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Tres golpes contra la guerra de las drogas
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Tres golpes contra la guerra de las drogas

Por Jorge Castañeda - 29/12/2012


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CIUDAD DE MÉXICO – En los dos últimos meses, ha habido cambios más transcendentales en el escenario de la política relativa a las drogas en Latinoamérica y en los Estados Unidos que en todos los decenios anteriores combinados. Se han producido tres cambios fundamentales, cada uno de los cuales sería importante por sí solo; juntos, pueden constituir un factor decisivo que por fin ponga fin a la fracasada guerra contra las drogas en este hemisferio.

En primerísimo lugar, la celebración de los referendos sobre la legalización de la marihuana en los estados de Colorado y Washington de los EEUU el pasado 6 de noviembre. Por primera vez, unos votantes en el país que es el mayor consumidor de drogas ilegales en general y de marihuana en particular aprobaron propuestas para legalizar la posesión, la producción y la distribución de cannabis… y con márgenes relativamente amplios.

Si bien una iniciativa similar fracasó en Oregón y la Propuesta 19 (que pedía una legalización limitada de cannabis) fue derrotada en California en 2010 (por siete puntos porcentuales), los resultados en Colorado y Washington enviaron un mensaje contundente al resto de los EEUU. Dichos resultados no sólo han creado un conflicto entre la legislación federal de los EEUU y la de los estados, sino que, además, indican un cambio en las actitudes semejantes a las relativas al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, igualmente importante fue la reacción del presidente Barack Obama ante las votaciones de Colorado y Washington, estados, los dos, en los que venció fácilmente como aspirante a la reelección. Los problemas legales y políticos que entrañan no son de menor importancia: la marihuana sigue siendo una sustancia ilícita conforme a la legislación federal de los EEUU y a los convenios internacionales que este país ha aprobado. Respecto de otras cuestiones —en particular, la inmigración—, Obama rechaza las reclamaciones de derechos de los estados e insiste en la autoridad federal. Además, se trata de un asunto que sigue siendo muy delicado: si bien las encuestas de opinión en 2012 indican por primera vez una pequeña mayoría a favor de la legalización, los oponentes siguen mostrándose vehementes al respecto.

No obstante, en una entrevista del 14 de diciembre, Obama hizo tres declaraciones innovadoras. En primer lugar, dijo que la imposición del cumplimiento de la legislación federal sobre la marihuana en Colorado y Washington no era una prioridad de su Gobierno; tenía “cosas más importantes que hacer”. En segundo lugar, reiteró su oposición a la legalización, pero después añadió: “en este momento”.

Por primera vez, un presidente de los EEUU en el ejercicio de sus funciones daba a entender un posible —tal vez probable, incluso— cambio en la política futura. Por último, Obama propugnó la celebración de una “conversación nacional” sobre la cuestión de la legislación de los estados frente a la federal sobre cuestiones semejantes. No se puede sobreestimar la importancia de esas declaraciones.

El tercer cambio en los últimos meses se dio en uno de los mayores países proveedores de drogas del mundo: México, por el que deben pasar prácticamente todas las drogas con destino a los EEUU: cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas. El 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto sucedió a Felipe Calderón en la presidencia. Como ocurre en casi todas partes, la transición pasó a ser un momento en el que se examinan detenidamente las políticas del gobierno saliente, aun cuando el nuevo gobierno no se proponga modificar dichas políticas a corto plazo. Afortunadamente para México, la historia parece estar juzgando severamente la “guerra contra las drogas” de Calderón.

De hecho, The Washington Post informó el pasado mes de noviembre de que documentos internos del Gobierno, que su corresponsal en Ciudad de México había podido consultar, mostraban que más de 25.000 personas desaparecieron durante el mandato de seis años de Calderón, además de las 60.000 muertes, aproximadamente, debidas directamente a la guerra contra las drogas. El grupo de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch escribió una carta abierta al nuevo Presidente en la que le preguntaba si se proponía hacer algo en relación con los millares de mexicanos desaparecidos. Después, en una serie de filtraciones y declaraciones explícitas, el nuevo Gobierno señaló los elevados costos legales, burocráticos y financieros de las políticas anteriores y declaró que, pese a un gasto enormemente mayor en imposición del cumplimiento de la ley y seguridad, se habían cometido muchos más delitos de todo tipo.

En una palabra, el emblema más reciente del criterio tradicional internacionalmente aplicado de imposición del cumplimiento de la legislación sobre drogas, basado en políticas prohibicionistas y punitivas, está resultando ser un fracaso catastrófico, que está costando muy caro a México sin por ello dar resultados para el país, el resto de Latinoamérica o los EEUU. En consecuencia, los principales defensores de dicho criterio (Calderón, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, los presidentes actual y anterior del Brasil y las fuerzas conservadoras y de seguridad de los EEUU) están perdiendo apoyo público. Los partidarios de una estrategia diferente (los presidentes Juan Manuel Santos y Otto Pérez Molina de Colombia y Guatemala, respectivamente, entre otros), partiendo de premisas de salud pública y legalización, están ganando terreno.

Parece estar preparándose un cambio en materia de política relativa a las drogas. No ocurrirá de la noche a la mañana ni en todas partes ni en relación con todas las drogas, pero, después de decenios de derramamiento de sangre, represión y criminalización, las cosas han empezado a moverse en la dirección adecuada. Es una lástima que se haya tardado tanto.

El autor es exministro de Asuntos Exteriores de México

© Project Syndicate y LOS TIEMPOS 1995–2012

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