un procedimiento más largo, no es convincente. En realidad, la forma de proceder confirma las conjeturas de que la posible destitución del expresidente se veía venir y, por consiguiente, no fue una sorpresa para muchos bien enterados operadores y observadores políticos.

Desde otro punto de vista, es destacable otra desprolijidad, esta vez por parte de nada menos que tres jefes de Estado de países miembros del Mercosur, al tomar como pretexto la suspensión del Paraguay para formalizar el ingreso de Venezuela en calidad de miembro pleno del grupo. Está claro que los tres mandatarios excedieron sus poderes pues, por el momento, Paraguay continúa siendo miembro pleno del mercado común y de acuerdo con las normas del Tratado de Asunción la adhesión de cualquier país no signatario de este instrumento requiere la aceptación unánime de los signatarios originales.

Es posible que una más serena reflexión sobre estas reglas haya llevado al Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, Luis Almagro, a señalar que, sobre el ingreso de Venezuela al mercado común, no “está dicha la última palabra” y anunciar que tiene proyectado remitir el asunto a estudio de juristas de su despacho. Aparte de despertar una intensa polémica en su país y de dar lugar a desmentidos y aclaraciones, sobre todo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, estas declaraciones equivalen a poner el dedo en la llaga. Es inequívoco que un alto representante de uno de los Gobiernos que se sumó a la decisión sobre la cuestión venezolana, empiece a dudar de la pertinencia política y, sobre todo, jurídica de ésta.

Miembro del Observatorio Político de la Universidad Gabriel René Moreno

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