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Las niñas en nuestra ley

Por Ramón Rocha Monroy - 5/03/2013


Observadores de Unicef me han enviado una ayuda memoria sobre las complementaciones necesarias para la protección de las niñas y las adolescentes en nuestra legislación, particularmente en el proyecto de ley de violencia contra la mujer, que se aprobará en breve. Como Amigo de la Infancia, designado por Unicef, me adhiero a su felicitación al Gobierno por su interés en aprobar un marco legal que proteja a las mujeres, que en los últimos meses han sufrido violencia, pero al parecer dicha ley está ignorando a las niñas y no es explícita sobre este sector de población ni lo menciona en su texto.

Se trata de un proyecto integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, pero su enfoque es adulto centrista porque no define claramente las etapas de la vida de la mujer y no contiene artículos específicos sobre las niñas y las adolescentes.

Nuestra legislación considera que la atención de casos de violencia tiene un tratamiento diferente cuando se trata de niñas o adolescentes, pero no ha sido incluido en el proyecto de ley que comentamos. Sin embargo, las niñas y las adolescentes son el sector más vulnerable y no pueden ser incluidas en el proyecto como si fueran adultas. Hay una especificidad en el delito y en las penas que el nuevo proyecto debe considerar para establecer un sistema de protección que nombre específicamente a este sector.

El 10 por ciento de niños y niñas en Bolivia sufren violencia sexual que los destruye tempranamente; y en ella están involucrados no sólo los agresores o agresoras, sino los encubridores o encubridoras. El Decreto Supremo Nº 1320, de 8 de agosto de 2012 cita el Parágrafo II del Artículo 15 de la Constitución Política del Estado, que reconoce el derecho de todas las personas, en particular las mujeres, a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad; y el Parágrafo III del citado Artículo, que obliga al Estado a adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.

En la actualidad, la suerte del sector se rige por el Código Niño, Niña y Adolescente, que protege el ejercicio de sus derechos pero no contempla sanciones penales, un motivo más para aprovechar la discusión sobre el proyecto actual, que sí podría incluir sanciones.

En efecto, la Ley Nº 2026, de 27 de octubre de 1999, Código Niño Niña y Adolescente, señala que es deber de todos y todas velar por la dignidad del niño, niña o adolescente, ampararlos y ponerlos a salvo de cualquier tratamiento inhumano, violento, deshumanizante, vejatorio o represivo, así como denunciar ante la autoridad competente los casos de sospecha o confirmación de maltrato; pero no especifica ninguna pena en caso de contravención.

Entiendo que la actitud de los ejecutivos de Unicef no es confrontar a nuestros legisladores, sino visibilizar a uno de los sectores que sufre de un fenómeno dramático de ocultamiento e invisibilización. Se dice que las mayores agresiones físicas y sexuales las sufren los niños y niñas en el seno de sus hogares y con el encubrimiento de quienes deberían denunciarlas. Un argumento más para especificar el tema en el proyecto de ley que comentamos y aplicar sanciones a los infractores y encubridores.

El autor es cronista de la ciudad


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