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El Proyecto de Ley de Extinción de Dominio

Por José Antonio Rivera S. - 25/10/2012


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En la Asamblea Legislativa Plurinacional se encuentra en proceso de aprobación el “Proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado”.

Los principales fundamentos del Proyecto son: 1) que la estructura normativa nacional que garantiza el desmontaje del neoliberalismo resulta aún insuficiente; 2) es necesario contar con leyes que no busquen castigar únicamente al delincuente, sino más bien para que toda actividad relacionada a hechos ilícitos específicos tenga una consecuencia de tipo patrimonial sobre los bienes que hayan sido o sean producto de esas actividades; y 3) la capacidad sancionadora de Derecho Penal resulta insuficiente, considerando la alta complejidad de las estructuras de las sociedades criminales.

En la parte dispositiva, el Proyecto de Ley instituye la acción de extinción de dominio (pérdida del derecho propietario) a favor del Estado sobre bienes de procedencia ilícita por actividades de narcotráfico, contrabando, corrupción pública, y legitimación de ganancias ilícitas, sin contraprestación ni compensación para su propietario o poseedor. En un lenguaje jurídico apropiado, más que acción se trata de un procedimiento administrativo de confiscación de bienes de un particular a favor del Estado sobre la base de la mera sospecha de que tienen un origen ilícito.

Ese procedimiento administrativo, según prevé el Proyecto de Ley, no es una sanción penal principal ni accesoria, ni tiene su base en la culpabilidad de la persona propietaria de los bienes objeto de extinción, es un procedimiento autónomo, no jurisdiccional y de aplicación preferente e independiente de cualquier acción judicial que se haya iniciado o por iniciar o en la que tuviera origen, sin necesidad de sentencia contra el propietario o poseedor del bien. Ello significa que no es necesario que al propietario del bien lo sometan a proceso judicial y demuestren su culpabilidad por la comisión de un delito de narcotráfico, contrabando, corrupción o legitimación de ganancias ilícitas, o demostrar el origen ilícito de los bienes, es suficiente que el Sub Procurador de Defensa y Representación Legal del Estado sospeche que el bien tiene origen ilícito para que se proceda a la declaración de la extinción de dominio, sin contraprestación alguna; de manera que es un procedimiento de confiscación arbitraria e inconstitucional de bienes.

El Estado de Derecho, como es Bolivia por previsión del Art. 1º de la Constitución, tiene como uno de sus elementos esenciales la promoción, resguardo y protección de los derechos y libertades fundamentales; ese Estado de Derecho es desconocido por el Proyecto de Ley, ya que con la extinción de dominio se violan derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas, privándoles de sus bienes por la sola sospecha de que tienen origen ilícito.

De otro lado, las disposiciones del Proyecto de Ley son contrarias a la Constitución, así como a las normas de los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos, ya que violan derechos fundamentales de las personas en ellas consagrados.

Se viola el derecho que tiene toda persona de ser oída y juzgada por un juez natural independiente, competente e imparcial para recibir una consecuencia jurídica de sus actos; derecho consagrado por el Art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Art. 117.I de la Constitución. Lo que prevé el Proyecto de Ley es que a la sola sospecha de que los bienes de una persona tienen origen ilícito se decretará la pérdida de su derecho propietario o posesorio a favor del Estado sin contraprestación alguna.

También se viola el derecho a la presunción de inocencia que está consagrado por el Art. 116.I de la Constitución, y el Art. 8.2) de la CADH; ya que las normas previstas por el Proyecto de Ley presumen la culpabilidad de la persona no su inocencia; pues sin necesidad de demostrar en sentencia el origen ilícito de los bienes, se procederá a declarar la pérdida de su derecho propietario a favor del Estado.

El Proyecto de Ley viola el derecho a la propiedad privada consagrado por el Art. 56 de la Constitución, e infringe la norma prevista por el Art. 21 de la CADH, por cuyo mandato “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”; pues las normas del Proyecto, aclaran que no se trata de una sanción penal, pero prevén la declaratoria de pérdida del derecho propietario sobre el bien a favor del Estado sin pago alguno de indemnización, con el solo argumento de que se trataría de bienes de origen ilícito, sin que se demuestre previamente en un debido proceso ese origen ilícito, sino invirtiendo la carga de la prueba, por el que se otorga solamente cinco días de plazo para que el propietario demuestre el origen lícito.

En definitiva, se trata de un Proyecto de Ley que cuyas normas son contrarias a la Constitución y darán lugar a la violación de derechos fundamentales y garantías constitucionales; razones suficientes por las que no debiera ser aprobada y promulgada la Ley; pues debe recordarse que en la lucha contra el crimen el fin no justifica los medios.

El autor es catedrático de Derecho Constitucional

riverasa@gmail.com

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