Justicia sin dilaciones

La Constitución Política  del Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones (léase el Art. 116. II.); empero, transcurridos nueve meses del “nuevo modelo” judicial, el tan anhelado cambio está peor que en los tiempos del absolutismo.

La acreditada frase de Platón: la justicia es para salvaguardar el bien común, es la que menos se aplica; por un lado, el actual régimen y el “nuevo modelo” de justicia lo que menos hace es amparar el bien común; y, por otro, lo de jueces independientes y gratuidad en la justicia es una verdad a medias, porque queda claro que el poder político, a través algunos fiscales, ejerce presión sobre jueces y vocales.

Lo peor de todo se da en el ámbito de la Fiscalía, que se ha convertido en acusador de todo sin investigar nada y ejemplos hay cientos o miles; entonces, algunos fiscales son operadores del sistema político actual antes que operadores para defender los intereses de la sociedad; y, así no se puede hablar de independencia del “nuevo modelo de justicia” que el Presidente del Estado Plurinacional ofreció exportar, pero no encuentra Estado que quiera experimentar el modelo boliviano.

El derecho al debido proceso es sólo eso, porque son algunos fiscales y también jueces, que le deben obediencia al poder político, los que vulneran a cada momento este derecho fundamental. Varios magistrados, consejeros, vocales, jueces y fiscales están sometidos al capricho de los operadores políticos del Movimiento Al Socialismo y de los dirigentes de los movimientos sociales para perseguir, defenestrar y encarcelar a los ciudadanos que no son adictos a la fantaseada revolución democrática y cultural impulsada por el Presidente del Estado.

En esas circunstancias, el “nuevo” Órgano Judicial es un activo instrumento no sólo para sojuzgar al rival, sino para alcanzar los planes de los inquilinos de la plaza Murillo (Presidente, ministros y asambleístas) con certeza irrefutable. La Constitución y los derechos adquiridos por los ciudadanos se los pasan por los pelendengues.

Los bolivianos se sienten temerosos con imputaciones y acusaciones que, a pesar de no tener fundamentos ni motivaciones jurídicas, son aceptados por algunos jueces que someten sus fallos al poder asfixiante del MAS. Este sometimiento de la justicia  –venalidad de por medio– no es cuestión del sistema capitalista, colonial o neoliberal, como quieren hacernos ver los gobernantes que aspiran a quedarse en el poder para “toda la vida”, sino que esa capitulación y deshonestidad judicial es producto de la perversa revolución actual.

Finalmente, parece quedar claro que este Gobierno no está interesado en mejorar el sistema de justicia porque, sencillamente, no le interesa; teme que jueces honestos e imparciales se metan en sus asuntos, muchos de ellos oscuros y putrefactos. Ahora, claro, el poder político le cobra factura a quienes les gusta ganar de sentados (jueces y fiscales), sin importar si violan la Constitución, la ley y los derechos de los ciudadanos; y la justicia boliviana ingresa peligrosamente al campo de la mediocridad igualando hacia abajo.

El autor es abogado y diplomado en docencia universitaria

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