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¿Encarcelar a los gigantes financieros?

Por Luigi Zingales - 4/02/2013


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Si el objetivo es atacar una cultura de engaño generalizada en toda la rama, ¿no debería entonces el sistema de justicia penal movilizarse también contra el fraude hipotecario cometido por los bancos?

CHICAGO – Casi todos los días se cierra un acuerdo entre un banco y una agencia gubernamental o un organismo de regulación estadounidense. El más reciente se dio entre el Bank of América (BoA) y la compañía hipotecaria respaldada por el Gobierno, Fannie Mae: 3,55 mil millones de dólares en efectivo; 6,75 mil millones de dólares en recompra de hipotecas basura que posteriormente Countrywide, adquirida por BoA, vendió a Fannie; y 1,3 mil millones de dólares adicionales en efectivo para resolver los problemas de cobro de Fannie con BoA.

Y con todo, como pasa casi siempre en los acuerdos, BoA no admitió ninguna culpa. ¿Tuvo BoA  mala suerte o fue torpe? ¿O acaso esta y otras instituciones financieras actuaron con la intención de defraudar a los inversionistas?

Como consecuencia del acuerdo, nunca sabremos la verdad (al menos la versión comprobada más allá de una duda razonable en audiencia pública). Con cada acuerdo se suspenden las investigaciones y toda información recabada se clasifica.

Por suerte, investigaciones académicas pueden aclarar algo de este importante asunto. En un artículo reciente, los economistas Tomasz Piskorski, Amit Seru y James Witkin comparan las características de las hipotecas titularizadas, tal y como se divulgaron a los inversionistas en el momento de las ventas, con las características de dichos créditos según se registraron en las bases de datos propias de los bancos. Las bases incluyen las hipotecas no concedidas por agencias, que no son iguales que las que están abarcadas por el acuerdo, y los datos provienen de una serie de bancos, por lo que no se sabe qué bancos están presentes. No obstante, los datos son lo suficientemente similares como para permitir que se sepa mucho sobre lo que pasó.

Si el número masivo de impagos de hipotecas titularizadas hubiera sido solamente el resultado de la mala suerte, cabría esperar que las características que figuraban en los informes que se presentaron a los inversionistas no difirieran de las que registraron los bancos en sus bases de datos. Esto se cumple particularmente en el caso de las características que son relevantes al riesgo de impago como por ejemplo si el prestatario era propietario o inversionista, o si había un segundo gravamen sobre la propiedad. De hecho, los autores descubrieron que en más del 6 por ciento de los créditos hipotecarios se manipuló la información sobre la ocupación del inmueble por el prestatario, mientras que en el 7 por ciento no se declaran segundos gravámenes.

Por supuesto, toda base de datos tiene errores. ¿Son estos errores tan graves como para inquietarse? ¿Y cómo podemos saber que los bancos manipularon esta información o si simplemente sus informes contienen errores?

En este contexto, los autores presentan evidencia interesante. Por ejemplo, muestran que la manipulación de la información está correlacionada con impagos crecientes que ocurrieron más tarde: los retrasos en los pagos de los créditos en los que la información es errónea son 60 por ciento más frecuentes que en los créditos que son similares en todo lo demás. Por ende, los errores no parecen ser aleatorios, sino intencionales.

También es interesante lo que los autores no encuentran. El grado de manipulación parece no estar relacionado con los incentivos concedidos a los altos ejecutivos y con la calidad de las prácticas de gestión del riesgo en esas empresas. De hecho, todos los intermediarios respetables que figuran en su muestra presentan un grado de manipulación significativo. Por lo tanto, el problema no parece limitarse a unos cuantos casos, sino que es sistemático.

Por ello, es difícil lograr una solución. Después de todo, si los líderes de las finanzas están engañando a los inversionistas, lo que se debe cambiar es la cultura de toda la rama.

Por desgracia, es poco probable que estas grandes cantidades hagan una diferencia. Las pagan los accionistas y los contribuyentes (gran parte de esas contribuciones son deducibles de impuestos), acuerdos con lo que los responsables en última instancia no sólo quedan libres, sino que se enriquecen.

Por ejemplo, Angelo Mozilo recibió casi 470 millones de dólares cuando fue director general de Countrywide Financial. Que yo sepa no contribuyó en nada al acuerdo de 11.600 millones de dólares con el BoA. Sí llegó a un arreglo con la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés), pero por una acusación distinta (realizar operaciones con información privilegiada). Y sólo pagó 47,5 millones de dólares de los 67,5 millones de dólares acordados, debido a un acuerdo de indemnización por 20 millones de dólares que era parte de su contrato.

¿Por qué se ha permitido que Mozilo y otras personas paguen una bicoca relativa y que no se enfrenten a una acusación penal? Algunas condenas penales notorias han servido de ejemplo en la lucha contra las operaciones con información privilegiada. Si el objetivo es atacar una cultura de engaño generalizada en toda la rama, ¿no debería entonces el sistema de justicia penal movilizarse también contra el fraude hipotecario cometido por los bancos?

El autor es profesor de Iniciativa Empresarial y Finanzas de la Escuela Booth de Negocios de la Universidad de Chicago y autor de “A Capitalism for the People: Recapturing the Lost Genius of American Prosperity”

© Project Syndicate y LOS TIEMPOS 1995–2013

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