Ed. Impresa PUNTOS DE VISTA
Integración docente
Por Francisco Sosa Grandón - Periodista Invitado - 25/08/2012
La mayoría de los docentes de universidades privadas enfrenta dificultades para integrarse, las más de las veces porque las instituciones en las que prestan servicios consideran que la construcción de comunidades educativas es costosa y no representa ninguna señal de excelencia académica. La forma en que están organizadas las universidades privadas impone obstáculos para la integración docente.
En Bolivia, los profesionales dedicados exclusivamente a la docencia, aquellos que disponen de condiciones materiales para integrarse a las comunidades, son pocos; generalmente, un profesor por carrera cumple el rol de “docente a tiempo completo”.
La mayoría de los expertos combina sus actividades laborales con la docencia; en estos casos, el magisterio sólo representa una actividad secundaria, por lo que su integración a las universidades constituye una utopía. También existe un grupo significativo de docentes que da clases algunas pocas horas en dos, tres, cuatro y hasta cinco universidades; ellos tampoco pueden integrarse. Las circunstancias en las que muchos profesionales desarrollan sus actividades docentes impiden que se involucren a proyectos institucionales.
Los tomadores de decisiones de las universidades privadas, aquellos que aprecien el valor de las comunidades educativas, tienen el desafío de pensar/construir otro tipo de universidades. Los profesores no pueden dedicarse a dar clases solamente; hay que crear condiciones para que investiguen y para que difundan los resultados de sus indagaciones. No es suficiente con contratar más “docentes a tiempo completo” con derecho a dictar hasta cinco asignaturas, para algunas de las cuales no tienen competencias, por lo que los estudiantes los rechazan. La idea consiste en organizar equipos de docentes-investigadores contratados a tiempo completo, que administren una o dos materias y que emprendan proyectos de investigación.
El respeto de los derechos laborales, sin embargo, es la primera condición. Ninguna entidad seria debería acreditar a universidades que no respetan los derechos laborales de sus docentes. ¿Cómo integrar a los docentes en proyectos académicos si son contratados a plazo fijo, sólo tienen 10 salarios cada año, no tienen bonos de antigüedad, no cobran aguinaldos completos ni primas? En estos casos, reclamar mayor integración de los docentes es de mal gusto. No es posible potenciar la academia con docentes que cobran menos que el salario mínimo nacional. Corresponde que elaboren reglamentos de régimen docente que garanticen, mediante la posibilidad de hacer carrera docente, la integración de los profesores.
Otra condición es la capacitación permanente no sólo para perfeccionar sus funciones docentes, sino para desarrollar sus competencias de investigación. Cualquier institución privada de alto nivel ofrece cursos de formación en servicio sin ningún costo para sus dependientes. Así, las universidades privadas que oferten cursos para sus docentes no pueden pretender que estos paguen por tales servicios, menos pueden argumentar: “A partir del próximo semestre todos los docentes que pretendan continuar en la cátedra en esta universidad deben hacer el curso de…, aunque tengan un diplomado o una maestría en educación superior”, porque la coacción es ilegal. Cada universidad debe financiar la actualización de sus docentes.
Es necesario crear condiciones suficientes y necesarias para facilitar la integración de los docentes a las comunidades educativas; la formación de los estudiantes lo demanda.
El autor es periodista
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