Un año después

El miércoles 20 de julio de 2011, en el atrio de la Universidad Católica Boliviana, 25 profesores constituyeron el Sindicato de Docentes de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Regional Cochabamba. Días después, el 3 de agosto de 2011, el Secretario de Conflictos de la Central Obrera Departamental (COD), Jaime Onofre, ante muchos más educadores “tomó juramento y posesionó” al primer Comité Ejecutivo de la naciente organización sindical en el salón principal del Centro de Documentación e Información Bolivia, en el edificio construido por Simón I. Patiño que ahora es propiedad de la UMSS. Desde aquellas jornadas, ha transcurrido ya un año y soportamos otro invierno.

No es oportuno ni pertinente utilizar este espacio para detallar las causas de la fundación de este sindicato. Que baste considerar que los trabajadores (obreros o intelectuales) se organizan para defender colectivamente sus derechos laborales. Está práctica está amparada por el Artículo 51 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Ergo, nadie puede oponerse al origen, al desarrollo ni a la consolidación a este tipo de entidad sin correr el riesgo de cometer, en términos generales, ilícitos.

Aquel grupo de valientes profesoras y profesores, a las y a los que hay que rendir un tributo (admiración, respeto y afecto), venciendo sus miedos y angustias logró constituir una organización cuya misión no es incompatible con la búsqueda permanente y continua de mejores condiciones de aprendizaje para los estudiantes. Todos expresan su convicción de que su desempeño en las aulas universitarias debe traducirse en la apropiación, de parte de los estudiantes, de competencias para resolver problemas profesionales específicos.

La formalización de esta organización sindical, es decir, la actuación de sus componentes estrictamente sujeta a los Estatutos y a los reglamentos que los rigen, puede generar una mayor y mejor institucionalización de su contraparte, reduciendo significativamente los niveles de discrecionalidad. Visto así el asunto, y considerando la manifiesta voluntad política de las administraciones universitarias de optimizar su labor, entonces no hay razón suficiente para considerar a los sindicatos de docentes universitarios como “amenazas”, si no como oportunidades de desarrollo institucional. El sindicato en cuestión, siempre que pueden lo afirman sus dirigentes, pretende fortalecer al organismo en cuyo seno nació y por cuyas virtudes (la tolerancia y el respeto a los derechos humanos) se mantiene vigente.

Cualquier institución del siglo XXI respeta y administra proactivamente sus contradicciones internas y trabaja por recrear cotidianamente un clima laboral óptimo. Las universidades privadas, como una señal de eficiencia, transparencia y respeto a las leyes, no solamente deben tolerar a organizaciones sindicales, deben alentar su organización. Proceder de manera contraria significaría que sus principios y objetivos constituyen solo declaraciones de buenas intenciones y que su fin principal es acumular utilidades con la educación superior.

Un año después, los afiliados al Sindicato de Docentes de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Regional Cochabamba, me animo a decirlo porque he observado de cerca este proceso en mi condición de dirigente, tienen más motivos para celebrar que para entristecerse. La obra, empero, aún no está concluida; al contrario, apenas ha comenzado y requiere del concurso decidido de la mayoría de los docentes, pues se trata de construir colectivamente una institución que, durante la labor diaria de defensa de los derechos laborales, aporte a la formación solida de profesionales altamente competentes, que el país exige.

El autor es periodista

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