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El largo brazo de la justicia internacional

Por Bjorn Arp - 25/03/2013


El presidente Morales está preocupado por las consecuencias que sus actos de abuso de poder y de violación a los derechos humanos puedan tener en los tribunales internacionales. Y no le falta razón, la historia nos demuestra que Gobiernos, fiscales y jueces que no respetan la independencia de los otros poderes del Estado, violan las leyes y convenios internacionales, en algún momento han tenido que responder ante la justicia de sus países o a falta de ésta, ante los tribunales internacionales.

Así sucedió con Cambodia, Panamá,  Perú, Bosnia,  Liberia y tantos otros países.

Ésa es una de las razones por las que el presidente Morales anunció recientemente que quiere retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pero como el Presidente se acostumbró a hablar de temas que desconoce, es necesario aclararle que  no es posible salirse de la CIDH, salvo que su intención sea denunciar la Carta de la Organización  de los  Estados Americanos, cuyo  capítulo XV crea la CIDH, y abandonar la OEA. Si lo que quiere es evitar la jurisdicción de la Corte Interamericana, entonces Bolivia, como lo ha hecho su compañero de ruta, el conductor de la revolución bolivariana Maduro, en Venezuela, tendría que denunciar la Convención Americana sobre Derechos del Hombre. En todo caso, cualquiera fuese su decisión, el presidente Morales debería ser más preciso y serio al hablar de estos temas tan importantes para los bolivianos.

Además, el presidente Morales o sus asesores deberían saber que aunque denuncie el acuerdo constitutivo de la OEA, la CIDH y la Corte tendrán plena competencia para considerar casos previos a la denuncia, y si es el caso, establecer las responsabilidades del Gobierno, de fiscales y jueces involucrados en violaciones a los derechos humanos.

Hoy existen numerosas peticiones contra el Gobierno boliviano y hay en la comunidad internacional de derechos humanos una clara conciencia de la preocupante acción  de un Gobierno que ha desmantelado el aparato judicial para controlarlo, no sólo para apresar a los opositores políticos, sino también para llevar adelante rentables actos de corrupción, extorsión y chantaje.

Numerosas denuncias de detenciones arbitrarias sin juicio, crímenes extrajudiciales, extorsión, violaciones a la libertad de expresión y violaciones constitucionales y otros casos como el del Tipnis o las amenazas y procesos ilegales contra Julieta Montaño y otros prestigiosos defensores de los derechos humanos en Bolivia, han sido presentados a la CIDH y a distintos órganos de las Naciones Unidas.

Finalmente, está el tema que seguramente más preocupa al Gobierno, el de la posible reelección inconstitucional de Morales y García, que constituiría una grave violación al estado de derecho en el país, a la Carta Democrática Interamericana y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como lo ha demostrado la demanda interpuesta ante la CIDH contra el presidente Ortega de Nicaragua.

A la luz de estos hechos, sería más prudente para las autoridades bolivianas reflexionar y empezar a respetar las reglas de juego de la democracia que intentar escabullirse del largo brazo de la justicia internacional que, tarde o temprano, les sentará en el banquillo de los acusados.

El autor es profesor en la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, profesor invitado en  American University de Washington DC y socio de la firma legal Aparicio, Arp, Schamis y Asociados en Washington DC.


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