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Todo por Juan

Por Cayo Salinas - 24/03/2013


La forma cómo se manoseó el nombre del Presidente de la República en el conflicto originado por el cambio de nombre al aeropuerto Juan Mendoza de Oruro, no tiene referente. Fue así, debido a que la controversia fue originada precisamente por correligionarios y miembros de la Asamblea Departamental orureña quienes, sin medir las consecuencias de sus actos y con soberbia indisimulada, no tuvieron reparo alguno en modificar algo que la historia exige no se toque. Por tanto, el garrafal yerro del gobernador y asambleístas orureños no sólo se circunscribió al hecho de haber promulgado la Ley Departamental No. 45 sin el consenso y la consulta previa con la sociedad civil, sino que la forma cómo encararon el problema y  condujeron el conflicto determinó luego y como saldo final, el desgaste de la figura presidencial en una región que se la consideraba totalmente leal.

Evidentemente fue un error insistir con el cambio de nombre del aeropuerto y mayor tropiezo el que no haya habido una lectura cabal de hasta dónde podían llegar las instituciones cívicas y gremiales orureñas que luego del acuerdo arribado, salieron totalmente fortalecidas y airosas. Nunca debió el Gobierno permitir que el conflicto llegue a los extremos que alcanzó, y dejar que en la opinión pública nacional se haya cuestionado el por qué Evo Morales no salió el primer día de conflicto solicitando se retire su nombre como correspondía. El discurso insostenible de que el tema era un asunto interno de Oruro pretendía, o aislarse del problema creyendo que el desgaste iba a lograr que el mismo sea solucionado dejando las cosas como los masistas querían, o buscaba mantener el nombre del Presidente porque ése era el propósito. En todo caso, existe una corriente mayoritaria en el país que cree –me incluyo– que el nombre del aeropuerto no es un tema de un simple “letrerito” y que el mismo debe respetar la historia que en Bolivia se la ha construido desde que fuimos República, y no sólo desde el mentado Estado Plurinacional. De ahí que al acuerdo arribado pudo haberse llegado desde un inicio y sin el malogrado resultado para el oficialismo. En todo caso, lo que vaya a decir el TC es irrelevante si consideramos que el conflicto no pasó por las desavenencias respecto a quién detenta la competencia para cambiar la nominación del aeropuerto, sino porque se deje sin efecto la norma que así lo dispuso. Por ello, lo importante para Oruro ha sido que su aeropuerto continúe llevando el nombre de quien para sus habitantes fue un icono en la aviación nacional, aspecto que con probabilidad será confirmado en el referéndum si acaso el oficialismo se anima a llevarlo adelante. No debemos perder de vista que de acuerdo a la norma civil, el derecho al honor implica que toda persona merece que sea respetado su buen nombre, que es precisamente el bien jurídico a proteger que los masistas orureños originaron sea afectado respecto al Presidente.

Termino aquí: Oruro derrotó a los aduladores, a esa nueva categoría política surgida este último tiempo a la luz de la lisonjería de quienes creen que la forma de ganarse espacios es siendo llunku. Esa categoría está integrada  por aquellos que no escatiman esfuerzo en rendir culto al poder político y por aquellos que creen que no existe conciencia ciudadana al punto que puede ser manoseada al amparo de un coyuntural ejercicio de dicho poder. Esta categoría no mide consecuencias y acude, sin rubor, a una de las actitudes más denigrantes para todo ser humano: el llunkerio. 

El autor es abogado


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